La Paz. — Las negociaciones entre el gobierno boliviano y la oposición para
frenar la ola de violencia en el país entraron ayer en crisis, luego de que efectivos militares
detuvieran a un gobernador regional por una matanza de campesinos seguidores del presidente Evo
Morales. El gobernador del sureño departamento de Tarija, que representa a los rivales de Morales
en las conversaciones que buscan pacificar a la convulsionada nación, dijo que el diálogo "agoniza"
y que sólo puede salvarlo Morales si libera al dirigente apresado.
El conservador prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, fue
detenido ayer en una aparatosa operación militar en Cobija, la capital del distrito amazónico, al
día siguiente de que Morales recibiera el apoyo de los mandatarios de Sudamérica para frenar lo que
denunció como un intento de golpe civil. El arresto agudizó la crisis con protestas a favor y en
contra de Fernández.
"Esperamos que el presidente pueda reflexionar sobre el impacto de su decisión
en un proceso que se convertía tal vez en la última oportunidad para pacificar nuestro país",
afirmó el prefecto Mario Cossío en la ciudad oriental de Santa Cruz tras abandonar las
negociaciones en La Paz. De hecho, la oposición consideró que la decisión de Morales era una
ruptura fáctica del diálogo.
Llamado a la tregua. A su vez, el vicepresidente Alvaro García dijo que Cossío
conocía de antemano la intención de detener a Fernández. "Los crímenes no se negocian, no se
pactan, en el resto hay apertura", dijo. García agregó que el documento para una mesa de
negociación sobre los temas de fondo ha sido firmado por el gobierno e instó a los prefectos
opositores a hacer lo mismo para comenzar a debatir desde mañana. El propio Morales anunció la
detención de Fernández, lo que de inmediato pareció dejar en suspenso las negociaciones. "La
detención del prefecto del departamento de Pando obedece a una determinación legal; las fuerzas
armadas están cumpliendo su rol legal en el marco del estado de sitio", dijo Morales, al confirmar
la caída uno de los cuatro dirigentes regionales que lideran las protestas contra los planes
socialistas de su gobierno.
El viernes pasado, tras dictar el estado de sitio en Pando, el gobierno ordenó
la captura de Fernández por supuestamente haber contratado sicarios para emboscar a un grupo de
campesinos oficialistas que se movilizaban por una carretera a unos 30 kilómetros de Cobija,
dejando al menos 15 muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos.
Pando, junto a los departamentos opositores orientales de Beni y Santa Cruz y el
sureño Tarija están convulsionados desde hace casi un mes por violentas protestas contra el plan de
Morales de consultar a la población sobre una nueva Constitución de línea indigenista-socialista.
La Carta Magna profundizaría la nacionalización de la economía, daría más poder a la mayoría
indígena y aceleraría una reforma agraria que golpearía a los terratenientes del oriente del país.
Pese a la tensión, el gobierno inició el viernes pasado conversaciones con la oposición para llegar
a un acuerdo que permita abrir un diálogo que frene la ola de violencia, que incluyó bloqueos de
rutas, saqueos y tomas de oficinas públicas y gasoductos. Morales había expresado su confianza de
firmar ayer mismo un pacto, que incluiría aceptar la compatibilización de las demandas de autonomía
de los distritos con el nuevo texto constitucional.
Fernández enfrenta una posible condena de hasta 30 años de cárcel sin derecho a
indulto, dijo el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, al reiterar que el gobierno lo considera
responsable de la emboscada al caravana campesina.
Apoyo regional. Morales, quien denunció que las protestas eran parte de una
conspiración, recibió un contundente respaldo el lunes por parte de sus pares sudamericanos,
quienes rechazaron en una cumbre en Santiago, Chile, cualquier intento de golpe o una división de
Bolivia que pudiera alentar la oposición autonomista.
Aún persistían ayer bloqueos carreteros en varias de las cuatro regiones
rebeldes que se oponen al proyecto constitucional que encamina Morales y exigen la devolución de
unos fondos confiscados por el gobierno cuya demanda detonó el conflicto.
