Colombia: el presidente Duque militarizó Cali y otras ciudades

Luego de una jornada muy violenta en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas en Colombia contra el gobierno conservador del presidente Iván Duque, este ordenó militarizar la ciudad, así como otros centros urbanos del país. De esta forma, a un mes de iniciadas las manifestaciones callejeras, no hay perspectivas de una pacificación, mientras los muertos y heridos se acumulan.

  El Ayuntamiento de Cali confirmó que en las últimas 24 horas se han producido trece muertes violentas, 34 heridos, una amenaza de bomba y tres incendios en una de las jornadas más conflictivas desde el inicio de las protestas, “Un día fatídico, un día doloroso y que ha significado muerte en nuestro territorio”, lamentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido durante el 28 de mayo están asociadas a la protesta. Esto es importante porque corresponde a la Fiscalía el esclarecimiento de cada muerte. Sin embargo, no cabe duda que, un número muy significativo de muertes que hemos tenido están asociadas a este evento de movilización ciudadana”, añadió Ospina.

Además, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, calificó de “inadmisible” que la población civil se encuentre armada y participe en los enfrentamientos: “Nos parece que lo que ha pasado tiene que ser rápidamente investigado por todas las autoridades, se tienen que identificar estas personas y se tienen que judicializar”. Se refería a un episodio en el que civiles armados atacaron un bloqueo. La polarización entre quienes mantienen los bloqueos de calles y rutas y quienes los rechazan aumentó sustancialmente en estos días.

  “La ciudad no puede convertirse en un escenario de guerra” y por ello desde la administración municipal exigen que se investigue por parte de la Fiscalía y la policía. Rojas informó además de las negociaciones abiertas con los manifestantes y con los que pretenden el fin de los bloqueos. Estos son el principal mecanismo de protesta de los sectores más radicalizados, pero han causado hartazgo y desabastecimiento en Cali y muchas otras ciudades.

Uno de los incidentes más graves se dio ante la pasividad de la policía cuando civiles abrieron fuego contra manifestantes y periodistas en Cali en un puesto de bloqueo. Tras la polémica, la policía abrió una investigación. “Una situación tan difícil como la que hoy tienen la ciudad de Cali y el país entero no se resuelve con civiles armados que intenten hacer justicia o proteger sus formas de vida por cuenta propia”, declaró Ospina.

El presidente Duque anunció el “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” en Cali y el departamento donde se ubica, Valle del Cauca, así como en Popayán, para “contrarrestar la situación de orden público que se vive. Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando una asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad”, aseveró el mandatario desde Cali.

 Duque subrayó que la “labor” de su gobierno y de los gobiernos municipales y departamentales es “proteger los derechos de toda la ciudadanía”.

Planteos de Uribe

Mientras, el expresidente colombiano y líder del partido oficialista Centro Democrático, Alvaro Uribe, manifestó el rechazo de su partido a cualquier tipo de negociación con el Comité del Paro Nacional mientras se mantengan los bloqueos de calles y carreteras y reclamó la militarización de las regiones en las que haya “amenaza contra la seguridad de los ciudadanos”. Ejemplificó: que haya “un oficial de alto rango, por ejemplo un coronel, responsable de cada lugar, a cargo de unidades específicas que levanten los bloqueos con eficacia y transparencia”.

Estas peticiones están incluidas en una carta publicada por Uribe que explicita su rechazo a las negociaciones. “Negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia”, advirtió el dos veces presidente entre 2002 y 2010. También urge “al gobierno acelerar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de la juventud”. Por otro lado, Uribe declaró en dos entrevistas que al presidente Duque “le falta autoridad”.

El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, (de la oposición), ha respondido al planteamiento de Uribe. “La respuesta de Uribe a la tragedia es la militarización, ni una palabra sobre las víctimas y un “no” al diálogo. En Bogotá persistiremos incansablemente en el diálogo, atenderemos emergencia con inversión social y reactivación económica. La fuerza sólo cuando no haya ninguna otra opción”, afirmó el dirigente opositor.

Alerta de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, manifestó su preocupación por la escalada de la violencia en las protestas de Colombia y ha hecho un llamamiento a castigar las agresiones y a la negociación entre el gobierno y las organizaciones movilizadas.

  “La CIDH expresa preocupación por la situación de orden público que habría ocurrido el 27 de mayo, en el peaje Villa Rica, Cauca. Según información, agentes de policía habrían incurrido en abusos y detenciones arbitrarias contra integrantes de La Minga”, señaló, en referencia a una unidad de indígenas movilizados.

 La CIDH ha emplazado al Estado colombiano a “investigar y sancionar los hechos con debida diligencia y enfoque étnico”. Asimismo ha instado al Gobierno a “priorizar el diálogo” y a que “todo uso de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

A la vez, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó el decreto del presidente Iván Duque, por el que ordena un despliegue de asistencia militar en Cali y varias regiones del país para restablecer el orden público.

En el decreto 575 del 28 de mayo de 2021, el presidente Duque da la orden a gobernadores de ocho departamentos y a los alcaldes de 13 ciudades, incluida Cali, de garantizar el orden en los territorios porque, de lo contrario, serían sancionados. Vivanco ha advertido de que este decreto tiene un “un peligroso vacío” debido a que las órdenes “no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos”, lo cual “puede tener consecuencias irreparables”.

El gobierno colombiano cambió esta semana su postura respecto a una visita de la CIDH, tras mostrarse en un principio reticente a abrir las puertas del país al organismo.

Las protestas que sacuden el país desde hace ya un mes comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la iniciativa movilizaciones reclamaron medidas contra la desigualdad en el país. Duque y Uribe señalan que hay ex guerrillas y grupos manejados desde Venezuela detrás de la ola de protestas con bloqueos permanentes.