Educación

Entre la "lluvia de ideas" y la decisión política

Diputados y diputadas opinan sobre la iniciativa elevada por el gobernador Lifschitz a la Legislatura santafesina

Sábado 16 de Diciembre de 2017

La semana que viene comienza un nuevo recorrido para el proyecto de ley de educación provincial, que hace pocos días presentó el gobernador Miguel Lifschitz ante la Legislatura. Así lo entienden los diputados y las diputadas que en su momento presentaron sus propias iniciativas sobre el tema. Ante la consulta de LaCapital, anticipan que el lunes habrá un encuentro con Amsafé y Sadop, en marzo audiencias públicas y en el medio consultas a diferentes sectores. La perspectiva es aprobar la norma en 2018.

Con un gran juego de luces y colores, el lunes 4 de diciembre, la ministra Claudia Balagué entregó al gobernador Lifschitz el proyecto de ley de educación, que según sus palabras resultó de la "consulta a un millón de santafesinos". Al día siguiente esa propuesta ingresó en la Legislatura. Antes, un grupo de diputados de diferentes partidos, había acordado en un mismo texto las ideas sostenidas sobre qué educación se quiere para Santa Fe.

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La intención —coincide la mayoría de estos legisladores— es que ambos documentos se pongan a circular, sean debatidos. Más allá de esta dinámica, cada uno tiene su propia visión del proyecto elevado por el gobierno provincial.

Alejandro Boscarol (UCR) dice que se sorprendió al leer el texto oficial de la ley porque muchos de los temas conversados, en distintos encuentros con el Ministerio, no estaban contemplados. "Son cuestiones centrales, que hacen a lo filosófico y están expresadas más bien en forma declamativa, no queda en claro cómo se van a llevar adelante", explica y cita como ejemplo el principio de laicidad de la educación: "El proyecto habla de laicidad pero pone en igualdad lo estatal con lo privado. El principio debe ser la laicidad. El Estado laico está fundado en principios de lo público. Hace a la filosofía del sistema educativo, con la no discriminación, la convivencia, la paz... El carácter público articula el resto de la ley".

Un dato que apunta el legislador radical, que integra el bloque del Frente Progresista, es que llamativamente este proyecto ingresado carece de fundamentación. Una argumentación que desde el punto de vista legislativo debe estar, acompañar los artículos desarrollados.

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También nombra varios aspectos con los que no acuerda, entre ellos cómo están planteados los Equipos Socioeducativos e Interdisciplinarios (uno por cada regional). "Es muy poco, nosotros los planteamos por escuela". Otro es la obligatoriedad del jardín desde los cuatro años, "cuando hoy se sabe que es necesario que sea desde los tres años, porque tiene directa incidencia en los aprendizajes y en la igualdad de oportunidades". "Este es un punto importante —destaca— sino luego se habla de calidad educativa pero no se dice cómo se la sostiene".

Para Rubén Giustiniani (Bloque Igualdad y Participación), "es importante que la provincia haya definido tener una ley de educación, siendo la única que no tenía: Es una decisión política hacerlo".

En su opinión, "ahora empieza una nueva etapa en el trabajo legislativo", donde los diputados y diputadas autores de las cinco propuestas de norma convocarán a debatir tanto el proyecto consensuado como el oficial. Primero con los gremios, luego en audiencias públicas que se darán en las distintas regionales, y en el medio con una consulta a diferentes sectores.

La idea —dice Giustiniani— es "hacer una síntesis final", donde confluyan "el proceso que hizo el Ministerio de Educación, que es un aporte valioso" y el documento acordado por los representantes de la Cámara Baja.

El diputado socialista se define como "optimista" respecto de lo que resultará de toda esa discusión que asegura se viene: "Se van a mejorar muchas cosas, se puede enriquecer mucho. Para el año que viene tendremos una ley". Entre esos puntos a mejorar menciona como cuestión clave lo referido al presupuesto educativo, un tema que en su mirada "requiere una mayor definición". El proyecto presentado oportunamente por Giustiniani es en coautoría con Silvia Augsburger.

"Penoso y contradictorio"

También el diputado por el Frente Social y Popular Carlos del Frade tiene una mirada crítica sobre el artículo del presupuesto. "Es penoso", considera. El texto oficial establece que "el Estado Provincial garantizará para el Ministerio de Educación un monto de recursos en cada presupuesto no inferior al monto inicial aprobado en el ejercicio anterior, actualizado por la estimación de la variación de precios prevista en las pautas macroeconómicas. Los fondos podrán tener origen provincial, nacional, de la cooperación internacional, de las herencias vacantes y otras fuentes..."

Para Del Frade, el proyecto de ley de educación oficial "es impreciso y peligrosamente contradictorio". "No está dicho que es un derecho humano, tampoco se defiende la laicidad", señala sobre esos puntos débiles de la propuesta.

También analiza que, entre otras cuestiones más puntuales, "hay huecos en la creación de cargos a partir de la acumulación de horas en secundaria" y "no hay un desarrollo sobre la Educación Sexual Integral (ESI), especial y de gestión social".

La diputada Verónica Benas (Bloque Pares) plantea sus diferencias sobre el lugar que el proyecto oficial asigna a la educación pública. "Lo estatal es público. Es el Estado quien garantiza derechos, la laicidad y la educación como derecho humano", dice y remarca que la educación privada pertenece a esa esfera de lo privado. "No acuerdo con los dos subsistemas que propone la provincia (público y privado). Ni hablar del término gestión, propio de las políticas neoliberales", puntualiza.

Otra cuestión que considera merece ser mejorada es la referida a la ESI. Y sobre esto observa que aunque el texto de la norma es general, no puede tener ambigüedades: "Un texto ambiguo después da lugar a diferentes interpretaciones contra el derecho a la educación". También reclama mejorar el lugar que se contempla para los Equipos Socioeducativos y lo referido al financiamiento de la educación.

Patricia Chialvo, diputada del Frente Justicialista para la Victoria, opina que a partir del proyecto oficial ahora se abre una nueva ronda de discusión. "Si bien el Ministerio de Educación dice que hubo participación y se consultó, y hasta habla del número de «un millón de personas», no lo hizo con este proyecto sino en base a una serie de derechos ya consagrados por leyes nacionales. Es como volver a empezar. Ya no es lo mismo discutir acerca de «una lluvia de ideas» sobre la ley que con el proyecto", dice la diputada dispuesta a dar este recorrido.

Entre las críticas, indica —entre otras— las que ya les han acercado las organizaciones de padres con chicos con discapacidad, quienes advierten que el texto de la provincia no toma la inclusión plena, y que no se ajusta a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

"Tampoco las escuelas de gestión social están conformes cómo quedaron contempladas en este proyecto", señala Chialvo, quien presentó a fines de 2016 una iniciativa de norma educativa para la provincia junto a la diputada Silvia Simoncini. "Ahora lo que nos proponemos es ponernos tranquilos a leer y analizar los articulados de este proyecto de ley", invita la diputada.

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