Las universidades de América Latina atraviesan un momento en que es indispensable ejercer lo que el pedagogo brasileño Paulo Freire describía como una “pedagogía de la escucha”. Es decir, atenta a los sismos sociales y políticos que sacuden a sociedades cada vez más desiguales. Así lo entiende Sandra Regina Goulart Almeida, rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y presidenta de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, un consorcio de instituciones de educación superior del Cono Sur que integra entre otras, la UNR.
Con estas palabras, la investigadora abrió su intervención en el Congreso Internacional de Universidades Públicas (Ciup), que se desarrolló recientemente en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí también participó de un panel sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), donde afirmó que no es posible una educación de calidad sin inclusión ni oportunidades para todos.
—Siempre se dice que las universidades se transformaron durante de la pandemia. Pero me gusta decir que no cambiamos mucho, sino que hicimos lo que estamos acostumbrados a hacer, con más efectividad o de forma más amplia. Porque estamos acostumbrados a atender las demandas de la sociedad en todos los sentidos. El Grupo Montevideo tiene una historia de apoyo a la extensión universitaria, pero con la pandemia lo que pasó fue que eso se hizo mucho más urgente y la sociedad entendió esa función que las universidades tienen de atender a esas demandas. Desde test de Covid, el acompañamiento a poblaciones vulnerables o la atención a la cultura, que fue un área muy afectada por la pandemia. Fueron muchas las acciones que hicimos y que debemos ampliar más. Entendemos que hay una demanda y un reconocimiento de la sociedad y que ahora tenemos cada vez más que pensar en este contexto de la pertinencia y del impacto de la universidad. Calidad es inclusión y con el reconocimiento de la sociedad para las demandas que tenemos que atender. Es decir, el impacto social de las universidades.
—Decías recién que la calidad no solo se mide en la currícula sino también en qué hace esa universidad con la sociedad que la sostiene.
—Exactamente, porque eso es calidad. Calidad es sostener una relevancia y pertinencia para la sociedad. Claro que las carreras tienen que estar bien estructuradas, pero no es solo eso. Tenemos que ver también si están atendiendo las demandas de la sociedad, si están pensando en la inclusión y en la permanencia de los estudiantes. Si estamos trabajando en la interculturalidad, la inclusión de la diversidad, y si estamos promoviendo un intercambio de conocimientos entre lo producidos en la universidad y lo que viene de las áreas más populares, de los indígenas y los pueblos que tienen su propia cultura. Porque tenemos que aprender con ellos también.
—En la Argentina cada tanto suele contraponerse la idea de derecho a la de la meritocracia. ¿En Brasil también está presente este debate?
—Hay un debate, sí. Pero lo que digo es que no hay meritocracia sin igualdad, si la competición no parte de las mismas bases. Para tener meritocracia —y no tengo nada en contra del mérito— tienes que darle la oportunidad a que todas las personas tengan acceso, porque sino es desleal, no es justo. Porque están compitiendo con bases muy desiguales. Y no hay meritocracia cuando las bases son tan desiguales. Se tiene que garantizar la igualdad para que pueda después pensar en una posibilidad de mérito. Pero como está es imposible. Primero el derecho y la posibilidad, para que todas las personas tengan la posibilidad del acceso a la educación superior. Primero tenemos que incluir para después hacer políticas de apoyo a quienes se destacan en algunas áreas más que otros. Todos tienen que tener el derecho y la oportunidad antes de cualquier discurso de meritocracia.
—En tu discurso de apertura citaste a Paulo Freire para pedir una “pedagogía de la escucha”. ¿Qué implica?
—Me gusta mucho esa reflexión de Freire sobre la pedagogía de la escucha, porque cuando decimos diálogo a veces solo pensamos en hablar, pero eso no hace a la escucha. Hay una filósofa india que me gusta mucho que se llama Gayatri Spivak, que trabaja con la pregunta de si puede el subalterno hablar. Y la respuesta es no, porque no hay escucha. La escucha es la parte más importante del diálogo. Tenemos que estar listos para escuchar incluso las cosas que no nos gustan. La construcción se hace haciendo escucha de las demandas de todos los actores involucrados.
—¿Con qué universidad soñás?
