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Colombia lleva a la OEA sus denuncias de abusos masivos contra Venezuela

Mientras Bogotá recurre a la organización interamericana, Caracas hizo lo mismo con Unasur. La expulsión de unos 10 mil colombianos por orden de Maduro se hizo con violencia y maltratos de parte venezolana.

Martes 01 de Septiembre de 2015

Colombia, conmocionada por las expulsiones masivas de miles compatriotas en los últimos días ordenadas por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, informó a la OEA del maltrato que sufren sus ciudadanos y se apresta a realizar una serie de denuncias ante tribunales penales internacionales. Caracas, por su parte, pidió una cumbre de emergencia de Unasur para este jueves, mientras Colombia reclamó para ese mismo día una, pero de la OEA.

El argumento del presidente venezolano Nicolás Maduro para haber lanzado la inusual ola de persecución contra los residentes colombianos es, básicamente, la economía ilegal que surge del contrabando fronterizo y la supuesta presencia de "paramilitares". La frontera entre ambas naciones es muy extensa, 2200 km de selva y montañas. Los episodios de violencia son habituales y repetidos desde hace décadas, pero el 20 de agosto Maduro reaccionó ante el último caso, que dejó tres soldados heridos, y ordenó el cierre de un tramo de la frontera, la imposición del estado de sitio y el envío de miles de militares. Estos comenzaron de inmediato a capturar residentes colombianos. En muchos casos, se los esposó y encapuchó, y además se demolieron sus viviendas. Ayer, Colombia presentó una denuncia ante la OEA y hoy lo hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

La sospecha en la región es que Maduro sobredimensionó un conflicto externo crónico para desviar la atención de la población venezolana de la crisis económica doméstica, en momentos en que el petróleo, responsable del 96 por ciento de las exportaciones venezolanas, se hunde a precios mínimos y la inflación se dispara por encima del 100 por ciento anual.

"Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto, atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas, por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla", lamentó el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá. "Ahora tenemos a miles de personas que cruzaron la frontera, obligados o presionados, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias, sus amigos e incluso sus hijos", añadió el mandatario.

Un millar de colombianos fueron deportados luego de ser detenidos por militares en la zona de frontera desde el 20 de agosto, a los que se suman más de 9.000 que ante el temor desatado, optaron por huir a través de la frontera, llevando algunas de sus modestas pertenencias. Ayer, funcionarios de Naciones Unidas en la frontera reportaron un sensible aumento en el número de colombianos que llegaban. La cifra alcanzó en ese momento 9.800, de manera que para hoy habría superado holgadamente los 10.000 deportados o exiliados. La ONU visitó asimismo los campos de refugiados para los recién llegados.

En el plano diplomático, y a pedido de Colombia, la crisis generada por el cierre de parte de la frontera ordenado por Maduro el 20 de agosto —junto con el establecimiento del estado de sitio en la zona del lado venezolano— se trató ayer en Washington en la Organización de Estados Americanos (OEA). Este jueves se haría una reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito a pedido de Caracas. En la OEA, el embajador de Colombia, Andrés González, denunció tratos arbitrarios contra connacionales en la frontera con Venezuela y pidió una reunión de cancilleres para el jueves, pero de la OEA, en Washington. De manera que cada país está pidiendo una cumbre pero en sedes institucionales diferentes. Ninguna de las dos cumbres estaba ayer confirmada. La canciller venezolana Delsy Rodríguez se encuentra con el presidente Maduro de gira por Asia. Existe la posibilidad de que se aplace una decisión o se decida dejar la negociación como un asunto binacional."Lo que el gobierno nacional quiere es mostrar e informar este maltrato del cual han sido objeto los deportados, las personas que han salido de Venezuela forzadas, por temor, por miedo, y básicamente que haya una declaración en cuanto al tratamiento de los distintos migrantes", señaló la canciller colombiana María Angela Holguín.

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