Reforma universitaria

Hacia la mercantilización de las banderas reformistas

El peligro de un nuevo liberalismo, conservador y ávido de apropiarse de la educación como bien de mercado

Sábado 16 de Junio de 2018

La primera expresión del Movimiento Reformista, el Manifiesto Liminar, se expresó contra la ley Avellaneda de 1885, considerando que esa norma no había roto los vínculos con el antiguo orden universitario. Además, en 1918 enormes acontecimientos habían sacudido al mundo y a América latina: la Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y el país vivía una etapa de apertura democrática con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, dejando atrás décadas conservadoras. Los estudiantes, tocados fuertemente por los acontecimientos internacionales e imbuidos del clima modernizante y democrático, consideraron que la universidad debía retomar la "tradición de Mayo", expresión que usaron dándole el sentido de la vertiente emancipadora radicalizada o jacobina de aquella gesta. Proclamaban una nueva revolución sin dudar del papel central que tendría la universidad, siendo su comunidad destinada a liderar los grandes cambios. Su alegato se dirigió a toda América latina y encontró eco. La Reforma recorrió el continente inscribiendo en decenas de universidades los principios enarbolados por los estudiantes de Córdoba en 1918. Buscó sustituir a la aristocracia universitaria por docentes liberales, socialistas, modernos, eliminar el régimen hereditario de cargos, garantizar la libertad de cátedra para que se pudieran escuchar todas las voces y se privilegiara el debate. Siguiendo la más antigua tradición universitaria, reclamó el territorio de las universidades como propio de los estudiantes y exigió un status de autonomía respecto a los gobiernos, sin renunciar por ello al financiamiento por parte del Estado.

La exigencia de gratuidad estuvo entre las demandas de los estudiantes, pero recién se concretó durante el gobierno de Perón. Los reformistas, influidos por experiencias de participación estudiantil en la gestión de las instituciones educativas provenientes del anarquismo, de la "Escuela Nueva" y de diversas alternativas al modelo positivista, introdujeron el cogobierno. Este último y la autonomía constituyeron una avanzada concepción de Estado que superaba la idea burocrático-paternalista de los conservadores. En cuanto a la relación del Movimiento con la acción política, sus discursos mostraron su postura solidaria con los pueblos latinoamericanos, y acusaron a las oligarquías, pero no tomó posturas partidarias. Sus más importantes dirigentes optaron por afiliarse a diversos partidos, pero como decisión personal. Sin embargo, el reformismo universitario debe analizarse como un movimiento político que guarda la complejidad característica de los complejos socio-político-culturales típicos de América latina, aunque no puede confundirse con los nacionalismos populares pues su impronta fue más liberal y, más allá del registro discursivo, sus efectos se limitaron a la universidad.

Cien años después, la autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno y la gratuidad siguen siendo demandas vigentes, pero que fuertemente vinculadas al reconocimiento de la educación superior no solamente como una "libertad" sino como un "derecho". Al mismo tiempo, un nuevo liberalismo, conservador y ávido de apropiarse de la educación como un bien del mercado, deforma los sentidos de los principios del primer reformismo. La autonomía y la libertad se subordinan a los negocios de grandes corporaciones editoriales, informáticas, financieras, que invaden las universidades públicas sustituyendo funciones que son propias de las casas de altos estudios. La política universitaria del gobierno argentino es más acorde a las directivas de la OMC y la Ocde (el llamado "club de los países ricos") que a las demandas, ideas y finalidades de la juventud y de la mayoría de la sociedad. Los sectores populares y medios argentinos no han abandonado la aspiración de tener acceso a los estudios universitarios, pero no pasa desapercibida la intención oficial de reducir el máximo el financiamiento público, restringir el ingreso de las mayorías, establecer un régimen meritocrático, fomentar la educación superior como un negocio corporativo. En el mismo orden político, el gobierno descalifica o abandona las paritarias docentes, es decir una institución de altísima importancia para sostener los vínculos democráticos. Cada uno de los principios reformistas se ve hoy atacado por una verborragia que descalifica a los educadores y sostiene la imposibilidad de los pobres de llegar a la universidad, detrás de la cual avanzan medidas de recorte que causarían un daño que tal vez solo alcanzaríamos a superar dentro de otro siglo, al mismo ritmo que el pago de la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Cada uno de los principios reformistas se ve hoy atacado por una verborragia que descalifica a los educadores y sostiene la imposibilidad de los pobres de llegar a la universidad"

Si reinterpretamos el concepto "sociedad del conocimiento", rechazando su uso para la apropiación del avance científico tecnológico por parte del gran capital, encontraremos que la sociedad humana cuenta actualmente con enormes posibilidades de solucionar los mayores problemas que la afligen, tales como la distribución de alimentos y cultura, el avance de la destrucción medio ambiental, la reiteración de la violencia para la solución de conflictos de intereses nacionales, regionales, étnicos y sociales en general. En esa mira, se requiere cada vez más formación superior para más jóvenes. La tradición universitaria de nuestro país es proclive a suponer que las universidades sólo sirven para formar profesionales, en un sentido clásico. No advierte la multiplicidad de efectos que tiene el paso por la universidad sobre las personas y la sociedad en su conjunto.

Pero, lo que es peor, en una suerte de espíritu sometido, el sector que gobierna difunde la creencia en la inferioridad de nuestras instituciones de educación superior frente a las de países más ricos. Y su consecuencia, la inutilidad de invertir en algo más que la formación de una élite, que luego transitará los circuitos educacionales de aquellos países, no siempre en universidades de prestigio sino muchas veces en ofertas empresariales de posgrados.

Como en 1918, la juventud tiene mucho para decir. Finalmente se trata de su propio futuro y el del país en el que la mayoría seguirá viviendo. Cierto es que desde los años menemistas la reforma de la educación superior que siguió el formato del Banco Mundial logró colonizar una buena parte de estudiantes, docentes e investigadores, consiguiendo su aceptación del sistema de incentivos que fracturó el salario, de las evaluaciones por pares que pusieron en situación de competencia cabeza a cabeza a los docentes y a investigadores, de la prioridad de presentar proyectos de investigación, aún a aquellos que no eran ni más ni menos que docentes y no tenían por qué transformarse o improvisarse como investigadores. La evaluación actuó como un instrumento poderoso frente a la necesidad de conservar el empleo y un nivel apenas razonable del salario. Sin embargo, ese programa ya se agotó para dos sujetos: para los docentes desvalorizados profesional y salarialmente, y para el sector gobernante, que no se conforma con las medidas neoliberales de los años 90 sino que pretende reducir toda inversión que no proporcione réditos inmediatos, por la vía de restringir todo aporte al bien común, y la de utilizar de manera comercial los espacios públicos. La educación superior (que incluye de manera relevante los institutos llamados "terciarios") está en disputa. El sentido de las banderas reformistas de 1918, sumados a la gratuidad, cobra enorme actualidad.

(*) Doctora en educación / Ex presidenta de la Comisión de Educación de Diputados

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