Asegurar la cooperación y la comunicación entre docentes de derechos humanos de las universidades nacionales argentinas y la información de sus actividades científicas son los principales objetivos de la flamante asociación, creada a principios de mes en Rosario.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue sede el pasado 5 de mayo de la conformación de esta asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesores de facultades de abogacía y presidida por la docente María Alicia Noli. No hay antecedentes en el país de un espacio de este tipo, conformado por docentes de esta área que enseñan en facultades de Derecho.
En el acta constitutiva de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos, las y los firmantes manifestaron su compromiso de “defender el Estado constitucional y democrático de derecho, pudiendo participar en procesos judiciales como amicus curiae —un asesoramiento experto en derechos humanos para participar como terceros en procesos judiciales—, así como emitir declaraciones públicas, individualmente o con otras instituciones”, además de “procurar una activa participación en el diseño de políticas públicas vinculadas a la especialidad, colaborando y asesorando a los poderes y entidades públicas y a instituciones privadas para la solución de problemas de derechos humanos”.
La intención de la asociación es mantener la vinculación y el intercambio con entidades públicas y privadas del país o del exterior que persigan fines similares. También agrupar a todos los docentes de facultades de Derecho que enseñen esta disciplina, y que gradualmente se incorpore como materia obligatoria en las currículas de todas las carreras de abogacía. Desde la asociación anticipan que realizarán reuniones periódicas mensuales y preparan un evento anual para el segundo semestre en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el marco de los 40 años del retorno a la democracia.
Del acto constitutivo participaron los decanos de las facultades de Derecho de la UNR y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), además de docentes de la cátedra de derechos humanos de la UNR y, de manera remota, más de 50 profesores y profesoras de todo el país de las universidades de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Litoral, Lanús, José C. Paz, Avellaneda, Salta, Jujuy, La Pampa, Comahue, Avellaneda, Mar del Plata, Champagnat, Río Cuarto y Nordeste.
Una materia obligatoria
La presidenta de la Asociación, María Alicia Noli (Universidad Nacional del Tucumán), expresó: “A 40 años de democracia y casi 30 de la reforma constitucional, nos reunimos profesoras y profesores de derechos humanos de facultades de Derecho de todo el país para formar una Asociación que nos nuclee y así atender de manera conjunta a los desafíos que la realidad nos presenta. Trabajaremos para que las currículas de todas las universidades incorporen la enseñanza de derechos humanos y se transmitan los principios de igualdad y no discriminación (en grado y posgrado, investigación y extensión ), con perspectiva de género y alcance transversal. Vamos a organizar encuentros presenciales anuales con jornadas de estudio y conversatorios, y otras actividades mensuales para fomentar debates y publicaciones”.
La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos tendrá una cobertura nacional y fomentará la investigación y la extensión en temas de derechos humanos y disciplinas científicas y técnicas afines. Su comisión directiva está encabezada por María Alicia Noli (presidenta), Ana María Figueroa (presidenta 1º) y Patricia Coppola (presidenta 2º).
La vicepresidenta de la asociación y presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, recordó que en el año 1985, en la Facultad de Derecho de la UNR —anfitriona de la actividad— se incorporó como materia anual la asignatura derecho constitucional 2: derechos humanos y garantías, siendo la primera del país que institucionalmente plasmó los contenidos de este tema por su importancia en la formación de los futuros abogados, posteriormente también en el posgrado de magistratura. También sostuvo que este espacio “debe servir para construir consenso sobre contenidos mínimos válidos para todas las universidades, con desarrollo de la epistemología propia del derecho internacional de los derechos humanos”.