Una lista con 54 nombres de funcionarios y dirigentes brasileños involucrados en el escándalo de corrupción que salpica a la empresa petrolera estatal Petrobras, ahora en manos de la Corte Suprema, conmocionó los ámbitos políticos de Brasil, que intentan develar quiénes están dentro y quiénes fuera de esa nómina, que anoche aún se mantenía bajo secreto judicial. El procurador general, Rodrigo Janot, entregó al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) una lista que incluye los nombres de 54 políticos, para los cuales pidió la apertura de una investigación. La “lista negra” de Janot no se hizo pública pero sí trascendió que contiene 28 denuncias contra 54 políticos, por las cuales la Fiscalía pidió la autorización procedente.
La nómina de los implicados, de los cuales se sospecha que muchos tienen fueros constitucionales, fue entregada la noche del martes al STF por Janot, pero bajo un estricto secreto judicial que sólo puede ser interrumpido por una decisión de la máxima corte. Antes de la presentación que mantenía en vilo a Brasilia, Janot fue abordado por una veintena de manifestantes a la salida de su despacho, que lo felicitó por su trabajo. “Vamos a investigar, pero es un proceso largo, que apenas comienza; la investigación comienza e iremos hasta el final”, les prometió Janot a sus seguidores.
El caso está en manos del juez Teori Zavascki, uno de los 10 miembros del STF, que actuará como instructor y que no se propone divulgar los nombres hasta tanto no decida si acepta las denuncias de la Fiscalía. El procurador, por su parte, pretende que la lista sea dada a conocer íntegramente para poner fin a las especulaciones de la prensa, que estaban despertando inquietud en los pasillos del poder porque podría causar un terremoto político de consecuencias imprevisibles.
Desmentidos. En la nómina de involucrados figurarían los actuales presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Brasil, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, así como el ex mandatario y actual senador Fernando Collor de Mello. Cunha y Calheiros —que pertenecen al mayoritario Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), centrista y principal aliado parlamentario del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff— negaron que estén en la lista, tal como había hecho días atrás Collor de Mello. “No tengo nada que ver y nadie me ha informado que estoy en la lista”, dijo Calheiros a periodistas. “Son solo mentiras”, sostuvo Cunha. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Jaques Wagner, dijo que el país debe “mantener la calma” frente a la eventual divulgación de la lista. “No sé cuál será la dimensión” de la denuncia, declaró Wagner, quien sin embargo admitió que la revelación de quiénes son los políticos implicados en el caso puede generar “turbulencias”.
Millonarios desvíos de fondos. Hasta ahora, la policía detuvo a ex directivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban de negocios ilegales con la estatal, de la que se supone que se desviaron fondos multimillonarios para financiar campañas electorales y sobornar a legisladores, entre otros casos. Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de una futura reducción de penas, bajo la figura de “delación premiada”, y denunciaron que los sobornos eran favorecidos por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa serían en su mayoría de la base que apoya a Rousseff.
Según estableció la policía, los empresarios obtenían contratos gestionados por Petrobras inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la compañía y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban esos negocios.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en se produjeron los casos de corrupción, ha reiterado que la Justicia llegará a los culpables y que “pagarán por eso”.
Además de enfrentar las denuncias que salpican a la empresa, a solo dos meses del inicio de su segundo mandato, Rousseff también está luchando con dificultades dentro de la coalición gobernante y en la economía del país. Según las versiones, en la lista habría decenas de nombres de exponentes del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y de su predecesor, Luiz Inácio Lula Da Silva. Para la oposición, el PT habría utilizado los fondos negros de la empresa petrolera incluso para financiar la campaña electoral de Rousseff en las presidenciales de 2010. El líder de la oposición socialdemócrata, Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales de octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad.
En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político de la presidenta. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de movimientos sociales.
