Las infancias como sujetos de derechos, las leyes que los amparan y el abordaje desde la educación, la salud y las políticas públicas son algunos de los ejes del Curso universitario de competencias específicas en derechos de infancia y adolescencia. Una propuesta de la Cátedra James Grant, del Instituto de Cooperación Latinoamericana (Icla), que depende de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR).

La octava cohorte se cursará de forma virtual, es anual y comenzará a dictarse el viernes 5 de agosto, en el horario de 18 a 20. La actividad es arancelada y los cupos son limitados.

El programa está orientado a estudiantes de las carreras afines, miembros de organizaciones de la sociedad civil, empleados públicos, profesionales interesados en la temática y funcionarios públicos. Entre los temas que se abordarán en el curso figuran: seminario de introducción a la problemática de la niñez y la adolescencia, derechos, análisis de casos judiciales y administrativos, medios de comunicación, el Estado y las políticas públicas en la materia, patologización de la infancia, consumo y publicidad, industria del entretenimiento, y redes sociales e identidad digital.

“Me preocupan los niños inmersos dentro de las problemáticas de violencia familiar”, apunta a La Capital el juez Marcelo Molina, coordinador académico del curso junto a Carolina Hernández, jueza de Cámara de Apelación Penal Rosario Sala III y ex jueza de Menores de la Tercera Nominación.

Molina es juez de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, pero durante una década fue el responsable del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5. Es desde esa experiencia —que plasmó en libros como Cuánto tiempo es un tiempito y Un tiempito para tus derechos— que el juez manifiesta su preocupación en relación a las infancias con derechos vulnerados, sobre todo por las medidas que no se adoptan, o los tiempos que transcurren previo a la adopción de una medida excepcional.

—¿Qué temas de la agenda urgente de la infancia y adolescencia son los que más le preocupan?

—Desde la perspectiva del Poder Judicial me preocupan diversos andariveles. La situación de niñas, niños y adolescentes depende del contexto en el que se encuentren en relación a la sociedad y a la familia. Me preocupan los niños inmersos dentro de las problemáticas de violencia familiar, que quizás eso tenga un correlato —del cual no puedo dar cuenta porque no es mi ámbito— de la violencia desatada en el seno de la escuela. Me preocupa mucho la situación de niñas, niños y adolescentes con derechos gravemente vulnerados, que son los que serían beneficiarios de medidas excepcionales adoptadas por la Dirección de Niñez. Me preocupan más que las que se adoptan las que no se adoptan, y también una suerte de unidireccionalidad de la medida respecto de ciertas clases sociales en donde sí se adoptan y en otras no. Me preocupa mucho el paso del tiempo, especialmente el anterior a la adopción de una medida excepcional, el trabajo preventivo para no tener que adoptar una medida excepcional, lo que implicaría el fortalecimiento de los servicios locales de Niñez. Me parece que ahí es donde hay que poner el acento, más que en dotar —cosa que no vendría mal— a la Dirección de Niñez de mayores recursos. Creo que es en los servicios locales donde tiene que estar focalizada la cosa. En lo que tiene que ver con el resto de las materias a las que accede un juez de familia, pienso mucho en el tema de las adicciones en la niñez y en la adolescencia. Es un tema complejísimo y con muy pocas herramientas para abordarlo. Y también me preocupa el niño, niña o adolescente colocado en el medio de la disputa familiar, que es un clásico que sigue apareciendo en forma permanente, especialmente en aquellos casos donde hay denuncias de abuso. Por la gravedad de la denuncia, sea cual sea la respuesta: si es cierta la denuncia no hay nada que agregar, pero si no es cierta es terrible, porque separa, lesiona y en sí misma es una vulneración horrible de derechos.

—¿Cómo analiza el hecho de que adolescentes y jóvenes estén al tope en el número de crímenes en el Gran Rosario?

—Nunca fue mi ámbito natural el derecho penal ni menos aún la criminología. Pero como ciudadano creo que desde hace mucho tiempo hay un cambio paradigmático en nuestro país vinculado a la atención a las clases sociales marginales y humildes. Creo que en ese punto podemos remontarnos a la dictadura y un poco más también, donde hay una serie de derechos y posibilidades de estos sectores sociales que se han visto bombardeados. Y todo este tipo de cosas termina teniendo sus consecuencias. Creo que los cambios en la escuela de los años 90 fueron terriblemente perniciosos al respecto y a esto se agrega la problemática del uso y comercialización de las drogas, son un combo explosivo.

—¿Nota una judicialización de conflictos que antes se resolvían dentro de la escuela?

—Creo que más que en el ámbito de la escuela eran conflictos que se resolvían en el ámbito de la familia. Y no sé si se resolvían bien en el ámbito de la familia. Hoy lo que sí tenemos es un incremento de la judicialización que me parece que está vinculada a un mayor conocimiento y divulgación de los derechos. No hablo de la judicialización tipo patológica, sino de quien va a ejercer un derecho que antes no ejercía. Y con respecto a la escuela, uno en el tribunal ve a la escuela como un gran ámbito donde afloran los síntomas. Pero en general los conflictos están en la casa.

* El Curso universitario de competencias específicas en derechos de infancia y adolescencia comienza en agosto y para mayores informes e inscripción, escribir al email catedrajamesgrant@unr.edu.ar