Bogotá. — El gobierno colombiano prepara una norma que permitiría a 1.000 rebeldes de las
Farc acogerse a la ley de Justicia y Paz, bajo la cual fueron desarmados los paramilitares y que
otorga condenas no mayores a ocho años por los delitos cometidos. La ley se aplicaría a insurgentes
presos que se comprometan a dejar las armas y a no formar parte del grupo de guerrilleros que las
Farc planean canjear por 40 secuestrados.
Funcionarios del gobierno colombiano aseguraron al diario bogotano El
Tiempo que con la medida “se trata de facilitar las desmovilizaciones de las personas que
están en las cárceles por procesos graves”. “En cárceles hay unos 1.700 guerrilleros y
tenemos noticias de unos 1.000 que no quieren volver a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia”, declaró el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. Según el medio colombiano,
cerca de 420 insurgentes detenidos en cárceles ya firmaron un documento en el que aceptan
desmovilizarse y no ser incluidos en la lista del denominado canje. Al acogerse a la norma, los
rebeldes deberán además de confesar todos sus delitos, colaborar con la Justicia para desmantelar
estructuras armadas que siguen vigentes y reparar a las víctimas.
El gobierno de Alvaro Uribe excarceló el año anterior a más de 160
insurgentes de las Farc, que se comprometieron a no volver a delinquir y se acogieron a la ley de
Justicia y Paz, bajo la que fueron desarmados más de 31.000 combatientes de los paramilitares. Con
la excarcelación el Ejecutivo buscó que la organización guerrillera facilitara la liberación de
algunos rehenes. El hecho fue rechazado por las Farc, que tildó la medida unilateral como
“poco seria y carente de realismo político”. l
