Colombia: imputan por crímenes de lesa humanidad a la cúpula de las FARC

La justicia colombiana imputó a ocho comandantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad en un caso de secuestro. Todos ellos son altos dirigentes de la formación política Comunes, en la que derivaron las FARC luego de su desarme.

Se trata de la primera decisión judicial de este tipo tras la firma del acuerdo de paz en 2016. La imputación cambia las expectativas de muchas víctimas del grupo extremista, dado que el acuerdo de paz creó una jurisdicción ad hoc para los guerrilleros, la "justicia especial para la paz", lo que dio lugar a la sospecha de que recibirían un trato privilegiado.

La imputación es además por un caso de secuestro, el delito de las FARC que más daño y más víctimas causó en la sociedad colombiana. Las FARC secuestraron más de 21 mil personas a lo largo de casi 6 décadas de actividad armada. Entre las víctimas hay miles de mujeres y cientos de niños. Los maltratos en cautiverio eran además sistemáticos, e incluían encadenamientos, palizas, hacinamiento y falta de condiciones mínimas de higiene. Además, en septiembre pasado, parte de las FARC retomó las armas bajo el mando de Iván Márquez, que fue la figura de la guerrilla que lideró las negociaciones que llevaron al acuerdo de paz de 2016.

La imputación alcanza a toda la cúpula de las extintas FARC: Rodrigo Londoño Echeverry, quien dirige el partido político derivado de la guerrilla; los congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo y otros ex jefes, como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.

"La Sala de Reconocimiento de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las FARC por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas'', aseguró el tribunal.

La cúpula de las FARC tendrá ahora 30 días para responder a la decisión y en caso de que haya reconocimiento de los delitos tendrán una "pena alternativa" que será determinada en acuerdo con las víctimas, pero si la justicia especial encuentra que los ex guerrilleros están ocultando hechos podrán ir a la cárcel.

"Si no hay reconocimiento (de los delitos imputados), tienen derecho a un juicio y si son vencidos en el juicio tienen cárcel hasta de 20 años'', explicó la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Los ex comandantes informaron en un comunicado que no se pronunciarán respecto a la decisión judicial hasta tanto sus abogados la analicen tomar.

Durante casi 6 décadas las FARC recurrieron al secuestro para financiarse al cobrar altas sumas de dinero por liberar a los rehenes, intercambiar secuestrados por guerrilleros presos. La justicia especial identificó 21.396 víctimas de secuestro, la mayoría hombres (79%) y en una menor medida mujeres (21%) y niños (5%).

"Las mujeres cautivas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto masculino y militar, acentuando el temor por su vida y su integridad``, indicó la JEP. "La ausencia de intimidad para asearse y para defecar y orinar creó un sufrimiento diferencial a las mujeres''.

La justicia especial encontró que los malos tratos en los cautiverios corresponden a un "patrón'' y no a hechos aislados, los cuales incluían tortura, encadenamientos, golpes, hacinamiento, falta de luz y de aire.

"Los relatos de las víctimas acreditadas sobre su vida después del secuestro ilustran el daño causado a la salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos'', concluyó la justicia, tras contrastar las versiones dadas por los ex guerrilleros con los informes de la Fiscalía colombiana y organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los secuestrados estuvieron cautivos en la selva durante años, una práctica común de las FARC que agravó en mucho el sufrimiento de las víctimas.

Crímenes sistemáticos y de lesa humanidad

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, precisó que a la luz del derecho humanitario el secuestro de miles de personas constituye en un crimen de lesa humanidad. "No se trata de errores de combatientes en la guerra o necesidades de la guerra o excesos, por el contrario son crímenes de guerra'', aseguró a la prensa.

En septiembre de 2020, las FARC reconocieron públicamente haber secuestrado y le pidieron perdón a las víctimas. Para estas y sus familiares, ese reconocimiento de un delito tan extendido y sistemático, no es suficiente. El jueves, tras conocer la decisión de la JEP de imputarlos por este delito, el partido político Comunes, derivado de las FARC, manifestó su compromiso de rendir cuentas ante la justicia.

"Como ya hemos dicho, el secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona'', dijeron a través de redes sociales.

El presidente Iván Duque pidió que las sanciones para los guerrilleros sean "proporcionales y efectivas'' y que no traigan "revictimización". Además, se mostró en desacuerdo con que algunos de los imputados sean congresistas, algo que surge del acuerdo de paz de 2016. "No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus bancas con condenas por crímenes de lesa humanidad'', dijo durante un encuentro de juristas. Además, el acuerdo de paz otorgó bancas a las FARC más allá de sus resultados electorales. Iván Márquez fue uno de los beneficiados con esas concesiones, pese a que hoy lidera nuevamente a las guerrillas que retomaron las armas. Y por lo demás, esa decisión llega después del pésimo desempeño electoral del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), con el que Márquez se presentó en marzo de 2018. Los resultados logrados fueron tan exiguos que no les hubiesen permitido obtener ninguna banca en ninguna de las dos cámaras. Al parecer estos pésimos resultados electorales convencieron a muchos de retornar a la violencia.

Esta decisión judicial solo incluye a la cúpula de las FARC, sin embargo, en el transcurso del año serán emitidos otros autos en los que se determinará la responsabilidad de mandos medios y ejecutores directos, uno de los principales pedidos de las víctimas.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo. "Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas", declaró el general retirado de policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años. "Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: 'Mientras no haya reparación no hay justicia'", añadió Mendieta.

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales. Desde ahora, el Caso 01, conocido como "Retención ilegal de personas por parte de las FARC", pasa a denominarse "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad".

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a ex guerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas. Todos son crímenes de guerra, o sea, de lesa humanidad. La "justicia transicional" adquiere por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia. Millones de colombianos, que votaron al Centro Democrático, también tienen esta percepción.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adjunto a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia. Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente empieza a mostrar resultados. Pero este avance relativo se da ante una creciente violencia y nuevo auge de la producción de cocaína. Más allá de las FARC, la violencia parece ser endógena en Colombia y se mantiene pese al cambio de actores.