El Mundo

Acusan a Maduro en La Haya por más de 8.000 asesinatos

La denuncia la presentó ante la Corte Penal Internacional la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Se trata de delitos de lesa humanidad

Viernes 17 de Noviembre de 2017

La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acusó en La Haya al régimen de Nicolás Maduro de cometer más de 8.000 asesinatos. La destituida fiscal general presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya una serie de pruebas contra el presidente Maduro y varios de sus ministros para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad. También solicitó una orden de captura internacional contra el presidente venezolano.

Las gravísimas denuncias alcanzan a Maduro y a su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; al ministro del Interior, general Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, general Gustavo González; y al jefe del gobierno del Distrito Capital y ex jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), general Antonio Benavides Torres. Los generales predominan en el gabinete de Maduro y tienen gran parte del poder real del régimen chavista.

"Han cometido crímenes como asesinatos, torturas, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En mi condición de fiscal he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, con que cuenta el Ministerio Público", explicó Ortega Díaz en La Haya. La acusación principal de la ex fiscal, basada en "más de mil elementos probatorios", se centra en las cifras de la represión entre 2015 y junio de 2017. Las dos olas de protestas populares fueron brutalmente reprimidas por el chavismo. "Estamos denunciando que en 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares, en el año 2016, 4.667 bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de 1.846 personas, todas bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el gobierno de limpieza social". "Nuestra Constitución dice que en las manifestaciones no se pueden utilizar armas de fuego, sino que (la represión legal) tiene que ser proporcional a la violencia de los manifestantes. Si tiran piedras no pueden utilizar armas. Posteriormente he venido haciendo objeciones a unos operativos que se diseñaron en Venezuela por el tema de seguridad ciudadana que llamaron OLP, Organización para la Liberación del Pueblo, que eran verdaderas represione del pueblo pobre. Había allanamientos sin orden judicial, desalojaban a las personas de sus hogares, de sus viviendas, les robaban sus propiedades, computadoras, teléfonos, laptops".

Ortega Díaz señala a los máximos dirigentes chavistas como responsables de "crímenes de lesa humanidad". Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por esta razón acepta y debe acogerse a la jurisdicción de la CPI, que investiga delitos como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. La ex fiscal les atribuye "asesinatos, torturas, encarcelación, así con un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia, no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", consideró. La denuncia incluye informes médicos, pericias psiquiátricas, inspecciones técnicas y entrevistas que prueban además "17.000 detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura" y "la militarización de la seguridad ciudadana que permitió el uso de armas de fuego en las manifestaciones".Ortega fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Constituyente.

La ex fiscal denunció en marzo que el Tribunal Supremo perpetró una ruptura del orden constitucional a través de dos sentencias que despojaron de sus atribuciones al Congreso. Allí inició la última crisis, pese a que el Supremo retiró esas dos sentencias por orden de Maduro. Ortega Díaz, que había sido una obediente integrante del régimen, se rebeló y comenzó a denunciar la represión ilegal.

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