Al menos 6.400 civiles fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares en Colombia y presentadas como caídos en combate en el período de gobierno de Alvaro Uribe (2002/2010), una cifra que triplica el número estimado hasta el momento, según un informe de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial instaurado en Colombia para investigar el conflicto interno. Uribe replicó que la información de la JEP es "sesgada" y que su Gobierno logró un récord de desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros.
Conocida en el argot militar como "falsos positivos", esta práctica atroz fue tal vez el mayor escándalo que afrontó el Ejército en las casi seis décadas de conflicto armado con las guerrillas. Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, soldados rasos y oficiales declararon ante la JEP haber cometido "falsos positivos" para inflar sus resultados operacionales ante la presión de sus superiores.
Hasta el año pasado, la Fiscalía sólo había reconocido 2.249 ejecuciones de esta modalidad entre 1988 y 2014, un 59% de las cuales tuvieron lugar entre 2006 y 2008, durante el mandato de Alvaro Uribe (2002-10).
Según la JEP, la mayoría de crímenes ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), donde el ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas. "La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013", precisó el tribunal.
La réplica de Uribe
El ex presidente Uribe rechazó las cifras entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre "falsos positivos". Para Uribe, sencillamente, las cifras son "sesgadas" porque pertenecen a ONG's que están en su contra. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al exmandatario “respetar la independencia judicial de la JEP y la labor de las organizaciones de DDHH”. “Durante su gobierno, los falsos positivos ocurrieron de forma generalizada y sistemática. Las evidencias son incontrovertibles”, expresó Vivanco.
Pero Uribe insistió: “Es una declaración sesgada y además uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras. La Fiscalía hablaba de 2.000 falsos positivos, la (Comisión de) Memoria Histórica otra cifra y ahora sale la JEP con más de 6.000; y uno lee el informe de la JEP y lo sustenta con ONG's muchas de ellas, declaradas enemigas ideológicas de mi Gobierno", dijo Uribe a los medios de comunicación. "Aquí hay un gran sesgo que tiene un propósito, desacreditar a mi gobierno”, declaró el líder del partido Centro Democrático, en el gobierno de Colombia con el presidente Iván Duque. Uribe agregó: “Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que durante mi Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados”, señaló. En un comunicado, agregó que en su administración fueron capturados 36.363 irregulares armados y “las bajas” totalizaron 13.992.
Una práctica aberrante
Los “falsos positivos” involucran a unos 1.500 militares, que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar "mejores" resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, ascensos, premios y otros beneficios. La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados y suboficiales.
La JEP reconoce que la cifra anunciada ahora es muy diferente de los datos de la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”. Según el alto tribunal de jurisdicción especial, sólo entre esos años se registró el 78 % del total de víctimas, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”. En 2009 gobernaba Juan Manuel Santos, antiguo ministro de Defensa de Uribe y con responsabilidad directa en los "falsos positivos", quien sin embargo hizo un viraje drástico respecto a la política de seguridad de "mano dura" de su antiguo jefe.
El "uribismo" sin embargo volvió al poder luego de 8 años. La presidencia de Santos fue marcada por el acuerdo de paz con las FARC de 2016, celebrado en el mundo y que le valió el Nobel de la Paz, pero severamente juzgado en Colombia, al punto que no fue convalidado en un referendo, en el que fue rechazado.
La JEP explicó que abrió la investigación después de recibir informes de varias fuentes, entre ellas la Fiscalía, que había determinado que esos asesinatos aumentaron sustancialmente a partir del 2002, y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008. El alto tribunal aseguró que las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
Para Uribe, de ser ciertas las cifras de la JEP "el país no hubiera mejorado" como lo hizo durante su gestión en materia de seguridad, cuando se dio un vuelco militar y las guerrillas FARC se debillitaron enormemente, debieron abandonar la región de Bogotá y retirarse al interior del país.
