Durante los últimos cinco años Ecuador padeció un auge del narcotráfico con efectos múltiples: se quintuplicaron los homicidios, las cárceles se volvieron escenario de la guerra entre pandillas, los asesinatos políticos como el del candidato presidencial Fernando Villavicencio se volvieron comunes y decenas de jueces y oficiales militares y policiales han sido acusados de colaborar con el crimen.

Incluso los ecuatorianos están emigrando del país como nunca antes.

El de Villavicencio fue el último de una serie de ataques contra políticos que empezaron en 2020 con el asesinato de Patricio Mendoza, candidato para las legislativas del año siguiente.

En un 2023 más cruento, en mayo atacaron a Luis Chonillo, alcalde de Durán, y el 23 de julio a Agustín Intriago, alcalde de Manta, el político mejor valorado y con una proyección política a futuro. Tenía 38 años y recibió seis disparos mientras visitaba obras de alcantarillado en un barrio.

Además, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados con bombas contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público.

Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta fueron los principales escenarios de la violencia de los últimos meses. ¿Por qué? Es que allí se hallan los principales puertos, unas infraestructuras muy codiciadas por los narcotraficantes.

Situaciones de violencia así se daban, en términos generales, en Colombia hace 35 años. Por eso muchos analistas se preguntan si Ecuador no se parece en realidad a la Colombia de los años 80.

En esa dirección, el asesinato de Villavicencio hizo recordar al de Luis Carlos Galán en 1989 en Colombia. El ecuatoriano asesinado esta semana no era el favorito para ganar el 20 de agosto mientras que el colombiano, en representación de uno de los partidos más grandes, el Partido Liberal, lideraba las encuestas. Pero ambos prometían acabar con la delincuencia narco.

Este año Ecuador desplazó a Colombia como el primer exportador de cocaína del mundo, según datos de la ONU, aunque Colombia sigue siendo el principal productor.

“Como parte de una reconfiguración del mercado de drogas, para los narcotraficantes se ha vuelto más rentable exportar por Guayaquil que por el Pacífico colombiano, porque las fuerzas de seguridad son menos sofisticadas que en Colombia y porque Guayaquil tiene una vieja tradición portuaria”, dijo a la BBC Mundo Elizabeth Dickinson, analista del Crisis Group, un centro de estudios.

“Toda esta ola de violencia --dijo también a la BBC Mundo Renato Rivera, analista de crimen organizado en Quito-- no ha generado una respuesta contundente de la Justicia. Al contrario, vemos una cooptación de policías y militares en organizaciones criminales y eso llegó a fiscales y jueces”.

Y esa cooptación del sistema también, de alguna manera, se dio en Colombia: los narcos financiaron campañas presidenciales, algunos incluso llegaron a ser congresistas y controlaron decenas de gobiernos locales en el país.

“La frontalidad de Villavicencio pisaba los callos de muchos implicados con el crimen organizado y sus grandes negociados a través del Estado”, acotó por su parte Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador.

La escalada de la violencia muestra números concretos: en 2021 la tasa de homicidios fue de 13 por cada 100 mil habitantes, en 2022 subió a 22,6 y se espera que en 2023 alcance los 40 por cada 100 mil.

El número de homicidios pasó de 1.088 en 2019 a 4.761 el año pasado y las autoridades sostienen que el 80% de estas muertes están relacionadas con el narcotráfico.

La creciente importancia de bandas criminales asociadas al narcotráfico en Ecuador se debe a varios factores. Uno es el cambio en la “geopolítica de la cocaína” tras los acuerdos de paz de Colombia en 2016 que, junto a la falta de política conjunta con Ecuador, “hace que la guerrilla y las Farc penetren en Ecuador”, dijo Córdova.

“Otra de las razones es la política de desinversión y desmantelamiento del Estado, donde se reduce el presupuesto para las cárceles, por ejemplo, y esto aumenta la violencia”, remarcó. “Estamos en un ecosistema homicida que facilita esta escalada de violencia criminal. No puede haber convivencia pacífica si no se usan recursos del Estados para la inclusión. Hay una absurda fórmula en la guerra contra las drogas y estas bandas, pero no se cortan los flujos de dinero sucio que mueve el narco. Y si no se corta esto, no se resuelve nada”, finalizó.

Dolarización y lavado

“Ecuador es atractivo para el narcotráfico porque tiene una legislación gris que facilita el lavado de activos, porque al estar dolarizado genera una conexión fluida con el resto del mundo y porque no tiene una gran capacidad de monitoreo por parte de las fuerzas de seguridad”, dijo Daniel Rico a la BBC Mundo, un economista colombiano especializado en crimen organizado.

El auge del narcotráfico en Colombia tuvo que ver con los incentivos socioeconómicos que llevaron a los campesinos a cultivar hoja de coca. En Ecuador el narco floreció por otra cosa: la conexión del país con un mundo globalizado.

Además, a la ecuación colombiana se añadió la presencia de guerrillas que ejercían control sobre los campesinos productores y una desigualdad estructural que impedía la movilidad social y estimulaba las economías ilegales.

Lo de Ecuador, en cambio, no parece tan relacionado a la estructura socioeconómica sino producto de la corrupción y las dinámicas internacionales del narcotráfico.

Las condiciones favorecieron la formación de organizaciones criminales nacionales y el arribo de otras internacionales.

“La ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles de frontera, facilitan el ingreso de droga que luego es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”, admitió la Policía Nacional de Ecuador en un informe en julio.