Las decisiones judiciales conocidas en los últimos días en España, relativas a dos importantes escándalos de fraude y corrupción, y las denuncias de presiones políticas sobre los fiscales anticorrupción provocaron un terremoto en el país. En solo una semana fueron condenados el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex ministro español Rodrigo Rato por dos casos que en su momento suscitaron el enfado de la ciudadanía en un país golpeado por una dura crisis económica y financiera.
Ahora, ambas sentencias llegaron envueltas en polémica y rodeadas del "ruido" provocado por las denuncias de fiscales que aseguraron haber recibido presiones políticas durante las investigaciones por corrupción.
Fue el ex fiscal de Murcia Manuel López Bernal quien abrió el jueves la caja de Pandora en una entrevista radiofónica tras ser destituido en medio de una investigación sobre la corrupción política presuntamente vinculada al jefe del gobierno de esa región española. "Es muy duro lo que hemos sufrido los fiscales españoles que nos hemos metido a fondo en la lucha contra la corrupción", denunció tras asegurar haber sufrido en persona "presiones" e "intimidaciones".
Horas después, desde la Unión Progresista de Fiscales confirmaban que no era el único acosado. "Creo que si saben de alguna conducta delictiva o algún tipo de presión, lo que tienen que hacer es denunciarlo", contestó ayer el vocero del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. Desde varios colectivos y medios de comunicación pidieron explicaciones por la destitución del fiscal de Murcia. "El mensaje que se manda desde el Ministerio de Justicia es que el fiscal que investiga la corrupción debe ser cesado", criticó en conversación el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González.
La controvertida destitución por parte del fiscal general del Estado y las denuncias sobre supuestas presiones políticas irrumpieron en una semana marcada precisamente por dos importantes sentencias relacionadas con escándalos de corrupción en España.
¿Privilegio?
La del "caso Nóos", que hundió la imagen de la monarquía española, absolvió a la infanta Cristina, hermana de Felipe VI, y condenó a seis años y tres meses de prisión a su esposo, Iñaki Urdangarin. Sin embargo, la decisión judicial que más impacto tuvo en la sociedad española relacionada con este caso fue la que dejó en libertad provisional al cuñado del rey, quien podrá seguir viviendo en Suiza, a donde se mudó con su familia en 2013, hasta que la sentencia sea firme. Solo tendrá que comparecer mensualmente allí en un juzgado. "No creo que las magistradas hayan adoptado esta decisión en relación a la situación de privilegio del señor Iñaki Urdangarin", dijo el fiscal del caso, Pedro Horrach, tratando de aplacar las críticas surgidas.
En su editorial de ayer, titulado "Ruido judicial", el diario español El País la calificó de "anómala" al considerar que Suiza "no forma parte de la Unión Europea" y que Urdangarin vive en ese país "no por especial arraigo" sino por una decisión "vinculada con los procesos abiertos contra él y su deseo de salir del foco público". En las páginas del rotativo, uno de los más leídos en España, el catedrático de Derecho Penal José Luis González Cussac advertía también de que se trata de algo "inusual".
Por otra parte, el diario también español El Mundo tildaba la decisión del tribunal de "ajustada" pese al "revuelo social" levantado. "Privar de libertad a un individuo sin sentencia firme es un hecho trascendente que tiene que tener unas causas justificadas", argumentaba. "No estamos hablando de la prisión definitiva, estamos hablando de una medida cautelar. El señor Urdangarin ha comparecido a todas las llamadas que se le han hecho y la prisión provisional solo tiene por finalidad asegurar el control", argumentó Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia.
Minutos después de conocerse el jueves el auto del tribunal de Baleares, otra importante sentencia irrumpía en los diarios: la que condenaba a Rodrigo Rato y a otras 64 personas, todas ellas ex responsables de la entidad Caja Madrid y de su sucesora, Bankia, por el uso entre 2003 y 2012 de tarjetas de crédito opacas a Hacienda.
Rato, quien estuvo al frente de estas entidades tras ser ministro estrella del gobierno de José María Aznar (1996-2004) y pasar después por el Fondo Monetario Internacional (FMI), recibió una de las penas más altas, de cuatro años y medio de prisión, junto con su predecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa.
Sorpresa
El resto de acusados fueron condenados a entre tres meses y cuatro años de prisión. "No podemos evitar una legítima sorpresa ante la carga de indiscriminada ejemplaridad que se observa en la sentencia en un tiempo judicial especialmente convulso, si tenemos en cuenta otras condenas dictadas e interpretadas estos días", criticó en una nota el sindicato Comisiones Obreras, al que pertenecían algunos condenados. "La Justicia es igual para todos, pero las condenas no", denunció la organización parafraseando a un conocido humorista gráfico español, El Roto.
