Lamberto referenció que "en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas a la cual la República Argentina adhirió en 2008, los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad". En el mismo sentido enumeró el artículo 75 de la Constitución Nacional que en su inciso 23 dispone que corresponde al Congreso "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad".
"Debería notificarse al ciudadano que la percibe y antes del retiro definitivo darle la posibilidad de realizar el descargo administrativo"
"El Ministerio debería fijar criterios acordes a dicha normativa convencional para asegurar los derechos de personas con vulnerabilidad y, además, adoptar un nuevo procedimiento antes de decidir la baja de una pensión no contributiva realizando una evaluación de cada caso en particular, de conformidad con criterios adecuados. En caso de que corroborase que corresponde la baja debería notificar al ciudadano que la percibe y finalmente antes del retiro definitivo debe dar la posibilidad al beneficiario de realizar el descargo administrativo", indicó.
El defensor también expresó su preocupación al respecto y detalló que hasta el momento 240 ciudadanos han acudido a la institución. "En el norte y centro de la provincia son alrededor de cuarenta las personas que han acudido en busca de ayuda a la Defensoría, mientras que en el sur de la provincia superan los 200 casos", y analizó: "Muchas de estas familias se vieron fuertemente perjudicadas en sus economías familiares y en sus consumos diarios con la quita de la pensión que se realizó con un simple entrecruzamientos de datos y sin un análisis profundo de las necesidades y realidades de cada una de ellas".
Finalmente Lamberto solicitó que aquellos que han sido dados de baja sean reincorporados. "El Ministerio de Desarrollo Social debería reincorporar a aquellas personas que han sido excluidas del beneficio y someterlos al procedimiento descripto, y si luego de atravesar las tres instancias solicitadas no corresponde que la pensión siga vigente entonces proceder a dar de baja el beneficio", dijo, y culminó: "Ante la duda siempre hay que estar a favor de mantener la pensión no contributiva".
