Chile responde a la ola de protestas con una reforma constitucional

El presidente de Chile Sebastián Piñera promulgó una ley que convoca a un plebiscito en el que los chilenos decidirán si cambian la Constitución o la mantienen. Se inició así elp proceso constituyente reclamado por la oposición y diversos sectores sociales. La consulta popular se hará el próximo 26 de abril.

En una ceremonia en el palacio de La Moneda, Piñera destacó que el plebiscito del 26 de abril, que será el primero en 30 años, "nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días", en referencia a la violenta ola de protestas que estalló el pasado 18 de octubre. "No es una vara mágica que resuelve todos los problemas'', advirtió el gobernante, en referencia a la reforma constitucional.

El plebiscito es una respuesta a la presión que siguió al violento estallido social del 18 de octubre y que obligó a los partidos políticos oficialistas y de oposición a firmar un inédito acuerdo, el que a su vez derivó en que dos tercios del Congreso aprobaran la semana pasada un proyecto de reforma constitucional. Esto a su vez se tradujo rápidamente en la ley promulgada ayer por Piñera.

El mandatario señaló que "hoy por primera vez tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana y con una equitativa participación de las mujeres''.

La Constitución vigente fue escrita por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y plebiscitada en 1980. Sin embargo, hay que consignar que desde aquella fecha ha pasado por más de 200 reformas parciales mediante enmiendas. La última reforma y más ambiciosa es la que impulsó la presidenta Michelle Bachelet, que modificó en forma sustancial el sistema electoral heredado de la Constitución pinochetista. Antes, en 2005, el mandatario socialista Ricardo Lagos también introdujo cambios, acortando el período presidencial de 6 a 4 años, dio fin a los senadores vitalicios y a la inamovilidad de los mandos militares.

El 26 de abril los chilenos, además de votar sobre si quieren o no una nueva Constitución, sufragarán si la nueva Carta Magna será redactada por una convención constituyente integrada sólo por miembros electos, o por una convención mixta, conformada por miembros electos y parlamentarios en ejercicio a partes iguales. Hasta ahora, las reformas se hacían mediante enmiendas que debían lograr mayorías agravadas en el Congreso, como la realizada por Bachelet. Hubo un fuerte debate sobre este punto, dado que inicialmente el oficialismo postulaba continuar con esta modalidad, dado que la convocatoria a una constituyente está fuera de los normada por la propia Carta magna vigente.

La reforma constitucional promulgada ayer también establece que, en caso de ganar la opción de una nueva Constitución, habrá otro referendo, en el que los chilenos votarán si aprueban o rechazan la nueva Carta Magna redactada por los constituyentes. Será en el plazo de un año, prorrogable.

En el Congreso se debate un proyecto opositor, apoyado por varios legisladores oficialistas, que propone que la convención constituyente esté formada por igual número de hombres y mujeres, que asegure escaños para pueblos indígenas y que otorgue las mismas facilidades de campaña electoral a los partidos políticos y a los independientes. El 51 por ciento de los 18 millones de chilenos son mujeres.

Diversas encuestas y analistas estiman que la votación de los chilenos en abril y octubre será muy superior al 46,6 por ciento que participó en las presidenciales de 2017, ganadas por Piñera, y que la mayoría prefiere que la Constitución sea redactada por una convención compuesta sólo por miembros electos. Pero la idea de una nueva Constitución no figuraba entre las demandas de los chilenos tras el estallido social, que anteponían exigencias de mejores jubilaciones, salarios, salud, medicamentos más baratos, entre otras. A su vez, la violencia de las protestas y los daños al patrimonio han impactado en la performance de la economía nacional. Ha bajado notoriamente el número de turistas extranjeros, una fuente de divisas tradicional, y los inversores privados se muestran mucho más prudentes que antes de las protestas, cuando el "modelo chileno" atraía a los capitales de todo el mundo.