Reforma universitaria

El reformismo de hoy: ser leales a 1918, ir más allá

El compromiso de sostener la masividad de la matrícula, la gratuidad, la autonomía y la real libertad de pensamiento

Sábado 16 de Junio de 2018

El reformismo auténtico no se parece al reformismo estatuido. La epistemología bachelardiana nos ha enseñado a desconfiar de las apariencias, y la historiografía nos ha mostrado que los que vencen, luego se apoltronan y niegan la posterior renovación histórica. Para la burguesía, decía Marx, la historia finalizó en la Revolución Francesa, y después sólo se trató de detener el decurso social.

   Cierta versión dominante del reformismo ha ligado la Reforma sólo a autonomía respecto de los gobiernos, cogobierno y libertad de cátedra. Es cierto que ello no es poco: en tiempos en que la autonomía está amenazada por sucesivas entradas de la policía a predios, como si fueran tiempos de Onganía (casos Jujuy o Rosario, no los únicos) o en que alguna universidad usa de su presupuesto para sufragar viajes de intendentes del mismo signo político, no está de más sostener estrictamente las banderas de la autonomía universitaria.

   Bandera que fue quizá la más fuerte en el esplendente derrotero planetario de la Reforma, que surgió de la Argentina para el mundo. Que pronto fue instalándose en todo el espacio de Latinoamérica (levantada por Haya de la Torre en Perú, asumida por la revolución mexicana), e incluso plantó presencia en diversos países europeos, que no conocían previamente esa asunción de la libertad del pensamiento en relación con las autoridades políticas y administrativas.

   De tal modo la libertad de cátedra, la autonomía y el cogobierno estudiantil (el de los trabajadores no era hace un siglo bandera de peso) son un piso necesario del cual es imprescindible no bajar, en cuya defensa no se puede transigir. A lo cual debieran agregarse dos cuestiones aún no sostenidas entonces, al menos no obtenidas para 1918: el cogobierno con los trabajadores que no forman parte del plantel académico y la gratuidad de los estudios.

   La cuestión de la gratuidad merece acento específico, porque hay quienes creen que fue logro de la Reforma, cuando en verdad fue establecida legalmente por el peronismo en el muy posterior 1949. Resulta patético leer carteles expuestos por un Rectorado hoy oficialista, según los cuales estamos "A 100 años de la universidad autónoma, libre y gratuita". O es una mentira conciente, o una muestra de ignorancia extrema.

   Lo cierto es que existe ese conjunto de reivindicaciones hecho carne en la tradición de la universidad argentina: cogobierno de todos los estamentos, autonomía respecto de los poderes establecidos y libertad de cátedra, los que son suficientemente valiosos como para que toda dictadura haya decidido acabar con ellos. Desde la brutal intervención policial en "La noche de los bastones largos" resistida por la planta docente y por el entonces decano Rolando García, a la implantación salvaje de la dictadura en 1976, que implicó expulsiones múltiples y persecución generalizada, que llevó en muchos casos hasta el secuestro, la tortura y la muerte.

   Antes de la última dictadura también se conocieron calamidades: desde las cesantías sistemáticas y el extremo oscurantismo de la "Misión Ivanissevich" de 1974 a 1976, a la "limpieza" —según palabra de un reconocido filósofo argentino— realizada tras el golpe de Estado de 1955. En el primer caso explícitamente contra las banderas reformistas, en el otro en nombre de ellas, la libertad de cátedra fue fuertemente atropellada.

   Esa libertad de cátedra fue asociada en 1918 a la periodicidad en la misma, ante el entronamiento de las viejas familias en los cargos académicos. Hoy, esa reivindicación se ha releído en clave de entrada por concurso a los cargos, pues se ha impuesto la idea de que la estabilidad en los espacios docentes es un derecho laboral, el cual fue sancionado por ley durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ha sido luego efectivizado en la mayoría de las universidades estatales.