—Sueño con una universidad que sea de calidad y al mismo tiempo inclusiva, porque inclusión sin calidad implica no dar las mismas oportunidades para todos. Y calidad sin inclusión es una universidad de elite. Sueño con una universidad que no tenga todo el tiempo que pelear por el presupuesto, que para nosotros en América Latina es algo constante. Sueño con una universidad que reciba la inversión necesaria, porque es importante para el futuro de los países. De eso no tengo dudas, la universidad es imprescindible para el proyecto de país que tenemos, pero necesitamos apoyo gubernamental, inversión y presupuesto adecuado. Y tenemos que tener también un diálogo e interlocución con la sociedad civil.
—El tema es que con los cambios de gobierno cambian mucho los proyectos. ¿Cómo sostener este sueño con propuestas tan disímiles?
—Esa es una pregunta importantísima. Nosotros tenemos que trabajar con la educación en algunas áreas estratégicas. Educación, ciencia y salud son áreas estratégicas para un país y tenemos que tener proyectos de Estado para estas áreas, no de un gobierno. Porque los gobiernos cambian y con ellos las prioridades. Necesitamos políticas de Estado, eso es esencial. Para eso necesitamos una universidad que piense en un plan estratégico para el futuro de los países.
La educación superior: un derecho humano y un deber de los Estados
Días atrás se conoció la Declaración de Córdoba, un documento generado por los aportes de rectores, académicos, docentes, no docentes y estudiantes de América Latina y el Caribe que participaron del Congreso Internacional de Universidades Públicas (Ciup), que culminó a principios de mes en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Allí se reafirmó la defensa de la educación superior como bien público social, como derecho humano universal y como un deber de los Estados.
En rigor, la Declaración de Córdoba retoma los postulados de las tres Conferencias Regionales de Educación Superior de la Unesco para América Latina y el Caribe (La Habana 1996, Cartagena de Indias en 2008 y Córdoba en 2018) y la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco realizada en París en 1998. “Cuando decimos que la educación superior es un bien público, expresamos que es necesario generar condiciones de igualdad y de equidad en el acceso, permanencia y egreso, para garantizar que todas y todos, sin discriminación de especie alguna, puedan acceder a una formación de alta calidad, en todos los territorios y de forma sostenible en el tiempo y a lo largo de la vida de cada persona”, señalan en el texto final del congreso, del que participó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci.
En la declaración —disponible en el sitio web del Ciup— instan también a atender “la deuda histórica que nuestras jóvenes naciones tienen con los pueblos indígenas y afrodescendientes y los sectores más empobrecidos y marginados de nuestras sociedades”. Y a “desterrar la herencia patriarcal de nuestras instituciones para brindar a las mujeres y diversidades de género iguales posibilidades que a los varones heterosexuales, no solo en el estudio y el trabajo, sino también en la gestión y conducción de las instituciones”.
Desigualdad e inequidad
Unas 1400 personas participaron del encuentro en La Docta, donde debatieron en base a tres ejes temáticos: integración, innovación y agenda 2030. “Creemos imperioso revertir las desigualdades e inequidades de la realidad actual que condenan a miles de millones de habitantes a padecer la violencia institucional, internacional e interpersonal, el hambre, la pobreza, la discriminación y el racismo, la desnutrición, la marginación y las migraciones forzadas, siendo nuestra región especialmente afectada por los mecanismos internacionales de gobernanza política, comercial y financiera”, expresa el documento, que además denuncia “cómo, día tras día, nuestro medio ambiente sufre los efectos de las políticas extractivistas que además de generar pobreza y dependencia, degradan nuestros recursos naturales y ayudan a agudizar los efectos del cambio climático global”.
Por ello, los universitarios reunidos en Córdoba acordaron impulsar “un cambio fundacional y estructural” en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, para poner en el centro de sus acciones la reversión de la desigualdad social que se ha profundizado aceleradamente durante los últimos años, tanto como consecuencia de la pandemia, como de la actual crisis económica, de la mercantilización de los conocimientos y de la polarización en la geopolítica mundial. “Somos testigos de cómo la creciente concentración de la riqueza y del poder económico, constituyen serios obstáculos para el desarrollo sostenible”, advierten.
El respeto de la libertad sindical de los trabajadores de las universidades, la garantía de una educación dignificante para los estudiantes y la defensa del conocimiento como un bien estratégico alejado del paradigma de competencia y consumo son otros de los ejes acordados. Sobre el final instan a pasar de las palabras a la acción, para lo cual se comprometen a promover una más efectiva integración regional y global en el marco del respeto y la tolerancia por las diversidades, a fin de aportar “a la construcción de un nuevo orden mundial, donde la cooperación domine por sobre la competencia y donde nuestra rica diversidad cultural se articule en un diálogo fructífero y generoso con otras culturas, pueblos y naciones”.
