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El conflicto en las cerealeras no se resuelve y temen un caos operativo

La puja entre una cooperativa de estibaje y las exportadoras de Puerto San Martín y Timbúes complicó aun más la operatoria portuaria y preanuncia un caos en el extremo norte del cordón industrial, que ayer comenzó a hacerse palpable con el primer amontonamiento de camiones que no pudieron llegar a los puertos.

Viernes 26 de Marzo de 2010

La puja entre una cooperativa de estibaje y las exportadoras de Puerto San Martín y Timbúes complicó aun más la operatoria portuaria y preanuncia un caos en el extremo norte del cordón industrial, que ayer comenzó a hacerse palpable con el primer amontonamiento de camiones que no pudieron llegar a los puertos.

Aunque Herme Juárez, secretario general del gremio Supa y presidente de la Cooperativa de Servicios Portuarios dijo ayer que las negociaciones están avanzadas y próximas a un arreglo (ver aparte), voceros de las terminales consignaron que el dirigente no se baja de su exigencia de recomponer un ciento por ciento en dólares las tarifas, un planteo que califican de "extemporáneo y fuera de toda lógica".

Juárez negoció ayer con algunas terminales e intentó ponerle paños fríos a la tensión creada por el conflicto. Pero desde el sector empresario aseguran que mantuvo la presión al límite, en el cuarto día consecutivo de piquetes sobre las instalaciones de Terminal 6, Cargill y Bunge.

Los bloqueos fueron instrumentados a pesar de la oferta efectuada por directivos de las ocho terminales de la zona, que ofrecieron una recomposición del 25 por ciento en dólares, equivalentes a un 40 por ciento en pesos.

Los problemas con la carga de granos ya son noticia en el exterior. Tal cual lo consignó La Capital en su edición de ayer, un despacho de la agencia Reuters consignó los temores de que la protesta "se termine generalizando". Es que allí se embarca la tercera parte de los granos de la Argentina. Las empresas advierten que una parálisis significaría el caos para el negocio exportador, pero también complicaciones para las arcas del Estado, habida cuenta que el fisco recauda unos 100 millones de dólares por semana sólo en concepto de retenciones sobre los granos. De hecho, la noticia del piquete a los puertos repercutió en los mercados internacionales de commodities, alterando los valores de los contratos de soja de vencimientos más cercanos.

Según las empresas, el lock out sobre las terminales portuarias de Puerto San Martín y Timbúes "pone en riesgo también el trabajo de unos 4 mil operarios que no pueden prestar funciones con normalidad. Afectará además la producción de biodiesel para exportación y mercado interno, en un período de gran consumo local del combustible por parte del campo, por ser época de cosecha".

Por las instalaciones afectadas se embarcan anualmente unas 30 millones de toneladas, en su mayor parte arriban a los puertos en camión. Fuentes empresarias consignaron que las medidas de fuerza también paralizarán unos 5 mil camiones convirtiendo a la zona en un auténtico polvorín y multiplicando las dificultades de tránsito ya de por sí habituales en condiciones normales.

Argumentos empresarios.El origen del conflicto está en un reclamo de recomposición de tarifas impulsado por la Cooperativa de Servicios Portuarios, que regentea Herme Juárez.

Las ocho terminales que operan en Puerto San Martín y Timbúes ofrecieron una suba de tarifas del 25 por ciento, pero Juárez reclama el ciento por ciento. Los exportadores rechazaron de plano esa pretensión en base a estos planteos:

Los mayores costos que afronta la cooperativa (equipos más servicios) durante el último año apenas crecieron cifras por encima del 10 por ciento en pesos.

Los arreglos en discusiones paritarias que llegaron a un acuerdo en el mejor de los casos reportan aumentos del 25 por ciento, también en moneda nacional.

Por ser un monopolio, la Cooperativa de Trabajos Portuarios cobra tarifas que son el doble de las que se pagan en puertos vecinos, como los de San Lorenzo.

Sólo la tercera parte de lo que recauda la cooperativa va a parar al bolsillo de los trabajadores asociados. El resto, unos ocho millones de dólares anuales, queda en poder de los directivos de la empresa que lidera Juárez.

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