Al menos dos muertos dejó ayer un ataque de fuerzas policiales y paramilitares contra la ciudad rebelde de Masaya; bastión de protestas que reclaman la salida del poder del presidente de Nicaragua Daniel Ortega. Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, no gubernamental), dijo que en la acción participan "entre 1.500 y 2.000 hombres con armas de guerra de alta potencia". El operativo armado para eliminar los bloqueos viales y las barricadas que los opositores levantaron desde mediados de abril, comenzó en las primeras horas de ayer cuando las fuerzas gubernamentales rodearon la ciudad y dispararon contra el barrio indígena de Monimbó, principal foco de resistencia en Masaya, situada a 25 kilómetros de Managua. El simbólico barrio donde los nicaragüenses se levantaron contra el dictador Anastasio Somoza a fines de los 70 como parte de la revolución que abanderó, entre otros, el actual mandatario, se convirtió en el centro del movimiento que pide la salida de Ortega del poder.
El ataque, considerado el más feroz realizado contra Masaya, situada a 25 kilómetros de Managua, comenzó en las primeras horas de ayer, cuando las fuerzas gubernamentales rodearon la ciudad y dispararon contra el barrio indígena de Monimbó.
Testigos indicaron que las campanas de las iglesias sonaron temprano para alertar a la población, después de que varios francotiradores tomaron posiciones en algunos edificios públicos. "Nos están atacando por varios puntos aquí en Monimbó", dijo el líder del movimiento estudiantil en Masaya, Cristian Fajardo, que a través de las redes sociales pidió a la población del país "que levanten barricadas y abran zanjas" para seguir la protesta. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, exhortó por Facebook al pueblo de Masaya a "resguardarse en sus hogares o lugares seguros para evitar una muerte más", y a los fieles los instó a mantenerse en oración permanente. El obispo de Managua, monseñor Silvio Báez, llamó a los pobladores de Monimbó vía Twitter a desocupar las barricadas y a poner sus vidas a salvo.
En su intervención de mediodía de ayer a los medios oficiales, la vocera y vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo que era necesario "limpiar" la ciudad —particularmente el barrio indígena de Monimbó— porque era centro de vejaciones y atropellos contra los ciudadanos, como un oficial de la policía que murió en una barricada el fin de semana. Según Murillo, los manifestantes son un grupo de "golpistas, unos pocos, malignos, siniestros, diabólicos, satánicos y terroristas".
El jefe de policía de Masaya, Ramón Avellán, había anunciado el lunes que intervendrían "al costo que sea" en la ciudad para remover todos los tranques (retenes) y barricadas instalados por manifestantes que protestan contra Ortega.
El analista Oscar René Vargas dijo que la intención del gobierno es "declarar libre" a Masaya para presentarlo como una victoria el 19 de julio, cuando se cumplen 39 años de la revolución que derrocó a la dictadura somocista. "Sería una victoria táctica pero no estratégica porque la rebelión interna se va a mantener y a nivel internacional Ortega se seguirá mostrando como lo que es: un dictador que trata de imponerse a sangre y fuego", dijo.
El nuevo ataque a Masaya, erigida en símbolo de la resistencia al presidente Ortega, desencadenó ayer una condena inmediata en Estados Unidos, cuyas autoridades acusaron directamente al gobierno del ex guerrillero sandinista Daniel Ortega de estar perpetrando la violencia. El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de "genocidio" lo que está ocurriendo en el país centroamericano. El Departamento de Estado ya había emitido el lunes un comunicado advirtiendo a Ortega de que la violencia está "minando" cada vez más su legitimidad y volvió a pedir elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes en Nicaragua.
La alta representante de política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, también condenó ayer la violencia en el país centroamericano y mostró la disposición del bloque europeo a "acompañar y apoyar" el dialogo nacional para superar el conflicto. También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACDH) denunció la creciente violencia por parte del Estado en Nicaragua y expresó su preocupación por la persecución de activistas en el país.
Nicaragua vive su peor crisis en los últimos 40 años. Ayer se cumplieron tres meses del inicio de las protestas y la cifra de muertos supera las 350, según la ANPDH, que además reporta más de 2.000 heridos y cientos de detenidos, en su mayoría jóvenes.
Al cumplirse tres meses desde que estallaron las protestas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se afianzó en el poder gracias a la acción armada de policías y paramilitares, mientras cierra puertas al reclamo de la comunidad internacional para buscar una solución pacífica a la crisis. Tras acceder en mayo a dialogar con la opositora Alianza Cívica, nacida al calor de las protestas estudiantiles de abril, el ex guerrillero de 72 años echó pie atrás y presuntamente rechazó incluso una oferta de EEUU para negociar su salida del poder y adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021.
Posiblemente oxigenado por un diálogo nacional que la Iglesia Católica, como instancia mediadora, aún intenta preservar, Ortega halló su fuerza en los grupos parapoliciales, que hicieron su debut aterrorizando las principales ciudades del país donde ya nadie se atreve a salir de su casa después de las seis de la tarde. Redadas, capturas selectivas y asaltos a viviendas sin orden judicial son el modus operandi de estos nuevos cuerpos armados, tolerados por el ejército pese a la crítica ciudadana. Los temidos encapuchados atacaron a balazos tres grandes marchas pacíficas desde fines de mayo y el fin de semana pasado arrasaron con los tranques (retenes de protesta) en la región sur-central donde dejaron más de 25 muertos. El 7 de julio, al sentenciar que haría desaparecer los tranques, Ortega se refirió por primera vez a los opositores como "asesinos y terroristas". Endureció así su discurso descartando toda posibilidad de adelantar los comicios y criticó por primera vez en público a los obispos de la Conferencia Episcopal. A partir de ese día hubo nuevos ataques de paramilitares a estudiantes, mientras en Diriamba (sur) rabiosos activistas del gobierno agredieron a golpes a un grupo de obispos, sacerdotes y al nuncio apostólico en el país, el polaco Waldemar Sommertag.
Días después, una iglesia de Managua fue baleada por paramilitares que la sitiaron durante 16 horas. En su interior, más de 150 estudiantes previamente desalojados de la universidad vivieron momentos de terror junto un grupo de religiosos y periodistas. Junto a obispos y sacerdotes, conocidas figuras de la sociedad civil, empresarios, periodistas y dirigentes políticos ligados al sandinismo disidente comenzaron a ser señaladas esta semana como "golpistas" y sus rostros circulan en videos anónimos amenazantes. ¿Por qué gobernar bajo extrema tensión, con cientos de muertos en sus espaldas y una economía que en 90 días pasó de la fragilidad a la ruina?, se preguntan políticos, diplomáticos y ciudadanos comunes que jamás imaginaron revivir días tan dramáticos como los que en 1979 precedieron a la caída del dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a derrocar.
