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El agua arrasó con los terraplenes ilegales de una empresa en las islas

Efectos colaterales. El emprendimiento de Berma Agri (ubicada frente a la costa de Villa Constitución), funciona desde 2008 a pesar de las normas que prohíben su actividad.

Lunes 01 de Febrero de 2016

La creciente del río Paraná pone sobre el tapete, de distintas maneras, la compleja problemática que afecta a la "salud" de los humedales, amenazada por el mal uso y depredación humana. La organización ambientalista El Paraná No Se Toca hizo un relevamiento de la situación actual, poco difundida, de los múltiples terraplenes y diques ilegales con fines productivos "que afectan grave e impunemente al invalorable ecosistema conformado por el delta de nuestro «Río Marrón»" y comprobó que "las obras que tenemos identificadas y localizadas en nuestra región están en su totalidad sobrepasadas y colapsadas por la inundación".

"Hemos corroborado con nuestros propios ojos la situación de la ya famosa explotación agrícola de Bema Agri (ubicada en la isla Irupé, en jurisdicción de Victoria y frente a la costa de Villa Constitución), como caso emblemático por su tamaño y antecedentes nefastos por el daño que ha producido y la impunidad que gozan sus responsables", comunicaron desde el grupo en alusión a la vigencia del emprendimiento montado en 2008 sin autorización ni habilitaciones, y que se mantuvo vigente y prosperó pese a intimaciones, procesos administrativos y judiciales que se han desarrollado desde entonces para el cese de la siembra, fumigación y movimientos de tierra, que son ilegales en las islas.

Reinciden. Ni siquiera la gran inundación de 2010 que EM_DASHcomo en este casoEM_DASH arrasó con todo cuanto había en las 10 mil hectáreas de extensión del establecimiento, desalentó a "los holandeses", tal como llaman los lugareños a los responsables visibles en el lugar: en diciembre de ese mismo año ya tenían el negocio en marcha nuevamente, y al margen de las normas. Incluso, en septiembre del año pasado se reavivó la polémica cuando circularon fotos de la construcción de galpones y silos en la isla circundada por los arroyos Estévez, San Lorencito y Los Laureles, algo impensado para el paisaje de esa zona.

La amplia repercusión mediática de ello derivó en una intimación del gobierno entrerriano para "la suspensión total de obras" y "el cese de toda actividad" y en una clausura impuesta por el municipio de Victoria. La firma interpuso un recurso contencioso administrativo en la Justicia, que terminó anulando las actuaciones y dictaminando que corresponde a la Fiscalía de Estado entrerriana resolver en el tema, porque las obras que desarrollan "los holandeses" afectan de un modo u otro al patrimonio público provincial.

Sin embargo, una vez más "hoy el río se ocupa de poner en su lugar lo que durante años no hizo ningún Ejecutivo del Estado, llámese nacional, provincial y municipal, lo que no decidió la morosidad de la Justicia, lo que venimos denunciando desde muchas organizaciones hace mucho tiempo, lo que los cómplices han dejado avanzar y lo que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha objetado seriamente hace más de un año", expresó El Paraná No Se Toca.

Agroquímicos. Sin embargo, aún "nos preocupa seriamente ya que esta empresa realiza actividad agroindustrial, dependiente de transgénicos y agrotóxicos, sobre el reservorio de agua dulce más importante que tiene nuestra región y con la creciente todo ese suelo se lava y no sabemos cuál será el resultado del esparcimiento sobre las aguas de estos venenos", advirtió la agrupación.

"Bema Agri y sus colegas menores en esto de andar destrozando la naturaleza de las islas hoy están con sus tierras supuestamente agrícolas bajo agua. Sólo sus instalaciones de silos quedan a flote sobre la inmensidad del humedal, que en silencio se ocupa de cumplir su ciclo vital atemperando pulsos de creciente y difundiendo la vida. Cuando baje el agua, seguramente este ciclo de impunidad tomará nuevo impulso", lamentaron los ambientalistas.

No obstante, la organización advirtió que seguirá denunciando, y "trabajando e impulsando que el Congreso de la Nación sancione la ley de humedales que el país necesita ante la destrucción creciente y las múltiples amenazas que estos ecosistemas padecen". Por eso, exhortaron a los organismos nacionales y provinciales a que tomen medidas "urgentes con la finalidad de que de una buena vez por todas esta empresa desaloje el humedal y cese de inmediato con su actividad ilegítima y de riesgo sobre el ecosistema. Una vez más llamamos a la reflexión a fin de que la vida esté por encima de los negocios inescrupulosos a costa de la salud de los ecosistemas y de las sociedades", concluyó el grupo, cuyo lema es: "El río nos une".

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