Educación

Los docentes rurales se plantan frente a las fumigaciones

El testimonio de una maestra de Entre Ríos sobre cómo fueron fumigados sus alumnos. Derivó en un fallo inédito

Sábado 11 de Noviembre de 2017

El 4 de diciembre de 2014 una lluvia de agroquímicos cayó sobre la Escuela Rural Nº 44 de Colonia Santa Anita, en el oeste de Entre Ríos. Un alumno "de los más grandecitos" le avisó a la maestra Mariela Leiva que una avioneta estaba volando muy bajo y muy cerca sobre el campo de arroz lindero al edificio escolar. "Debe estar midiendo algo o relevando datos, imposible que fumiguen con nosotros adentro" pensó la docente, con 15 años de experiencia rural encima del guardapolvo. Pero no fue así.

Sin preaviso, ni respeto por la distancia mínima, ni receta agronómica en regla ni supervisión de algún ingeniero (todo lo que establece la ley provincial para las fumigaciones) el avión "mosquito" descargó su veneno sobre Leiva y 5 chicos de diferentes edades que en ese momento estaban en clases y se preparaban para terminar el año escolar.

En cuestión de minutos —sin tiempo para cerrar las ventanas y poner a resguardo a los chicos como establece el protocolo de actuación para casos de fumigaciones elaborado por el gremio provincial— todos empezaron a sentirse mal: mareos, vómitos, irritación de las mucosas y llagas en la boca fueron algunos de los síntomas luego constatados por la directora del centro de salud más cercano.

A partir de ese día comenzó una saga judicial llevada adelante por la campaña "Paren de fumigar las escuelas rurales" de la Agmer (Asociación del Magisterio de Entre Ríos) que terminó casi tres años después, cuando el Tribunal Oral de Concepción de Uruguay condenó a los tres imputados por la fumigación (el productor agropecuario, el dueño de la empresa de aviación y el piloto) por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa", tras comprobar que no se respetó ninguno de los criterios de protección que establece la ley local.

Fallo inédito

Un fallo inédito en esa provincia y raro a nivel nacional, que sienta un precedente y marca los límites de las llamadas "buenas prácticas agrícolas"; un relato que se repite en folletos y papelería pero que no se constata casi nunca en el territorio, donde manda el más fuerte.

"Era David contra Goliat. Era tirarle piedras a un gigante. Pero nunca dudé porque sabía lo que nos había pasado", contó la docente, quien el lunes pasado estuvo en Rosario en una charla organizada por la cátedra de ciencias sociales y didáctica II, junto al centro de estudiantes del nivel superior del Normal 2.

"El fallo hay que usarlo, difundirlo, hacerlo circular. Los maestros deben saber que hay que denunciar las fumigaciones ilegales porque sin denuncias no se puede avanzar", relató Leiva, para quien es clave "dejar que la Justicia investigue y haga su trabajo".

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Mariela Leiva ofreció una charla a estudiantes del nivel superior.
Mariela Leiva ofreció una charla a estudiantes del nivel superior.

Ruralidad

Mariela contó que es maestra rural, porque también fue una alumna rural. Comenzó a trabajar en esta modalidad educativa en 2004 cuando surgió la posibilidad de hacer una suplencia. En 2008 ganó el cargo para la Escuela 44, donde sucedió la fumigación. Allí trabajó desde abril de ese año hasta febrero pasado, cuando pasó a la Nº 96 Vecinos Unidos.

Aparte de las fumigaciones, existen muchas otras situaciones complejas en las escuelas rurales, como la deserción escolar. "A partir de quinto o sexto grado muchos varones dejan de venir porque empiezan a trabajar. Porque a las escuelas rurales van los hijos de los peones del campo, no de los dueños".

El maestro rural hace todo. Corta el pasto y arregla una bombita mientras planifica el programa de estudios. "Trabajamos en soledad, somos lo que se denomina «personal único». Estamos siempre muy en el ojo de la tormenta".

La campaña de Agmer para que paren de fumigar las escuelas comenzó en 2012 después que el gremio detectara que cada vez más maestros relataban situaciones de fumigaciones y problemas de salud en sus alumnos asociados a esto como conjuntivitis, erupciones en la piel y llagas en la boca.

Entonces se decidió arrancar con una campaña y un protocolo de actuación para casos de fumigación de escuelas rurales que funciona sobre dos ejes: los efectos sobre la salud de las fumigaciones, y los aspectos legales que ya existen en Entre Ríos que limitan esas prácticas productivas: "Empezamos a elaborar un proyecto y salimos a capacitar para que los docentes supieran qué hacer en estos casos".

Eso incluyó recorrer 17 departamentos de la provincia entregando folletos a las escuelas sobre los problemas de salud asociados a las fumigaciones, además de información legal clave para defender el derecho de los niños a un ambiente sano: la obligación de preaviso antes de la fumigación, el respeto de una distancia mínima y la necesidad de que haya un profesional a cargo son algunos de los deberes que tienen los productores según establece la ley entrerriana.

En Santa Fe, donde la problemática es la misma que en toda la zona agropecuaria, todavía no existe una manual de acción para maestros frente a fumigaciones de escuelas rurales. Un pedido que Amsafé renovó hace pocos días al Ministerio de Educación después que un establecimiento de San Genaro tuviera que suspender las clases al padecer una aspersión a pocos metros.

Vía legal

Inmediatamente después de haber resultado fumigada junto a sus alumnos, Leiva decidió dar aviso a la Justicia. Para eso resultó vital la ayuda brindada por los profesionales de la red de abogados de pueblos fumigados y la disposición de la fiscal Melisa Ríos, quien le dijo a la maestra "que se iba a poner a estudiar porque no sabía casi nada de legislación ambiental".

Ese es uno de los problemas que aparecen en estos casos: ni la policía, ni los oficiales de la justicia, ni los médicos y tampoco los docentes están preparados para enfrentar una situación de delito ambiental. Algo que desde Agmer buscan reparar con capacitación y la elaboración del protocolo de actuación.

Después de varias derrotas al no haber logrado que algunas instancias estatales entrerrianas constataran los efectos de las fumigaciones, el perito agrónomo designado por la fiscal avaló todo lo declarado por la maestra y las familias de los chicos, que (salvo una) acompañaron el proceso judicial. También el médico forense constató los síntomas, a los que encontró compatibles con una intoxicación por agroquímicos.

Controles de salud

Dos años después se realizaron las audiencias y el caso fue elevado a juicio, el primero en su tipo en esa provincia. Durante ese tiempo, desde el gremio trabajaron fuerte en temas de salud y ambiente y avanzaron en controles de salud en niños de escuelas rurales.

Mariela Leiva fue la primera en declarar en el juicio, del cual también participaron los chicos con el método de Cámara Gesell y asistidos por un psicólogo.

El 3 de octubre fue el día elegido para leer el fallo. Ese día los miembros del jurado encontraron culpables por unanimidad a los tres acusados. "Eso marcó el principio de una lucha y un compromiso por la vida que no se puede abandonar", dijo la docente.

"Festejamos el precedente —resaltó— que sentamos con ese fallo, lo festejamos por la vida, por el ambiente y por los derechos de los gurises de las escuelas rurales".


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