Desde hace dos semanas, miles de bolivianos tratan de retirar sus ahorros de los bancos y cambiar los pesos por dólares, causando una corrida bancaria y cambiaria inesperada en un país que se ha caracterizado por su estabilidad. En la últimas semanas los bolivianos se agolpan a las puertas del Banco Central de Bolivia, en La Paz, y en las casas de cambio para comprar dólares, ante la escasez de la moneda estadounidense en el país por la caída de las reservas internacionales. La pérdida de reservas se origina en las menores ventas del principal producto de exportación de Bolivia, el gas natural, pero también por errores del gobierno del presidente Luis Arce y el contexto inflacionario internacional.

La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados. Este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del modelo económico que mantiene el gobierno de Arce, quien fue su creador como ministro de Economía del presidente Evo Morales (2006/2019). Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia descendieron de 15.123 millones dólares en 2015 a sólo 3.538 millones en febrero de este año, de los cuales apenas 302 millones están en divisas tangibles. Esta reducción, provocada principalmente por la caída de las exportaciones y el contexto internacional de inflación, despertó temor entre la población, que se ha lanzado a comprar dólares para mantener sus ahorros, huyendo del peso boliviano.

La corrida llama la atención en un país donde el 86% de los depósitos bancarios estaba hasta hace poco en pesos, igual que el 99% de los créditos, y en el que las operaciones comerciales, incluso la compraventa de autos y viviendas, se hace en pesos bolivianos.

El Banco Central de Bolivia respondió a la crisis habilitando la venta directa de dólares al tipo de cambio oficial para disminuir la presión sobre los bancos privados. El último viernes el gobierno anunció la inyección de más de 540 millones de dólares con la liberación del encaje, lo que habilitó 240 millones de dólares y con los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por otros 300 millones, informó el portavoz presidencial Jorge Richter. “Bolivia está enfrentando en estos momentos una iliquidez de dólares, de divisas para las operaciones de importación y exportación”, admitió el gobierno de Luis Arce a través de Richter. Sin embargo, el vocero declaró que la demanda de divisas está siendo atendida, “por un lado, liberando el encaje financiero ante los bancos, que les ha permitido disponer de alrededor de 240 millones de dólares, una medida circunstancial con fecha determinada; y número dos, se han liberado también, a través de los Derechos Especiales de Giro, 300 millones de dólares en divisas. El país tiene, en este momento, estos recursos mientras se aprueban lo créditos, mientras ingresan divisas efectivas al país”, explicó Richter.

La demanda de dólares llevó al Banco Central de Bolivia (BCB) a realizar la venta de la divisa de manera directa a la población. Entre el lunes 6 y el sábado 11 de marzo, el BCB vendió 24.124.000 de dólares a 298 personas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Richter advirtió a quienes compran dólares “imaginando que el precio de éste va a subir” que "harán un mal negocio” porque “no hay, en el futuro inmediato, posibilidad alguna de que puedan obtener ventaja económica, porque el precio de la divisa no se va a mover hacia arriba, como están pensando algunos y también están generando esa sensación”.

Pero el mar de fondo existe y tiene su fundamento: la caída de las reservas internacionales y el ingreso escaso de nuevas divisas. El portavoz de Arce también se refirió a la situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) . Afirmó que en años anteriores una gran parte de los recursos que fueron acumulando en las RIN estuvieron en función de las ventas de gas a Argentina y Brasil, "pero que esto cambió”. Richter dijo que esperan aumentarlas con medidas de mediano y largo plazo. De inmediato se espera concretar la sanción del proyecto de ley que permita al BCB comprar oro, mientras que a largo plazo se pretende reducir la subvención a los hidrocarburos como parte de la política de industrialización para sustitución de importaciones.

“Progresivamente vamos a ir produciendo nuestro propio diésel para no subvencionar una cantidad tan importante. Al final de la gestión del presidente Luis Arce se estima que el país va a producir el 70 por ciento de su diésel, con ello el país va a tener unos recursos que va a poder disponer para otro rubro y no para la subvención”, aseguró Richter. La subvención del consumo de combustible se llevará este año 7.642 millones de pesos bolivianos, equivalentes a unos 1.114 millones de dólares.

Pese a los anuncios de Richter, existe preocupación por las medidas del gobierno para financiarse. Por un lado, el Banco Central emitía un reporte semanal sobre sus reservas, pero el último informe fue del 8 de febrero. Desde hace más de un mes no publica más ese informe, con las imaginables especulaciones sobre cómo están realmente las reservas. El Estado además emitió "Bonos Soberanos" a 20, 30 y 50 años de plazo con tasas de interés de 4,8, 5,0 y 5,1% que vendió a los fondos privados de pensiones. Pero la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación de Bolivia a “B-”, desde “B”, por el uso de "colchones externos de liquidez que aumentan enormemente la incertidumbre de corto plazo”. El país se empezó a endeudar y a consumir las reservas. Bolivia tiene un déficit fiscal de 7% del PBI, un porcentaje demasiado alto para cualquier país. El riesgo país saltó de 564 puntos a comienzos de año a más de 1000 puntos ahora, lo que hizo saltar las alarmas entre los ahorristas.

Fitch además bajó la perspectiva de la nota de "estable" a "negativa". Dijo en un comunicado que “la continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha hecho vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas. Se ha perdido el acceso al mercado exterior de bonos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala por parte de los acreedores oficiales”, agregó Ficht. La agencia argumentó que su perspectiva es negativa por las dudas de que las autoridades puedan manejar la situación.