La Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, lo que abrió un juicio político, que debe definirse en el Senado. La acusación aprobada por Diputados se basa en la investigación periodística de los Pandora Papers, que reveló un conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia de Piñera. Ahora existe expectativa con el trámite en el Senado, donde se necesitan dos tercios para destituir al jefe de Estado. Parece improbable que la oposición logre ese número. Otra duda es si se tratará el caso en el Senado antes de las elecciones generales del domingo 21 de noviembre, algo que también resulta improbable.
La iniciativa se había ingresado a la Cámara de Diputados en octubre pasado, cuando se formó una comisión revisora. Ahora, los 78 votos necesarios para que el trámite fuese aprobado y pase al Senado se lograron en Diputados tras 22 horas de una sesión que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, una maniobra dilatoria para asegurar el voto de un legislador ausente, por cumplir una cuarentena por coronavirus qaue expiraba a medianoche.
La acusación de Diputados es suficiente para prohibirle a Piñera la salida del país, aunque lógicamente seguirá ejerciendo sus funciones.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa con una exposición de cinco horas ante el plenario. Les rogó a los diputados “rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional. Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes Gobiernos”, advirtió el abogado del mandatario.
Maniobra de dilación
Durante la extensa sesión en la Cámara, que arrancó el lunes por la mañana, uno de los diputados acusadores expuso durante 15 horas, en una estrategia para asegurar los respaldos necesarios. Es que un diputado recién podía llegar a la Cámara pasada la medianoche, cuando terminaba su cuarentena obligatoria por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, quien luego dio positivo de coronavirus. “Este es un momento histórico que estamos viviendo”, dijo tras la votación el diputado socialista Jaime Naranjo. Al cumplirse la medianoche, el diputado que estaba confinado, Giorgio Jackson (de Revolución Democrática), hizo una transmisión en vivo de su traslado al Congreso para emitir su voto. “Hay gente que cree que lo ocurrido en esta Cámara es vergonzoso, pero yo creo que lo vergonzoso es tener un presidente que especula”, dijo Jackson poco antes de sufragar. En cambio, el oficialista Andrés Molina denunció: “Hemos visto una sesión que a mí, en lo personal, me da vergüenza. Aquí nadie escuchó nada. Una vez más hemos dado un tremendo espectáculo”.
El caso denunciado
La acusación constitucional fue presentada la primera semana de octubre por la oposición socialista y de izquierda radical, en el marco de la investigación Pandora Papers, que reveló que los hijos del mandatario vendieron un proyecto minero en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo de Piñera, por 152 millones de dólares.
La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y contenía una cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera. Esta decisión dependía del gobierno de Piñera. “El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta (de la mina), operación que se produjo en 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, declaró la Presidencia. Piñera creó un “fondo ciego” o “blind trust” cuando ganó las elecciones en noviembre de 2009. La cláusula que condicionaba el último pago de la venta, de unos US$10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales, también fue cuestionada por la defensa. “Nos estamos refiriendo una cláusula cuya vigencia terminó en 2011, se quiere juntar un período al cual se le atribuye el conflicto de interés, y se quiere traer a tiempo presente, con la base de confundir”, señaló el abogado defensor Jorge Gálvez,
En la Cámara alta la oposición necesita dos tercios (29 votos sobre un total de 43) para destituir al mandatario en juicio político, lo que requiere convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que parece muy poco probable. La oposición cuenta con 24 escaños.
Minutos después de la votación, el diputado Naranjo dijo que se trató de “un momento histórico que sólo fue posible gracias a la unidad de la oposición”. Desde el oficialismo, en cambio, el ministro del Trabajo Patricio Melero lamentó el resultado y subrayó que “la validez de los argumentos de los acusadores no encontraron asidero ni en la comisión ni en autoridades fiscalizadoras”. La acusación solo busca generar un daño “no sólo al presidente, sino también a la institucionalidad democrática. Estamos a meses de entregar el mando. Es es un episodio lamentable”, advirtió.
El vocero presidencial, Jaime Bellolio, también alertó que “se abre una puerta diciendo que los presidentes pueden no durar cuatro años, porque hay algunos que por pequeñeces, por miedo a las redes sociales, por miedo a compañeros de bancada, por miedo a que los amenacen o los funen (escrachen), no votan por su convicción sino que votan por su supuesta conveniencia”.
El diputado Giorgio Jackson, el protagonista de la estrategia dilatoria, declaró que “hubo un esfuerzo unitario importante y bastante inédito. La unidad de la oposición levantó una alerta para decir ’no todo vale”. El diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, por su parte, dijo que Piñera “está moralmente inhabilitado para liderar el país”. Claramente, este es el objetivo político de la oposición, más allá del resultado de la acusación en el Congreso.
Además de la acusación constitucional, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por “posibles delitos tributarios y de cohecho”. Piñera estuvo involucrado en una serie de escándalos empresariales, aunque nunca fue condenado. Quien fue el primer presidente de derecha después de 20 años de gobiernos de centroizquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta un rechazo del 79% en las últimas encuestas.