El Mundo

Ciudadanos de EEUU enjuiciarían a firmas extranjeras por bienes expropiados en Cuba

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la habilitación de una ley de 1996 que permite demandar por bienes confiscados en 1959.

Jueves 18 de Abril de 2019

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció ayer la activación de una ley de 1996 que permitirá demandar ante cortes del país a compañías extranjeras que operan en propiedades en Cuba confiscadas a estadounidenses tras la revolución comunista, en 1959.

"La Administración de (Donald) Trump no suspenderá más el título III (de la ley Helms-Burton), una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo", dijo Pompeo en una rueda de prensa.

La decisión activa un título que ha sido suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde la aprobación de la norma, en 1996.

El cambio posibilita que los estadounidenses puedan imponer demandas en su país contra empresas de todo el mundo, entre ellas las cadenas hoteleras españolas Meliá, Iberostar, o Barceló; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla.

Además, Pompeo anunció que también aplicarán el Título IV, que restringirá la entrada a Estados Unidos a quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con esas propiedades.

La decisión ya encendió las alarmas en España, aunque el gobierno se mostró confiado en que la Unión Europea (UE) apoyará a las empresas españolas legalmente establecidas en Cuba.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, la aerolínea Cubana de Aviación, muelles, puertos y playas paradisíacas que pertenecían a inversores privados antes de la Revolución Cubana de 1959 podrían ser demandados tras la activación, por parte de Estados Unidos, de una ley de 1996.

El exiliado y activista cubano Orlando Gutiérrez, elaboró una lista con algunos de los lugares simbólicos que fueron expropiados y que estadounidenses y cubanos nacionalizados podrían reclamar antes cortes de Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, así como la aerolínea Cubana de Aviación, que pertenecieron al cubano José López Vilaboy, encabezan el listado.

El muelle de cruceros del Puerto de La Habana, donde cientos de cruceros turísticos echan anclas cada temporada, también podría recibir una demanda ya que fue expropiado a la familia Behn.

Asimismo, el Puerto de Santiago de Cuba, el segundo más importante de la isla, fue expropiado a las familias Badún y García-Bengoechea; cuyo heredero, Javier García Bengoechea, demandó en 2017 a una empresa china por un proyecto de construcción en ese puerto.

La paradisíaca playa de El Salado, situada al oeste de La Habana, era propiedad de la familia Castillo-Pokorny y en la actualidad alberga proyectos para edificar condominios y campos de golf en asociación con la cadena española Globalia.

Mientras que en la provincia de Holguín, las playas de Gibara y Yaraguanal, que pertenecieron a la familia Sánchez-Hill, hoy ofrecen una amplia oferta hotelera de la mano del grupo militar Gaviota: Blau Costa Verde Beach Resort, de capital español, y Fiesta Americana Holguín Costa Verde.

En tanto, al menos dos de las fábricas en las que el gobierno destila su mundialmente conocido ron Havana Club -la Destilería Santa Cruz del Norte y la cervecera Tropical- podrían ser demandadas por sus antiguos propietarios, las familias Carrillo-Albornoz y Blanco-Herrera, respectivamente.

También el Gran Hotel Manzana Kempinsky, ubicado en las inmediaciones del Capitolio y gestionado por capitales suizos, podría ser reclamado en una damanda por la familia Soto-Castellanos, según el listado del activista cubano-estadounidense. "El gobierno de España va a estar absolutamente respaldando a las empresas españolas en Cuba y entendemos que la UE va a respaldar, junto a España, a esas empresas que tienen sus actividades comerciales, legítimas y bien organizadas en Cuba y en otros países", aseguró la ministra vocera del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa.

La alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ya advirtió a Pompeo, en una carta enviada hace un mes, que el bloque europeo podría demandarlos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si implementa esa medida, algo que ya hicieron hace 20 años cuando se aprobó la ley. Además, advirtió sobre las posibles repercusiones de las demandas.

"Si una cadena de hoteles estadounidense (...) reclama [compensación] a una cadena europea ante tribunales de Estados Unidos (...), la europea podría reclamar la misma compensación a la estadounidense ante un tribunal europeo", subrayó Mogherini.

La carta aclara que el procedimiento permitiría confiscar bienes de las empresas estadounidenses en territorio europeo para compensar los perjuicios que sufran por sus empresas en Cuba.

"Hay que apuntar que la inmensa mayoría de los 50 mayores denunciantes tienen activos en la UE", subrayó la comisaria europea.

El gobierno cubano, por su parte, rechazó "enérgicamente" la medida estadounidense, calificada de "ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados".

"(La) Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará", escribió en Twitter el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y aseguró que "Como en Girón, venceremos", en referencia a la fallida invasión estadounidense a la Bahia de Cochinos, en 1961.

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