El 8 de julio de 1884 se promulgó la ley 1.420 de educación común, gratuita y obligatoria. Después de un extenso debate en el Congreso nacional y en la prensa argentina, fue parida la norma que constituyó el basamento del sistema educativo argentino. El escenario social de la época estaba signado por los antagonismos y las pulseadas entre modelos contrapuestos de Nación. Y en esta arena de disputas, la religiosidad y el rol que debía asumir el Estado en los espacios educativos eran temas candentes.

El diario La Capital fue testigo de los agitados debates y la sanción de la ley. Los intelectuales rosarinos ligados al liberalismo alzaron la voz a favor de la laicidad del proyecto y ante su aprobación manifestaron su alegría a través de un “telegrama de felicitación” a quien fuera el creador del proyecto.

En una publicación del 12 de julio de 1884 un grupo de intelectuales, entre ellos Ovidio Lagos, aplaudieron la labor del diputado Onésimo Leguizamón por la presentación de su proyecto. La nota decía: “La sanción del Congreso a la ley sobre educación común, cuyo proyecto fue presentado por el diputado doctor don Onésimo Leguizamón, ha levantado el espíritu de todos aquellos que marchan al unísono en el camino de los progresos morales que vienen operándose en nuestro país, al amparo de nuestras liberales instituciones, y de las tendencias que se notan en los hombres mas ilustrados para reformar todo aquello que de algún vicio adolece. El doctor Leguizamón al presentar su proyecto de educación laica que hoy es ley de la nación, recordaba que el pueblo argentino no solamente se componía de católicos ultramontanos, sino también de los hijos de protestantes que habían venido a hacer de este suelo su segunda patria, formando familia y echando raíces entre nosotros. Todos pues, tienen derecho a una educación igual y era chocante que la escuela se convirtiera en templo de propaganda religiosa y los alumnos en catecúmenos”. Y afirmaba: “Hoy la escuela pública será para todos, católicos y protestantes, luteranos y calvinistas, donde irán a recibir instrucción, dejando la educación religiosa a cargo de la madre o el sacerdote”.

A partir de la sanción de la ley, el Estado asumió la tarea educadora en todo el territorio nacional. En la agenda de la elite gobernante de la época, la ley fue un instrumento modernizador, que en clave homogeneizadora contribuyó a consolidar la identidad nacional y la integración social. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos y el acceso a un conjunto de conocimientos mínimos también estipulados por la norma. Fue una ley que nació con el mandato de generar ciudadanos argentinos, ampliamente democratizante porque posibilitó el ingresos de todos y todas al sistema educativo, y que logró una unidad pedagógica a lo largo y ancho de país durante casi cien años.