El conflicto desatado en la isla El Espinillo frente a Rosario, donde existe una fuerte y hasta violenta disputa por la tierra, llegó a la Legislatura de la provincia. La Cámara de Diputados tiene para su estudio un pedido de informes ante el Ejecutivo provincial sobre su accionar ante el hostigamiento que la población de la isla y la comunidad educativa de la escuela Nº 1.139 Marcos Sastre denuncian recibir por parte de un productor ganadero que alega ser el dueño de los lotes pertenecientes a la provincia de Santa Fe.
La situación fue expuesta al diputado José María Tessa (Nuevo Encuentro) por el director del establecimiento educativo, Rubén Ferreyra; el presidente de la cooperadora, Gabriel Callegri, y el representante de la ONG Njambre, Federico Seineldín. Ellos aseguran que desde hace años son amenazados por un productor ganadero, Jorge A., que dice ser el dueño de las tierras. En los últimos meses estas amenazas se hicieron reales con la quema y destrucción de la casa de una de las más de veinte familias que allí habitan.
La isla. El Espinillo tiene aproximadamente 245 hectáreas, de las cuales 10 pertenecen a la provincia de Santa Fe. En 1947 esa porción fue expropiada y destinada al Ministerio de Educación, para garantizar el funcionamiento de la escuela, ubicada justo enfrente de Puerto Norte, y que lleva 76 años en el mismo lugar con una matrícula actual de unos 20 alumnos. Las tierras fueron puestas bajo la custodia de la cooperadora del establecimiento, a la que se autorizó a "acordar permisos con carácter precario a familias con niños en edad escolar que pidan radicarse en ese terreno", tal como establece el respectivo decreto.
"La cesión de las islas a la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos se realizó durante el gobierno de facto implementado en la última dictadura cívico militar. A ningún poblador ni pobladora se le ha preguntado si estaban de acuerdo pasar de una provincia a otra, o con cual jurisdicción se identifican o sienten más próximos. A casi 40 años de recuperación de nuestra democracia, es deseable que instituciones como la Cámara de Diputados, que es conformada por mandato del pueblo, comencemos a ocuparnos de este tipo de acciones, medidas y políticas aplicadas durante el terrorismo de Estado", expresó Tessa.
Por ello el ex dirigente de Amsafé requirió al gobierno provincial que informe cuáles son las medidas y acciones que implementará ante estas amenazas, destrucciones e intentos de desalojo por parte del ganadero. A su vez, pidió que se detalle la situación dominial de las 10 hectáreas correspondientes a la provincia de Santa Fe donde funciona mencionada escuela y la cooperadora, en calidad de custodia del terreno en cuestión.
"La situación que hoy viven las niñas, niños, jóvenes y adultos en la isla El Espinillo se enmarca en lo que desde mi banca vengo denunciando, trabajando y comprometiéndome. Es la defensa por un modelo de desarrollo sustentable que respeta y defiende la vida. Porque todo vuelve a ser parte de lo mismo, y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario: no a la explotación extensiva ganadera en los humedales, revalorización y respeto a las culturas, modos de vida y saberes populares, garantía del derecho a la educación para todas y todos los santafesinos", remató el legislador kirchnerista.
Violento conflicto. Tal cual lo publicó La Capital en su edición del 28 de septiembre, los pobladores de El Espinillo aseguran que viven amenazados por el ganadero Jorge A., que asegura que son suyas las tierras donde tienen asentadas sus vivienda, y les exige que paguen un alquiler. El caso integró la agenda de una reunión entre el ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, y su par entrerriano, Adán Bahl, celebrada días atrás con motivo de acordar acciones conjuntas de seguridad en las islas.
Desde el Ministerio de Educación dijeron oportunamente a La Capital que el expediente de esta disputa dominial se encuentra a la espera de una resolución de la Fiscalía de Estado, pero ratificaron la propiedad de la provincia de al menos las diez hectáreas de tierra donde está la escuela.
Policía. El conflicto va tomando ribetes cada vez más violentos, con atentados, insultos y amedrentamientos, tal cual lo aseguran los pobladores, quienes insinúan una posible connivencia de la policía entrerriana con el hacendado.
De hecho, el fiscal victoriense Eduardo Guaita reveló oportunamente que se está investigando el accionar policial de la Segunda Sección de Islas a raíz de las denuncias interpuestas por los pobladores.
El pescador que acusa al hombre de campo de haberle incendiado la casa presentó una denuncia en la Fiscalía de Victoria, y el ganadero hizo lo propio contra ese hombre por usurpación de terrenos ante los tribunales de la ciudad entrerriana.
