Por Matías Loja
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Para Adriana Puiggrós las luces de alerta de la época son claras y no basta ya con contraponer lo público con lo privado. Invita a poner el foco en el claro avance del mercado sobre las instituciones públicas. Esto es, la misma educación pública como escenario posible para los negocios. Por ello advierte estamos en una época donde es muy importante defender la autonomía universitaria "tanto de posibles intervenciones de un Estado neoliberal como directamente del mundo corporativo".
Doctora en pedagogía, investigadora del Conicet y ex directora General de Escuelas de Buenos Aires, Puiggrós estuvo esta semana en Rosario para participar de la Jornada de Derecho de la Educación, organizada por el Centro de Investigaciones Jurídica, el doctorado y la cátedra de Derecho de la Educación de la Facultad de la UNR. Entre otras cosas recordó que a fines de octubre de 2015, en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández, el Senado dio sanción definitiva a un proyecto de su autoría, por el cual se modificó la ley 24.521 de educación superior, estableciendo la responsabilidad "indelegable y principal" del Estado en la enseñanza superior, en tanto "bien público y derecho humano". E incorporó en el artículo 2 bis "la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos". El proyecto de Puiggrós se aprobó en Diputados en 2013 con la negativa del macrismo y si no se aprobaba definitivamente en 2015 perdía estado parlamentario. En la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad, aunque al momento de la votación la actual vicepresidenta Gabriela Michetti (entonces senadora del PRO) se retiró del recinto.
Sin embargo, el nuevo gobierno de Cambiemos no reglamentó la norma y la Universidad de La Matanza presentó un amparo ante la Justicia, advirtiendo que esa ley de 2015 atentaba contra la autonomía y la autarquía universitaria. El Ministerio de Educación Nacional tampoco apeló el fallo y el amparo entonces quedó firme.
"Esa modificación que establece la gratuidad de la educación superior ahora está cerca de ir a la Corte Suprema. Por eso digo que aspectos muy importantes de la educación hoy no están en manos de los pedagogos sino del aparato judicial", señaló Puiggrós, al momento de agradecer la posibilidad de dar ese debate en la Facultad de Derecho de Rosario. La educadora dialogó con La Capital sobre las razones por las cuáles no se reemplazó la ley de educación superior heredada del menemismo y sostuvo que el concepto de autarquía no da vía para que la sociedad financie "a universidades que hacen negocios".
—¿En qué instancia está hoy esa modificación y por qué no se cambió la ley de educación superior, como sí se hizo con otras leyes educativas?
—Esa modificatoria está en instancia judicial. Lo primero que hay que decir es que la ley de educación superior, a mi manera de ver, no fue posible ni siquiera tratarla por las presiones de las corporaciones. Porque las grandes corporaciones, sobre todo los bancos, están incidiendo muchísimo en la educación superior de América latina. Bancos y grandes empresas que venden software y tecnología. Creo que esa es la razón por la cual no se pudo sacar la ley de educación superior.
—¿No fue entonces por falta de consenso político?
—Yo creo que no, creo que hubo presiones de ese tipo. Porque hubo una consulta que se hizo en todo el país y se hizo una reunión de la Comisión de Educación de Diputados en cada región de la Argentina. Hubo una cantidad muy grande de proyectos que se enviaron y fue una consulta pública importantísima. Pero no se pudo sacar. Cuando en 2015 vimos que se acababa el tiempo, presentamos un proyecto de modificación de la ley de educación superior, que se aprobó y es ley. Esa ley básicamente tiene cuatro puntos: la gratuidad de la educación superior, tradicional en la Argentina; el ingreso irrestricto, que no quiere decir como dicen los diarios conservadores que cualquiera entra de cualquier manera y es un desastre, sino que lo que no se puede hacer es poner exámenes o evaluaciones discriminadoras y que en todo caso lo que tienen que hacer las universidades es facilitar la nivelación y el aporte a los estudiantes con la intención de facilitar el ingreso, la permanencia y la graduación; el tercer elemento es que no se pueden establecer convenios que mercantilicen o comercialicen la educación superior pública; la cuarta es que las universidades públicas deben rendir cuentas no solo de sus fondos presupuestarios, sino de todos los fondos que ingresan, también del propio producido. Se aprobó esta ley e inmediatamente tres universidades —La Matanza, Río Negro y San Martín— presentaron amparos, que en principio fueron aceptados pero hubo fiscales que cuestionaron la aceptación de esos amparos y esto sigue ahora judicializado, probablemente cerca de llegar a la Corte Suprema.
