El debate sobre la coparticipación impositiva a las comunas reaviva un tema que
no por viejo deja de tener vigencia: el del desfasaje del avalúo fiscal de la tierra respecto del
precio de mercado, y su consecuente influencia en la recaudación. No es para menos. Si bien la
cotización de mercado de una hectárea de campo en el sur santafesino varía de acuerdo a las
distintas zonas, el piso se sitúa en alrededor de los 10 mil dólares la hectárea, aunque se llegó a
pagar el doble por la preciada tierra del departamento General López. Sin embargo la cotización
para la Administración Provincial de Impuestos (API) es de algo más de mil pesos por hectárea y
sobre esa base se establece el inmobiliario rural.
Si bien el gobernador Hermes Binner admitió que el
inmobiliario no se iba a tocar hasta el próximo año, no menos cierto es que hacerlo es una
necesidad imperiosa para la provincia y los propios municipios y comunas que coparticipan de ese
impuesto. Hace años que el inmobiliario rural no se ajusta a pesar de que el valor de la tierra se
quintuplicó desde el 2002 a esta parte.
Así pues para la API un campo de 41 hectáreas en Santa
Isabel está cotizado en algo más de 57 mil pesos y sobre esa base se establece el impuesto
inmobiliario. En el mercado ese campo lejos está de ese valor.
Uno igual a 41. En el sur santafesino no todas las hectáreas tienen el mismo
precio, ya que existen distintas zonas diferenciadas por la calidad de la tierra. No obstante el
promedio del valor de la hectárea está en el orden de los 15 mil dólares; es decir, cerca de 50 mil
pesos. Un precio bastante más alto que el que establece la API, ya que el valor de una hectárea
equivale a la cotización, por parte del Estado, de 41 hectáreas en Santa Isabel.
Lo concreto es que por ese campo de 41 hectáreas, cotizado
por la API en 57 mil pesos pero según el mercado en casi dos millones de pesos, se paga de
inmobiliario cuatro cuotas de 105 pesos, una suma realmente irrisoria en relación al valor de la
tierra.
Pese a todas estas condiciones favorables para el sector
agropecuario, y del ínfimo costo de impuestos provinciales, el porcentaje de morosidad en cuanto al
pago del inmobiliario rural es alarmante, según consignó una fuente oficial que pidió reserva de
identidad.
"La gente no creería la cantidad de personas que deben
impuestos inmobiliarios y menos aún los nombres que aparecen en la lista de deudores", graficó un
funcionario en estricto off para luego agregar que "generalmente los que más hectáreas tienen son
los más reacios a pagar y se acogen a todas las moratorias".
Municipios y comunas. Muchos presidentes comunales e intendentes coinciden en
que hay que ajustar el valor de ese impuesto aunque no hagan público ese reclamo. Menos aún en este
contexto en que el campo mantuvo un duro conflicto con el gobierno nacional y la mayoría de los
mandatarios tienen fuertes vinculaciones con el sector agrario.
Pero también es cierto que están en situación crítica de
financiamiento, y el ministro de Hacienda de la provincia, Angel Sciara, les dijo que no les
aumentaría la coparticipación y que tenían que reducir los gastos. En este marco, cobra más sentido
el sinceramiento de los costos.
Los mandatarios sostienen que de ajustarse el valor del
inmobiliario a precios "más reales" se podrían realizar muchas obras clave en pueblos y ciudades.
Es que los municipios y las comunas reciben coparticipación de ese impuesto y a mayor recaudación,
lógicamente ingresa más dinero a las arcas comunales.
En líneas generales el inmobiliario rural tiene una
morosidad del alrededor del 40 por ciento, al menos en el departamento General López. En cambio, la
de la tasa por hectárea, gravamen que pagan los productores para el arreglo de caminos rurales,
apenas alcanza el 20 por ciento. Esta tasa la establecen las comisiones comunales y van desde los
cinco litros de gas oil por hectárea hasta los doce según el distrito.
