Reforma universitaria

Un luminoso legado y los desafíos del presente

Transitar los 100 años de la Reforma Universitaria y los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos obliga a recordar la íntima y estrecha relación que existe entre esta Carta fundamental para las sociedades contemporáneas

Sábado 16 de Junio de 2018

Transitar los 100 años de la Reforma Universitaria y los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos obliga a recordar la íntima y estrecha relación que existe entre esta Carta fundamental para las sociedades contemporáneas y la educación desde una perspectiva universitaria. No existe posibilidad alguna de pensar estos derechos acuñados en 1948 y ampliados en las décadas posteriores, y que al igual que el ideario reformista hacen centro en la defensa de la dignidad humana, si no se tiene en cuenta el lugar central que le cabe a la educación como uno de los pilares del sistema democrático. Sin educación, sin garantía de acceso universal a ella, los postulados reformistas y aun los derechos humanos corren el riesgo de quedar reducidos a una mera enunciación de principios. Porque el sistema educativo, en todos y cada uno de sus niveles, es la herramienta fundamental que tenemos a nuestro alcance para imaginar los modos de transformar lo injusto y lo inequitativo de nuestras sociedades.

Es necesario conceptualizar no sólo el derecho a la educación en un sentido amplio, sino también en lo que a educación superior se refiere. Muchas veces se cae en el reduccionismo de pensar que con la escolaridad obligatoria (elemental en la ley 1420 de 1884, polimodal en la ley federal de educación 1993, secundaria en la ley nacional de educación 2006) el Estado garantiza este derecho básico. Por el contrario, si asumimos —como plantea Paviglianitti— que "el derecho a la educación, es el derecho esencial, porque es el derecho del hombre al desarrollo de la personalidad, a la adquisición de los conocimientos científicos y técnicos que corresponden a la época en que vive y al desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales para lograr sus máximas potencialidades en beneficio de la sociedad", no debiera haber límites de acceso a la educación superior.

Así, es el Estado, como representante del bien común, quien debe, no sólo garantizar sino también promover el máximo de educación posible y no restringirlo a los niveles obligatorios. Es por ello que el acceso y permanencia en la educación superior debe ser concebido como un derecho humano y, como tal, de carácter universal.

Desde esta perspectiva, Estado y sociedad tienen una deuda impostergable con todos aquellos ciudadanos que, teniendo la vocación y el deseo de continuar sus estudios superiores, no pueden hacerlo por impedimentos económicos, culturales, geográficos o de cualquier otra naturaleza. Vencer esta deuda es mucho más que un imperativo de carácter moral o ético: el Estado tiene obligaciones legales que implican un conjunto de prestaciones positivas orientadas a garantizar la escolaridad universal para los niveles obligatorios del sistema educativo, brindando y promoviendo activamente la posibilidad de ingreso, de aquellos que así lo deseen, a estudios superiores en la Universidad o en otras instituciones de educación superior.

Así, la universidad pública, como parte del Estado y financiada con recursos públicos, tiene el deber de implementar políticas de ingreso y permanencia que contribuyan a garantizar este "derecho fundamental". Este enunciado, que remite a un plano legal, y que se refleja en la gratuidad y en el ingreso irrestricto que consagra el estatuto de nuestra universidad, se torna insuficiente y formal si no es acompañado por políticas activas que tiendan a garantizar el pleno derecho de la población a una educación completa, de calidad y sin restricciones de nivel educativo.

Estos principios aquí enunciados fueron enarbolados por los jóvenes reformistas del 18 mucho antes de que fueran incorporados por las constituciones sociales como un derecho esencial del hombre. El movimiento reformista fue, desde sus orígenes, un firme defensor de la democratización del conocimiento avanzado y de excelencia, considerando que éste no debía estar reservado a una elite, sino que constituía un derecho al cual debían acceder todos los ciudadanos. Es al calor del pensamiento reformista y bajo su influencia que se desarrollan políticas activas que promueven la incorporación de las mayorías a la educación universitaria, concretadas a través de los distintos sistemas de becas, de las ayudas a estudiantes y del desarrollo de las áreas de bienestar estudiantil.

Es importante destacar que tanto las becas como las diversas políticas de bienestar estudiantil no se sostienen ni se legitiman en base a criterios meritocráticos, sino que son concebidas como derechos universales que, como tales, son reconocidos por el Estado, constituyéndose éste en responsable y garante de su cumplimiento.

Política sostenida

En lo que a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se refiere, podemos dar cuenta de una política sostenida en el tiempo y de carácter progresivo de acompañamiento y apoyo a estudiantes, con algunos números que respaldan esta afirmación (ver infografía). Por ejemplo, en 2012 el presupuesto destinado a Bienestar Estudiantil era de 8 millones de pesos, hoy es de poco más de 60 millones. Estas cifras dan cuenta del incremento sostenido de las partidas presupuestarias destinadas a becas, comedores y centros de salud; en cumplimiento del precepto —profundizado y reformulado por varias generaciones de jóvenes y viejos reformistas— de entender a la educación superior como un derecho de alcance universal.

Sin embargo, es necesario reconocer que el aporte realizado es insuficiente. Existe una gran mayoría de compatriotas que por diversas razones no llegan a la universidad, aun teniendo vocación para hacerlo; o incluso, lo que es igual de grave, muchos de ellos ni siquiera se plantean esa posibilidad como una opción.

Aun asumiendo que esta deuda es de una dimensión y complejidad que excede la posibilidad de resolución a corto plazo —y que supera las posibilidades materiales del sistema universitario—, no se justifica de ninguna manera que el derecho a la educación superior no sea atendido en forma progresiva y sistemática por el Estado, a través de sus herramientas legales y presupuestarias.

Como sostienen Abramovich y Courtis: "Si el logro de la satisfacción plena de los derechos no puede ser sino gradual, es decir, paulatino en el tiempo, la obligación de los Estados es ir transitando esa gradualidad mediante la implementación de medidas, en las condiciones de satisfacción del derecho". Por ello, resulta inadmisible e ilegal que el Estado no sólo reduzca las partidas presupuestarias destinadas a la educación, sino que además éstas no registren una actualización progresiva a través del tiempo.

Valga este primer centenario de la Reforma para que su memoración nos ayude a profundizar y a ampliar los ideales que la vieron nacer. Ese es el verdadero desafío del presente: mirarnos en el mismo espejo en el que se miraban los estudiantes del 18. Evocar sus luchas y conquistas no solo como pretexto de celebración de estos cien años de construcción educativa colectiva, sino también para robustecer el luminoso legado reformista, profundizando esa huella indeleble que nos ha marcado a muchos y que nos exhorta a seguir delineando un rumbo educativo que sea cada vez más plural, inclusivo y democrático.

Valga este primer centenario de la Reforma para que su conmemoración nos ayude a profundizar y a ampliar los ideales que la vieron nacer. Ese es el verdadero desafío del presente"

(*) Decano de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR)

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