Los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se han pronunciado en varias oportunidades en contra de las políticas propuestas por el gobierno nacional. En diciembre pasado, el Consejo Superior de la casa de altos estudios rechazó el megadecreto y el proyecto de Ley Bases (llamada popularmente ley ómnibus). De igual modo lo hizo la Federación Universitaria de Rosario, que cuestionó el arancelamiento a alumnos extranjeros y el desfinanciamiento de las universidades públicas, y hace unas semanas fue el turno del rector Franco Bartolacci quien se pronunció en consonancia al estudiantado sobre los mismos temas. Por estos días, el cuestionamiento a la ley debatida en el Congreso se expresó de modo unificado por la comunidad de la UNR y todas sus representaciones gremiales. El rechazo unánime se hizo saber a través de una carta dirigida a los legisladores nacionales por Santa Fe, a quienes les solicitaron voten en contra de la delegación de facultades extraordinarias y de aquellas propuestas impulsadas por la norma para la educación superior.

En primera instancia, la carta cuestiona la manera intempestiva en el que se impulsa el tratamiento de ciertas reformas, que sostienen, poco tienen que ver con las urgencias y dificultades económicas que atraviesa el país. “En particular, queremos transmitir nuestra preocupación por el impulso a iniciativas de modificación de la legislación en materia de educación superior que entendemos, deberían ser el resultado del debate abierto y participativo de las comunidades universitarias de todo el país y no consecuencia de su inclusión sin consulta previa en un mega proyecto que excede largamente la especificidad del sistema universitario”, afirman, y sostienen que la normativa propuesta significa un retroceso respecto de los principios consagrados por la Constitución Nacional y la legislación vigente, y va en contra de los preceptos sostenidos históricamente y el reconocimiento de la educación superior como un derecho humano y universal, según lo establece la Declaración Final de la II Conferencia Regional de Educación Superior del Iesalc/Unesco de 2018.

La misiva dirigida a los legisladores santafesinos rechaza la legislación en debate y pone el foco en cada artículo en particular. Entre ellos destaca la modificación prevista para el art. 553, que contradice lo establecido por la Constitución Nacional (CN), “que establece que todos los habitantes de la Nación gozan de los mismos derechos (art. 14 de la CN) y que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles y no están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias (art. 20 de la CN)”. Sostiene que se trata de una modificación perjudicial respecto de una característica que enriquece al propio sistema universitario, y que a la vez es irrelevante en cuanto al impacto presupuestario.

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Otro artículo cuestionado es el 555, “que habilita que entidades privadas lleven a cabo la evaluación de las universidades nacionales, implicando severos riesgos, por cuanto los intereses de dichas entidades pueden ser contrapuestos a la existencia misma de la universidad nacional evaluada”. Y agrega: “Entendemos además, que lo mencionado en el art. 556 identifica el rol del Estado como aportante de las instituciones de educación superior universitaria y no garante de su mantenimiento. A esto se suma la preocupación, por cierta redacción confusa del articulado que prevé instancias de ingreso e introductorias, no quedando claro ni expreso cual es el verdadero espíritu de dicha incorporación”.

Una norma regresiva

La carta se pronuncia también sobre otros artículos que considera, pueden ser perjudiciales para la comunidad universitaria en su conjunto. Como por ejemplo las modificaciones en la ley de alquileres que afecta a gran parte de los estudiantes; la modificaciones en el ejercicio y competencias de algunas profesiones y las limitaciones al legítimo derecho a la protesta y manifestación, propio de la vida democrática.

Además, sostiene que en su conjunto, la Ley Bases establece pautas de convivencia y principios que no son compatibles con los que suscribe la comunidad universitaria, en tanto institución comprometida con los problemas nacionales. “Desde la Universidad Nacional de Rosario tenemos un fuerte compromiso con la protección y preservación del ambiente por lo que nos preocupan propuestas de modificación de leyes ambientales tendientes a promover actividades productivas en espacios ambientalmente protegidos. Al mismo tiempo, es clara la intención de privatizar empresas estratégicas para el desarrollo nacional, motivación que en ningún caso compartimos” señalan, como ejemplos de otras propuestas de la ley que consideran lesivas para la Nación.

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“De igual modo, las modificaciones aún imprecisas respecto del ámbito cultural impactarían drásticamente en la capacidad del Estado para intervenir en la producción y gestión de la cultura, promoviendo la eliminación de algunos organismos vinculados a la regulación y promoción de la misma” alertan, y advierten sobre el carácter regresivo de la norma en materia de derechos respecto a la identidad de género y la seguridad social, y sobre la reducción del compromiso del Estado en materia de salud pública y de derechos humanos. El proyecto de reforma que elimina la obligatoriedad de la Ley Micaela, da cuenta de ello.

El comunicado afirma además, que la ley socava los consensos necesarios para resolver los problemas presentes y cuestiona fuertemente la delegación de facultades de carácter extraordinario que se pretende otorgar al ejecutivo nacional, a la que califica como una “distorsión institucional” y “un severo riesgo para la Nación”. Y concluye: “Por lo expuesto, solicitamos a ustedes se manifiesten en contra de la iniciativa, especialmente de la delegación de facultades extraordinarias y de aquellas propuestas impulsadas para la educación superior, que en el mejor de los casos deberían ser parte de una agenda legislativa de trabajo que debería contar con la participación activa y la voz de las comunidades universitarias de todo el país y sus representaciones institucionales y gremiales”.