   Decimos "estatales" y no "públicas", porque las universidades privadas —obviamente no gratuitas, y a veces confesionales— no dejan de cumplir responsabilidad pública, y por ello de estar sujetas al escrutinio social y estatal de su funcionamiento. Los títulos emitidos por las universidades de propiedad/gestión privadas, no son menos habilitantes que los de las estatales, lo cual debiera llevar a que determinados aspectos de la Reforma —adecuados a esta especial situación— fueran también aplicables (y aplicados) al caso de esas universidades privadas, que conllevan hoy aproximadamente la mitad de las instituciones universitarias del país y un tercio de su alumnado, sin duda una cantidad considerable.

Movimiento de vocación popular

Pero la Reforma se planteó entonces con la universidad realmente existente, que no incluía sector privado (este fue impuesto, como se sabe, por Frondizi tras la dura polémica entre "universidad laica" vs. "universidad libre") a finales de los años cincuenta. Y es importante que los que nos preocupamos por la libertad de pensamiento y el compromiso social en las instituciones de educación superior, asumamos que las universidades privadas no deben ser abandonadas a su libre arbitrio, sino alcanzadas por las exigencias que caben a cualquier universidad digna de dicho nombre.

   Por otra parte, autonomía no puede entenderse como extraterritorialidad, aislamiento del medio o descompromiso con lo social. Hemos sostenido alguna vez que debiera establecerse algún tipo de nexos de las universidades con espacios de la sociedad civil, de los gobiernos, de las empresas que muestren vocación social. La autonomía es independencia decisional, no indiferencia respecto del entorno.

   Por el contrario: hoy, cuando la Conferencia Regional de Educación Superior (Cres) ha definido la educación universitaria como derecho humano, y cuando en muchas universidades llegan a ella (y a la titulación, que es lo más importante, pues no se trata de garantizar sólo el ingreso, sino de dar condiciones para la permanencia) importantes núcleos de sectores populares, tal democratización se constituye en parte central de una Reforma adecuada a estos tiempos. Una universidad para el pueblo, abierta efectivamente a su usufructo por todos los sectores sociales, aunque por razones ideológicas alguna encumbrada gobernadora muestre ignorar tal condición.

   Es que la Reforma de 1918 no fue sólo lo que ha quedado como mainstream de la misma. Fue en cambio, como bien ha destacado Diego Tatián en cultivados escritos y variadas intervenciones, un fuerte movimiento de vocación popular y raigambre antiimperialista, con fuerte tono de reivindicación latinoamericana. Nuestro lugar en el mundo, para la Reforma, era Latinoamérica: no ese vulgar "volver al mundo", entendido como volver a la égida imperial. Por el contrario, se trataba de dar la espalda al imperio y sus imposiciones.

   Y la autonomía, era autonomía comprendida en relación con los espacios reaccionarios y conservadores. Se trató, sobre todo, de autonomizarse respecto de las autoridades eclesiales, que todavía influían fuertemente en Córdoba. Para ello —y destaco esta condición poco (re)conocida— los jóvenes de 1918 no dudaron en acudir al gobierno progresista de Yrigoyen para imponerse sobre el conservatismo universitario.

   No era, pues, sólo la cuestión formal de la autonomía, sino la sustantiva respecto de qué tipo de fuerzas. No se dio la espalda a un gobierno que representaba las clases medias entonces ascendentes, y que como tal se enfrentó a la oligarquía (con la cual, luego, muchas veces esas clases medias han coincidido). Se llamó por dos veces a la intervención gubernamental del Rectorado contra las decisiones internas sostenidas por la elite universitaria reaccionaria de entonces. El criterio era claro: estar con las fuerzas de la emancipación, contra la exclusión social y educativa. No era "universidad vs. gobierno", sino "universidad popular" vs. lo que se le oponga.

   La Reforma hoy, entonces, significa sostener la masividad de la matrícula, las políticas de permanencia, la gratuidad, la real libertad de pensamiento —contra censuras que en los últimos tiempos han sido reiteradas—, la autonomía respecto de los poderes empresariales y de los gubernamentales, a la vez que la capacidad para relacionarse con estos desde la perspectiva de lo popular y lo crítico, abriendo el espacio a la sociedad civil, los movimientos sociales, las asociaciones ciudadanas y territoriales.

   Todo un programa por sostener, hoy bajo los nubarrones del ajuste presupuestario y la conflictividad social ascendente, cuyo derrotero es difícil de prever pero será seguramente problemático.

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