La educación superior como bien público. El concepto está presente en varios documentos y declaraciones internacionales. Y sobre todo refrendado una y otra vez por las universidades latinoamericanas, frente a los intentos de organismos que proponen que la enseñanza universitaria sea tomada como un servicio transable. Pero para Marco Antonio Rodrigues Dias, quizás unos de los académicos latinoamericanos más destacados del campo de la educación superior, detrás del concepto de bien público está implícito “el acceso libre para todos”, sin distinción de raza, género, capacidad física, distancia geográfica o recursos. Además entiende que debe ser permanente (es decir, con un compromiso firme de los Estados) y que responda a las necesidades e intereses de la sociedad.
Licenciado en derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y ex director de la División de Educación Superior de la Unesco entre 1981 y 1999, Rodrigues Dias fue el principal coordinador de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada en París en 1998. En una charla exclusiva con La Capital, el académico brasileño radicado en París afirma que calidad y pertinencia universitaria deben ir de la mano, y que “una institución no puede ser de calidad si no responde a las necesidades de la sociedad”.
—Remarcás que el carácter de bien público debe ser para todos, que incluya a todos. ¿Qué realidad estás viendo?
—Uno puede pensar que hablar de estos conceptos es una pérdida de tiempo y que no tienen nada que ver con la vida universitaria, pero no es así, porque por detrás hay cosas que tienen implicaciones. La prueba está que desde hace algunas décadas hay grupos que están intentando derribar y terminar con el concepto de la educación superior como bien público. Porque eso significa que tiene que ser democrática y accesible a todos los que tienen deseos de ir. La educación superior es un derecho y hay cada vez más grupos empresariales, funcionarios de la Unesco —aunque en silencio, porque no tienen el coraje de decirlo— y organizaciones como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que quieren avanzar en la comercialización de la educación. Y esto es una trampa.
—¿Por qué?
—Porque lo primero que hacen muchas empresas cuando se abre a la privatización es ir a los gobiernos y pedir subsidios y exenciones. Como en Brasil, donde más del 80 por ciento de las instituciones son privadas, pero tienen exenciones de impuestos y subvenciones. O sea, en lugar de fortalecer el sistema público se financia a grupos particulares y se privatiza diciendo que esto va facilitar al Estado porque van a disminuir los recursos que salen, pero es mentira, porque lo que hay es una distribución de recursos para grupos privados. Entonces se llega a una situación de privatización de los beneficios y socialización de los gastos. Esto no implica que uno quiera que no existan instituciones privadas, incluso pueden participar del servicio público. En Brasil hay instituciones comunitarias en las que participan universidades católicas y que realmente no buscan el lucro. Pero para que sea considerado publico y de interés del país hay que tener criterios y si es posible una evaluación hecha por los Estados o instituciones respaldadas por la comunidad académica. Porque si deciden solo con criterios comerciales y de lucro ahí no hay educación. La venta de productos educativos no es lo mismo que la venta de bananas. Y esto es lo que desafortunadamente está pasando por impulso de gobiernos que apoyan esta concepción e instituciones internacionales que trabajan para ello. Esto es escandaloso. Por eso vuelvo a lo que decía al inicio, la definición de bien público tiene implicancias, y la prueba está en que quisieron declararla “bien público global”.
—¿Qué significa?
—Para el Banco Mundial es que se aplique en el mundo entero, pero donde solo haya sistemas de unos pocos países y que el resto tiene que comprar. Un funcionario de la Ocde fue a la conferencia general de la Unesco y dirigiéndose a los delegados de África les dijo: “Ustedes no tienen que hacer inversiones en educación superior ni en investigación, ya lo hacen otros”. Lo que no completó, pero que quedó implícito, es que les quiso decir “no pierdan tiempo ni plata con esto, porque van a comprar lo que los europeos, japonenses o norteamericanos ya hicieron”. Esto es algo que funciona en el mundo y es parte de un esquema de dominación de los que tienen mucho por sobre los otros. Por eso bien público significa que sea accesible a todos y sin discriminación. Eso justifica la gratuidad que hay en la Argentina o los sistemas de cuotas que se han hecho para las minorías negras e indígenas, como en Brasil. Y que sea un bien público implica que tenga capacidad de adaptación, como pasó ahora en la pandemia, donde las universidades han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse y pudieron enfrentar los problemas que se les presentaron. Estas cosas son indispensables para que los países puedan formar a sus cuadros en los conocimientos que crean necesarios. Los países que no hacen esto cumplen lo que propone el funcionario de la Ocde, que les ha dicho que jamás van a ser independientes, porque no van a crear conocimientos ni a producir cosas que interesen a su desarrollo, van a tener que mantenerse dependientes de la tecnología que fue hecha para otra realidad.
—Y cuando sucede se pierde la pertinencia social de la universidad.
—Y el vínculo con la realidad. Ahí tienes razón. Antes de la pandemia el presidente de uno de los grandes massive online open courses (cursos online masivos y abiertos) de Estados Unidos declaró que dentro de unos veinte años en el mundo entero van a existir cinco universidades como máximo. Es decir, que tiene en la cabeza y está trabajando para eso, para que las universidades de nuestros países no produzcan y compren los productos de ellos. Esto con la pandemia, el desarrollo de las tecnologías y la enseñanza a distancia es un peligro muy grande ahora.
