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El avalúo fiscal de la tierra está cada vez más lejos del precio real

El debate sobre la coparticipación a los municipios reaviva el tema del desfasaje. Una hectárea que vale u$s 15 mil en el mercado, cuesta apenas más de mil pesos para la API.

Jueves 10 de Julio de 2008

El debate sobre la coparticipación impositiva a las comunas reaviva un tema que no por viejo deja de tener vigencia: el del desfasaje del avalúo fiscal de la tierra respecto del precio de mercado, y su consecuente influencia en la recaudación. No es para menos. Si bien la cotización de mercado de una hectárea de campo en el sur santafesino varía de acuerdo a las distintas zonas, el piso se sitúa en alrededor de los 10 mil dólares la hectárea, aunque se llegó a pagar el doble por la preciada tierra del departamento General López. Sin embargo la cotización para la Administración Provincial de Impuestos (API) es de algo más de mil pesos por hectárea y sobre esa base se establece el inmobiliario rural.

  Si bien el gobernador Hermes Binner admitió que el inmobiliario no se iba a tocar hasta el próximo año, no menos cierto es que hacerlo es una necesidad imperiosa para la provincia y los propios municipios y comunas que coparticipan de ese impuesto. Hace años que el inmobiliario rural no se ajusta a pesar de que el valor de la tierra se quintuplicó desde el 2002 a esta parte.

  Así pues para la API un campo de 41 hectáreas en Santa Isabel está cotizado en algo más de 57 mil pesos y sobre esa base se establece el impuesto inmobiliario. En el mercado ese campo lejos está de ese valor.

Uno igual a 41. En el sur santafesino no todas las hectáreas tienen el mismo precio, ya que existen distintas zonas diferenciadas por la calidad de la tierra. No obstante el promedio del valor de la hectárea está en el orden de los 15 mil dólares; es decir, cerca de 50 mil pesos. Un precio bastante más alto que el que establece la API, ya que el valor de una hectárea equivale a la cotización, por parte del Estado, de 41 hectáreas en Santa Isabel.

  Lo concreto es que por ese campo de 41 hectáreas, cotizado por la API en 57 mil pesos pero según el mercado en casi dos millones de pesos, se paga de inmobiliario cuatro cuotas de 105 pesos, una suma realmente irrisoria en relación al valor de la tierra.

  Pese a todas estas condiciones favorables para el sector agropecuario, y del ínfimo costo de impuestos provinciales, el porcentaje de morosidad en cuanto al pago del inmobiliario rural es alarmante, según consignó una fuente oficial que pidió reserva de identidad.

  "La gente no creería la cantidad de personas que deben impuestos inmobiliarios y menos aún los nombres que aparecen en la lista de deudores", graficó un funcionario en estricto off para luego agregar que "generalmente los que más hectáreas tienen son los más reacios a pagar y se acogen a todas las moratorias".

 

Municipios y comunas. Muchos presidentes comunales e intendentes coinciden en que hay que ajustar el valor de ese impuesto aunque no hagan público ese reclamo. Menos aún en este contexto en que el campo mantuvo un duro conflicto con el gobierno nacional y la mayoría de los mandatarios tienen fuertes vinculaciones con el sector agrario.

  Pero también es cierto que están en situación crítica de financiamiento, y el ministro de Hacienda de la provincia, Angel Sciara, les dijo que no les aumentaría la coparticipación y que tenían que reducir los gastos. En este marco, cobra más sentido el sinceramiento de los costos.

   Los mandatarios sostienen que de ajustarse el valor del inmobiliario a precios "más reales" se podrían realizar muchas obras clave en pueblos y ciudades. Es que los municipios y las comunas reciben coparticipación de ese impuesto y a mayor recaudación, lógicamente ingresa más dinero a las arcas comunales.

  En líneas generales el inmobiliario rural tiene una morosidad del alrededor del 40 por ciento, al menos en el departamento General López. En cambio, la de la tasa por hectárea, gravamen que pagan los productores para el arreglo de caminos rurales, apenas alcanza el 20 por ciento. Esta tasa la establecen las comisiones comunales y van desde los cinco litros de gas oil por hectárea hasta los doce según el distrito.

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