Chile inicia una nueva etapa luego del contundente resultado del plebiscito

Luego del abrumador triunfo de la opción por cambiar la Constitución de 1980 (78,27 por ciento a favor y 21,73 por ciento en contra) en el referéndum celebrado el domingo, Chile afronta una nueva etapa política. A la vez, el año que viene verá superpuestos el proceso de reforma constitucional con las elecciones presidenciales y parlamentarias, algo que los analistas ven como posible fuente de conflictos y distorsiones.

Los chilenos también eligieron el tipo de Asamblea Constituyente, y desecharon la mixta, conformada por constituyentes electos y legisladores, en favor de una formada excluvisamente por los primeros. El 11 de abril próximo votarán para elegir a 155 constituyentes, de los que la mitad deberán ser mujeres. Deberán redactar la nueva Ley Fundamental que sustituirá a la vigente desde 1980, desde la dictadura de Augusto Pinochet. La convención tendrá hasta un año para trabajar en un texto que delineará un nuevo modelo de país y que deberá estar listo en junio de 2022. Uno de los nudos de mayor tensión, que ya se debate entre los constituyentes, será la discusión sobre los derechos sociales y el modelo económico. También la educación y el actual modelo serán seguramente revisados y cambiados.

En el los chilenos decidieron el reemplazo de la Carta Magna y que su redacción quede en manos de constituyentes y no una mezcla de estos con legisladores ya electos. Patricio Santamaría, presidente del Servicio Electoral, informó que con 7,5 millones de sufragios contabilizados —el 99,4 por ciento de los votos—, un 78,2 por ciento favoreció el reemplazo constitucional impulsado por la oposición de centroizquierda y un 21,7 por ciento optó por la propuesta del oficialismo de derecha de mantenerla. Además, el 79 por ciento prefirió que la nueva Carta Magna sea redactada por constituyentes electos en lugar de la Asamblea mixta. "Estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista de votos absolutos, y rompimos la barrera que no se superaba desde el 2012 con voto voluntario, el 49,2 por ciento'', añadió Santamaría. Los convocados a sufragar en medio de la pandemia, que mantiene al país con 500.000 contagiados, eran 14,8 millones de personas y votó el 51 por ciento.

Lucía Damerth, historiadora de la Universidad Católica y académica de la Universidad de Santiago, dijo a Associated Press que en el resultado del referéndum hay "un reconocimiento al proceso social de cómo partió esto''. El oficialismo y la oposición, excluido el Partido Comunista, alcanzaron hace un año un inédito acuerdo que convocó al plebiscito para buscar una salida institucional y calmar la presión popular que siguió al violento estallido social. Las masivas protestas mostraron el descontento de una mayoría que exigía mejor salud, educación y pensiones entre otras muchas demandas.

"Los partidos políticos están callados y es un golpe muy fuerte a la política convencional, porque en aquellos lugares donde hay alcaldes de derecha igual ha ganado la opción del apruebo'', añadió Dammert.

Oposición y oficialismo

La oposición y el oficialismo enfrentan el desafío de lograr la unidad. Aunque los opositores buscaban el reemplazo constitucional, no lograron unirse para la campaña electoral previa al plebiscito. La situación en la alianza de gobierno, de cuatro partidos, es más compleja: sólo uno de sus cuatro grupos cerró filas por mantener la Carta Magna, mientras en los otros tres hubo muchos que votaron por el cambio.

En la Convención Constituyente, que se instalará en mayo de 2021 y que trabajará un año en la redacción, se necesitará la aprobación de 2/3 de sus miembros para incluir cada uno de sus artículos. Los independientes que aspiran a integrar la convención tiene un trabajo difícil para lograrlo. Hasta ahora el Congreso no ha definido si pueden competir en listas, como sí pueden hacerlo los partidos políticos.

La actual Constitución, vigente desde 1980, estableció un modelo social y económico de libre mercado que permitió la entrada del sector privado a la provisión de servicios, lo que permitió la existencia de una salud para quienes pueden pagarla, mientras un 80 por ciento de los chilenos debe acudir a un sistema público, a menudo deficitario, esquema que se repite en la educación. También se privatizaron las pensiones.

"En los derechos sociales probablemente se replicará la discusión del eje derecha-izquierda, porque la derecha está muy asustada. Ha expresado el temor de que si garantizan derechos sociales exigibles en la Constitución, se llevará al país a la quiebra y que será una política pública establecida en la Carta Fundamental, lo que es absurdo", afirma Claudia Heiss, jefa de Política de la Universidad de Chile e integrante de la comisión para el proceso constituyente del Frente Amplio, un conglomerado de izquierda. "En la derecha existe temor a la judicialización, que en nombre de los derechos sociales sea la Justicia la que obligue al Estado a asignar recursos".

Moody's, en alerta

La futura Constitución generará incertidumbre hasta su conclusión en 2022 y podría afectar a los inversores y al gasto público, según la agencia Moody's. La firma considera que la introducción de cambios de fondo es poco probable, ya que existe un amplio apoyo público para preservar el modelo económico de Chile. La agencia observa riesgos en materia de gasto público e intervención estatal en la economía. "La convención puede conducir a un aumento sustancial de las regulaciones", alerta Moody's.