Las primeras reunificaciones de familias inmigrantes separadas tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos dejaron escenas dolorosas: algunos de los niños menores de cinco años devueltos el martes a sus padres no los reconocían tras varios meses separados. The New York Times relató ayer la reunión de dos madres con sus hijos de tres años en Phoenix, Arizona. "Mi alegría se tornó temporalmente en tristeza", dijo al rotativo Mirce Alba López, de 31 años, quien el martes volvió a ver a su hijo Ederson, de tres. El pequeño no sabía quién era ella y se largó a llorar. "Quiero a Miss, quiero a Miss", le gritó por su parte Darly a su madre, Milka Pablo, de 35, pidiendo volver con la mujer que la había cuidado en el albergue en el que estuvo desde la separación.
"Quiero irme con mi hermanita"
En la estación de colectivos de Phoenix, los hijos de Mirce López y Milka Pablo comenzaron a referirse entre ellos como hermano y hermana, pero durante el día no usaron la palabra "mami" con las mujeres que estaban abrazándolos y alimentándolos. Darly, quien ya había aprendido a usar el baño antes de la separación, de nuevo tuvo que usar pañales. Ederson insistía en comer solo Doritos. "Quiero irme con mi hermanita", dijo, y señaló a Carmen, de trece meses de edad, quien estaba en los brazos de Denis Espinoza, su padre hondureño quien fue liberado con el grillete veinte días después de la separación. "Mira", dijo López, la madre de Ederson, "cree que esos son sus hermanos".
La administración de Donald Trump comenzó el martes a reunir por orden judicial a los niños menores de cinco años a los que había separado de sus padres. Son 102 de los en torno a 3.000 menores arrebatados de sus padres después de que estos fueran detenidos, perseguidos penalmente por entrar ilegalmente en el país.
Pero el gobierno de Trump solo logró devolver el martes a 38, según las últimas cifras oficiales. El propio juez que le había dado de plazo hasta el martes para reunir a los más pequeños (hasta 5 años) tuvo que ampliarlo al ver que no iba a ser posible. La administración Trump tiene hasta el día 26 de julio para devolver a los mayores de cinco años.
Preguntado por el incumplimiento del plazo, Trump contestó: "Bueno, tengo una solución. Díganle a la gente que no venga a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución". El gobierno se defendió describiendo padres con antecedentes penales graves, cinco adultos cuyo ADN mostró que no eran los progenitores de los niños que reclamaban y un caso de abuso infantil creíble. "Nuestro proceso puede no ser tan rápido como algunos querrían, pero no hay duda de que está protegiendo a los menores", señaló Chris Meekins, funcionario del Departamento de Sanidad que ayudó a dirigir el proceso.
La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
Para la reunificación de las familias ordenada por el juez Dana Sabraw, de San Diego, la administración Trump ha empezado a dejar en libertad con brazaletes electrónicos en el tobillo a los progenitores, ya que otra jueza federal rechazó el lunes darle permiso para encarcelar a los niños con sus padres. La ley permite tener a los menores en un centro de detención solo 20 días y la jueza Dolly Gee, de la Corte Federal de Distrito en Los Angeles, se negó a cambiarlo. De esta forma, la administración Trump vuelve a la política que aplicaba el demócrata Barack Obama y contra la que ha arremetido tanto: detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera y dejarlos después en libertad condicionada a apariciones regulares ante las autoridades mientras se tramitan sus casos migratorios en las cortes. La separación de las familias en la frontera se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera. La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Tres mil menores
Desde el 19 de abril fueron separados unos 3.000 en base a una política que la administración Trump ha bautizado como "tolerancia cero" y que se ha utilizado para desincentivar la llegada de inmigración ilegal. Las separaciones generaron una ola de indignación con el gobierno de Trump al que se sumaron incluso la ONU y el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin. No pretendía, no obstante, acabar a la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero la jueza de Los Angeles le negó el lunes último el permiso.
