El Mundo

Descartan juicio político contra Dilma en Brasil

El líder de la Cámara de Diputados sostiene que no hay fundamentos jurídicos para promover la destitución de la jefa de Estado.

Miércoles 15 de Abril de 2015

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, descartó ayer que el Congreso vaya a iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que podría derivar en su destitución. "Para formalizar algo tiene que haber fundamentos jurídicos. El «impeachment» no es un proceso político", dijo Cunha, quien como titular de la Cámara baja ocupa el tercer cargo más importante del país, detrás de la presidenta y su vice, Michel Temer.

Las declaraciones del líder del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ocurren un día después de que el diputado socialdemócrata Bruno Araújo defendiera que su partido se embarque en la promoción del juicio político contra Rousseff. "Llegamos al límite de una insatisfacción clara y significativa que debe ser construida de forma legítima y dentro de las reglas constitucionales en la forma de un pedido de destitución de la presidenta", dijo Araújo, líder en la Cámara baja por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del gobierno.

Araújo dijo que su bancada le transmitirá al presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, que fue derrotado por Rousseff en la segunda vuelta electoral de octubre pasado, "que llegó el momento de que el partido avance para formalizar un pedido de destitución de la presidenta por todos los hechos que Brasil conoce". El legislador se refirió a los presuntos nexos de Rousseff con el escándalo de desvíos de fondos en la petrolera Petrobras, que se basan en la sospecha de que sus campañas electorales recibieran recursos desviados, y en el hecho de que Dilma presidió el consejo de administración de la empresa durante un periodo que coincide, en parte, con los años en que operó la red ilegal, entre 2004 y 2010. Pese a esas sospechas, la presidenta no fue incluida en la lista de 36 políticos —en su mayoría oficialistas— que son investigados por su presunta participación en los desmanes y tampoco hay indicios de que fuera cómplice de alguna manera de los mismos. Un sondeo del instituto privado Datafolha reveló que el 63 por ciento de los ciudadanos apoya un juicio político contra Rousseff. Paralelamente, el domingo se realizó en todo el país la segunda jornada de protesta contra la presidenta, en la cual participaron, según la policía, cerca de 1,7 millón de personas.

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