En agosto de 2005, el presidente Ricardo Lagos anunciaba que se había logrado la reforma constitucional. “Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile", declaró el mandatario socialista una vez que se publicó la ley que contenía las reformas a la Constitución pinochetista de 1980. Radio Cooperativa describía el cambio con entusiasmo: "La Constitución Política de Chile experimentó un cambio tan trascendental como simbólico. Luego de años de tramitación, finalmente los enclaves autoritarios de la Carta Magna desaparecieron del texto. Además, con la promulgación de la ley 20.050, la firma del presidente Ricardo Lagos es la ubicada al final de la Constitución, sacando definitivamente los rastros del ex dictador Augusto Pinochet".

¿Qué hizo la reforma Lagos? Bastante. Enumeremos: terminó con los senadores vitalicios designados, eliminó la autonomía de las FFAA para autoconvocarse en el Consejo de Defensa, que desde entonces sólo el Presidente puede convocar y les quitó a los militares el rol de "garantes de la institucionalidad" (SIC); redujo el período presidencial de seis a cuatro años y sin reelección inmediata. “Era para celebrar que, después de 25 años, desde la Constitución del ’80 de Pinochet hasta ahora, termináramos con esos enclaves. Era para celebrarlo”, sostiene hoy Ricardo Lagos. Hoy Lagos está a favor de redactar una nueva Constitución de la "a" a la "z", pero repudia la violencia vandálica que acompañó a las protestas que forzaron el cambio constitucional.

En aquel 2005 Lagos reconocía que aún faltaba: el sistema electoral "binominal" resistiría aún 10 años, hasta que su pupila, Michelle Bachelet, derogó ese mecanismo-cerrojo de la Constitución en 2015. Ese sistema dejaba afuera de los cargos electivos a las formaciones políticas que no fueran las dos principales alianzas.

Pero, entonces, ¿con el referendo del domingo 25 de octubre, se echó a la basura "la Constitución de Pinochet" o la de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet? Las dos y ninguna. El texto de la dictadura fue recibiendo con los años diversas reformas a través del mecanismo de las enmiendas, que se hacían con mayorías calificadas en el Congreso. Aquella Constitución de 1980 recibió en total 53 enmiendas.

Pero para el constitucionalista argentino Roberto Gargarella, sigue siendo la Constitución pinochetista. Gargarella, que se respalda en Carlos Nino, sostiene en un extenso artículo que publicó hace unos meses, que las únicas normas válidas son las que surgen "de procedimientos democráticos" y nunca de las de facto. Difícil no darle la razón. A su vez, esas normas de facto pueden preservarse por razones prácticas de "paz social" u ordenamiento civil, pero la democracia no puede ser "atenazada" por una Constitución redactada por una dictadura, por más reformas que haya sufrido. Gargarella radicaliza luego su exigencia y afirma que las constituciones y reformas deberían surgir de la democracia concebida como una "conversación entre iguales" y cuestiona la secuencia de toda reforma constitucional: el acto de redactar los textos constitucionales, tarea que siempre queda en manos de un puñado de políticos y juristas elegidos por la ciudadanía, para luego validarla con un referendo, como harán los chilenos al final del proceso. Gargarella llega hablar de "extorsión" cuando se convoca o emplaza al pueblo para que apruebe o rechace en bloque textos complejos conformados por cientos de artículos. Podría alegarse que este razonamiento no solo pone en duda la legitimidad de una Asamblea Constituyente, sino al principio mismo de la democracia representativa, basada en la elección de autoridades a las que se delega la labor de gobernar y legislar. Pero bueno, son debates de torre de marfil.

En la vida real y con pragmatismo, conviene preguntarse cuánto esperan los chilenos de este cambio de Constitución. De si no habrán caído en el espejismo de creer que un "constructo" jurídico, como es una nueva Constitución, puede cambiar de la noche a la mañana la calidad de vida de toda una nación. Dicho en términos crudos: no por copiar la Constitución de Suecia se vivirá ipso facto como en Suecia. La experiencia argentina de 1994 es categóricamente negativa al respecto. La reforma de ese año no mejoró la calidad de la vida política, que no subió sus muy bajos estándares, ni la calidad institucional de nuestra democracia, que tampoco se elevó un milímetro. Alli está a modo de ejemplo el Consejo de la Magistratura.

Corre el peligro, Chile, de romper el motor económico que tanto lo distinguió en estos años sin mejorar la calidad de vida de su gente, aún cuando mejore la calidad, o mejor y más importante, la legitimidad, de sus instituciones. Esto ocurriría si impone nuevos derechos sociales, tal vez según el modelo del Estado de Bienestar europeo. Buena pare del estancamiento económico que ha postrado a Europa se explica por el nivel de su gasto público, generado para responder a esos derechos tan generosos y extensos.

A aquel motor económico chileno bastante lo han dañado en este año convulso de protestas, que no ceden en su violencia, como se verificó en el aniversario del 18 de octubre, cuando los encapuchados celebraron la fecha de inicio de las protestas incendiando hasta los cimientos dos iglesias. Conviene recordar el caso de la cadena Wal Mart, que durante décadas había apostado a manos llenas y ojos cerrados por Chile. En apenas un mes de protestas, 128 de sus tiendas sufrieron daños graves. Al menos 17 fueron totalmente destruidas. La cadena demandó al Estado chileno por incumplir su deber de ser garante de la propiedad. Desde entones el clima mejoró y la multinacional del retail acaba de anunciar una inversión de 50 millones de dólares en Chile, cifra que de todas formas es una minucia para su escala de negocios.

Chile es un país maduro y podría imponer una vía sobria y segura de mejora de la calidad de su Constitución sin forzar el paso de su economía, al fin y al cabo "emergente", o sea, subdesarrollada y por lo tanto muy dependiente de las inversiones extranjeras. Muchas veces, y no solo en la Argentina, se pierde de vista este dato central: los países subdesarrollados necesitan atraer el capital que les falta por definición, por eso son subdesarrollados. Esto es tan básico que enunciarlo resulta una perogrullada. Pero en demasiadas ocasiones, en nuestra región se pierde de vista un punto tan básico y vital. Lo que lleva a enunciar otra perogrullada: se necesita en nuestros países dar seguridades y garantías a los inversores, al capital extranjero. Esa denostada por algunos "seguridad jurídica" que debe ser también física, como tristemente comprobaron Wal Mart y miles de comerciantes chilenos, que vieron el año pasado cómo en unas horas de violencia nocturna se destruía el trabajo de toda la vida.

Otro punto espinoso de la reforma chilena es el calendario. En 2021 se superpondrán la agenda de la Constituyente con la de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Habrá una tentación muy fuerte de saturar a la Constituyente con propuestas de nuevos derechos para mostrarlas en la campaña electoral. Es una mala combinación temporal, producto de las postergaciones que sufrió el calendario de la reforma por la pandemia.

Por otra parte, cuando se invoca la necesidad de "más Estado" como receta para lograr más igualdad, conviene recordar que Suecia, paradigma de desarrollo con igualdad mediante un Estado fuerte, en los años 90 desreguló su economía. La desregulación fue desde los taxis a las telecomunicaciones, los ferrocarriles y el transporte aéreo. Y Suecia bajó su gasto público. Hoy Suecia tiene 20 "startups" cada mil puestos de trabajo contra sólo cinco de EEUU (datos de la OCDE). Chile tiene todo para ser una "economía del conocimiento". Sus constituyentes deberán tenerlo muy presente cuando se sienten a redactar la futura Constitución.