—¿Bajo qué argumentos?
—El argumento más importante es el de la autonomía y sobre todo el concepto de autarquía. Lo que pasa es que si la autarquía quiere decir que pueden hacer un convenio de mercantilización de la educación superior pública, financiada con dineros públicos del presupuesto, entonces el conjunto de la sociedad está pagando universidades que hacen negocios. Y ese concepto de autarquía no es el que está en la constitución del 94. Fui constituyente y vale la pena ver cuál fue la intención que se puso en ese texto.
—¿Cree que hay también una mirada mercantilista cuando salen notas que hablan de cuánto cuesta un estudiante universitario, sin considerar el trayecto de una persona que pasa por la universidad, aún cuando no se reciba?
—Sí, porque primero lo ven como un gasto y no como una inversión. No ven que el sólo hecho de que alguien llegue a la universidad y esté en el espacio universitario ya es un enriquecimiento. Es una idea bastante antigua por un lado y eficientista por el otro, que dice que solo vale el que alcanzó el título máximo. En lugar de hacer las reformas necesarias para avanzar en otro tema, que está en la ley de educación superior y no se aprobó, que es un sistema de créditos que permita la acreditación de lo que los estudiantes van haciendo. Alguien que cursó dos años en la Facultad de Medicina perfectamente puede ser personal paramédico y regresar en el momento de su vida que quiera o pueda y seguir estudiando. O acreditar lo que hizo en enfermería u obstetricia para seguir en otra carrera.
—El año que viene es el centenario de la Reforma del 18 ¿Qué es ser hoy reformista?
—Ser hoy reformista es defender la autonomía universitaria, pero no con el concepto de la autonomía de mercado, sino con el concepto de la responsabilidad social de la educación superior. Y también teniendo en cuenta que las universidades públicas son organismos autónomos y autárquicos del Estado nacional. Estamos en una época en que es muy importante defender la autonomía universitaria, pero defenderla tanto de posibles intervenciones de un Estado neoliberal como directamente del mundo de las corporaciones. Y me parece que hay que reformar profundamente la concepción universitaria para hacer un sistema de educación superior. Eso estaba en un proyecto de ley que había perdido estado parlamentario y que lo volvió a presentar la senadora (Norma) Durango, de manera que esa discusión ya está en el Senado.
La escuela pública como "negocio"
"Hoy que se abra una escuela privada no es problema, lo era en el siglo XX", sostuvo Adriana Puiggrós en la Facultad de Derecho sobre el avance del mercado educativo.
Invitó en cambio a hacer eje en el papel de las grandes corporaciones, "que ven a la educación pública como negocio". Al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), pide a sus Estados miembros "levantar toda barrera al libre comercio de la educación".
Sobre este avance puso como ejemplo del caso de multinacionales que administran la cuenta sueldos de los docentes, los capacitan y hasta producen contenidos". Y dentro de esa embestida apuntó contra el mercado de las evaluaciones: "Antes las hacían las escuelas, ahora las encargan afuera. Nos expropiaron la evaluación porque les permite ordenar la clientela".
También cuestionó la exaltación del "emprendedurismo" como meta de la formación y lo definió como un concepto "individualista y disolvente de los vínculos sociales". Y sobre el final dijo que muchas fundaciones con programas para escuelas "antes lo hacían para evadir impuestos, pero ahora ven a la educación como un mercado posible".
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