La Paz.— Bolivia enfrenta demandas de empresas extranjeras por más de 900 millones de dólares, como consecuencia de las nacionalizaciones de los dos últimos años, aunque confía en que terminará pagando mucho menos, dijo ayer el gobierno izquierdista de Evo Morales.
El detalle de los desafíos legales y costos económicos de las nacionalizaciones fue divulgado cuando faltan menos de cuatro semanas para que Morales ponga en juego su "revolución democrática y cultural" en un referendo revocatorio de mandato.
Tras confirmar reportes coincidentes de los diarios locales La Razón y La Prensa, el portavoz de un recién creado ministerio de defensa de las nacionalizaciones dijo que todavía es muy pronto para calcular el costo de las eventuales indemnizaciones, porque esto depende de procesos legales y negociaciones.
"Los montos señalados en algunas demandas son sólo aspiraciones de las empresas, de ahí dista mucho a lo que se vaya a pagar, si se paga", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de las Recuperaciones Estatales, Adalid Cabrera.
Los diarios dijeron que el grupo de inversiones Ashmore Energy International exigió al Estado boliviano, mediante una demanda en un tribunal de Estocolmo, un resarcimiento de 500 millones de dólares por su participación de un 50 por ciento en la operadora de ductos Transredes, nacionalizada el mes pasado.
En tanto, el gigante de las telecomunicaciones Telecom Italia presentó otra demanda, por 350 millones de dólares, ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por su participación del 50 por ciento en la telefónica Entel, que el gobierno de Morales nacionalizó el 1º de mayo.
Los diarios agregaron que el gobierno negociaba compensaciones con el grupo suizo Glencore, por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto en 2006, y con Graña Montero de Perú y Oil Tanking de Alemania, que controlaban hasta mayo una empresa de almacenamiento de hidrocarburos.
Aporte de Chávez
La petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) aumentará sus inversiones en Bolivia, con el aporte de 883 millones de dólares en la explotación de nuevos campos de gas y petróleo en los próximos cinco años. El gobierno de Evo Morales necesita nuevas inversiones, que se detuvieron tras la nacionalización de los hidrocarburos.
