Pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes a las 10 de la mañana la audiencia celebrada ayer en el Ministerio de Trabajo para negociar la situación laboral del casi centenar de empleados de la fábrica de helados Panda, de Villa Gobernador Gálvez, que rechazaron la oferta de la patronal de pagar en cuotas sólo el 50 por ciento de la indemnización que les corresponde, e incluir en este plan los tres meses de sueldo y aguinaldo adeudados.
En garantía de pago, la firma ofrece el propio edificio de avenida San Martín al 2800, el cual, según los trabajadores estaría embargado desde 2013, por lo que los empleados consideran que por lo prontono hay seguridad alguna sobre lo planteado en las negociaciones.
Hasta el momento hay siete despedidos “con causa”, aunque en la reunión de ayer la empresa no descartó reincorporarlos en futuras negociaciones. En ese sentido, uno de los trabajadores explicó a La Capital que el motivo que la empresa argumenta está relacionado con un episodio vinculado a la toma de decisiones y manipulación del preciado amoníaco, necesario para la conservación de los helados que quedan y que, con la autorización de la patronal, están vendiendo para subsistir en estos días. Sin embargo, los que recibieron el telegrama “no trabajan con las máquinas, incluso entre ellos hay una mujer que se encarga de la limpieza”, señaló el trabajador, que prefirió resguardar su identidad por temor a sufrir algún tipo de represalia.
Para sobrevivir. La sustancia imprescindible para no perder la mercadería se agotó el domingo pasado, por lo que los propios empleados tuvieron que comprar más, con una parte de lo recaudado de las ventas, no sin antes pagar una deuda que la firma mantenía con el proveedor. “Ahora tenemos amoníaco, pero no nos queda más que una semana para sobrevivir, porque nos van a cortar la luz. Estamos arruinados, estamos en la calle”, se lamentó un obrero al borde de las lágrimas.
Otro de los justificativos de los despidos sería que la fábrica “está tomada”, lo cual es desmentido por los trabajadores, ya que permiten que la patronal ingrese al lugar. También se argumentó en los telegramas que están “de paro”, anque “en todo caso estamos en asamblea permanente. No hay que olvidar que hace tres meses que no cobramos y que hace cinco que no tenemos materia prima para producir”, enfatizaron desde la planta, en donde los empleados mantienen guardias de 24 horas, por temor a que los dueños vacíen las instalaciones.
Provocación. “Nosotros vemos cierto apuro de los dueños por concluir con esto y no descartamos que estos telegramas sean una provocación para que generemos alguna violencia y les demos argumentos para que nos desalojen con la gendarmería o la policía”, advirtió Alberto González, secretario de organización del Sindicato de Obreros Pasteleros de Rosario y delegado gremial en la empresa en conflicto.
Luego de señalar que los abogados gremiales ya empezaron a trabajar en el rechazo de los telegramas, el gremialista criticó la ausencia en el conflicto de “algún sector de la provincia, como el Ministerio de la Producción, que debe tener algo para decir en este tema, pero no nos dan bola”.
“Nosotros queremos que nos paguen la totalidad de lo que nos corresponde. Hay empleados con muchísima antigüedad y los más recientes no tienen menos de diez años trabajando acá. Es horrible ver compañers llorando por los rincones. Algunos entraron a la fábrica cuando tenían 14 años y hoy tienen 60. Toda una vida dedicándose a esto. ¿Quién los va a tomar si los despiden?”, se preguntó uno de los últimos incorporados hace una década.
Expectativas. Si bien los trabajadores reconocen que “en este momento no hay esperanzas de que se dé marcha atrás con el cierre”, mantienen la ilusión de poder “conservar las fuentes laborales y en un futuro poder formar una cooperativa”. Mientras tanto, también destacaron que “no se acerco nadie del poder político a ofrecernos nada”, y remarcaron que “no queremos hacer lío en la calle para no perjudicar a ningun laburante. Por eso, la vez que nos manifestamos fue en la vereda”.
La planta originariamente perteneció a otra popular marca de helados que luego trasladó sus instalaciones al barrio Arroyito, de Rosario. La empresa pasó por varias manos hasta ser adquirida por el grupo Castro, propietario de una importante cadena de supermercados y de farmacias (Farmar) en la provincia de Corrientes.
Hoy los trabajadores de Helados Panda mantienen el local de avenida San Martín al 2800 para la atención al público y ofrecen descuentos de hasta el 40 por ciento en todos los productos y promociones especiales, y hasta agotar el stock de mercadería.
Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.
Por Elbio Evangeliste