Educación

Aprender Conectados o cómo borrar la igualdad por decreto

El abandono de una política social igualitaria por un plan con énfasis en promesas y espejismos de la tecnología.

Sábado 26 de Mayo de 2018

La reciente creación del Plan Aprender Conectados a través de un decreto (386/2018) del Poder Ejecutivo Nacional termina de desactivar el Programa Conectar Igualdad, tras ocho años de existencia. Este objetivo se hizo visible desde el comienzo de la gestión de la Alianza PRO a través de acciones u omisiones que apuntaron a debilitarlo por dentro.

La estrategia política se articula con una estrategia comunicacional que busca reducir las situaciones potencialmente conflictivas a través de anuncios ambiguos, eufemismos o términos poco precisos que intentan minimizar las respuestas sociales negativas a las decisiones políticas que asume el gobierno en curso. El artículo 6 del nuevo decreto modifica el "objeto" del Programa Conectar Igualdad (PCI) que justamente era el que proporcionaba, entre otras cosas no menos importantes, la entrega de netbooks a estudiantes y docentes, medida central de una política que sostiene a la educación como un derecho y un bien público, donde el Estado debe ser quien garantiza "la igualdad, la gratuidad y la equidad".

Curiosamente, en el enunciado de este decreto se borran dos términos centrales para caracterizar una política educativa: "derecho" e "igualdad". Nociones que se sustituyen por otras como "oportunidad", "desafíos", "competencias", "innovación", mucho más cercanas a un modelo meritocrático, tecnocrático e individualista de la educación que a un modelo de derechos. No es ingenuo que entre sus objetivos se encuentre la inclusión digital en lugar de la inclusión educativa, objetivo prioritario del PCI.

Finalmente, entre los argumentos que se enuncian para la creación del nuevo programa y la desactivación del PCI se destacan dos por su inconsistencia y manipulación de la información.

El primero es que la noción de "brecha digital", que dio origen al PCI, "mutó" por el de "alfabetización digital", desconociendo que ya estaban contempladas en el PCI y que ambas remiten a cuestiones distintas y complementarias. Para estar alfabetizado/a es necesario poseer la herramienta. Si bien, como dice el propio decreto, puede constatarse que el 87,7 por ciento de las/los estudiantes que termina la secundaria "cuenta con al menos una computadora en sus casas", eso no puede ser el fundamento para darlo de baja. Vale recordar que es el resultado de una política implementada que entregó más de 5 millones de computadoras a los/las estudiantes y docentes de todo el país.

El segundo argumento destaca que "la implementación del Plan Aprender Conectados va a requerir de una infraestructura y equipamiento tecnológico mucho más poderoso que el brindado actualmente por el Programa Conectar Igualdad.com.ar". La índole del poder de los equipamientos tampoco parece un argumento razonable para desactivar una política pública de "inclusión educativa" por otra que dice buscar la "inclusión digital".

Ese decreto no es más que el corolario de un conjunto de decisiones encubiertas que generaron el deterioro progresivo del PCI desde el inicio de esta gestión política, tales como despidos de personal, reducción presupuestaria, disminución gradual en la entrega de netbooks y abandono de las tareas de reparación de los equipos.

El lanzamiento ampuloso del Aprender Conectados que pone el énfasis en las promesas y espejismos de la tecnología, hace evidente el abandono de una política social igualitaria que aún con sus pendientes articulaba en la escuela y en el derecho a la educación una posibilidad de saltar la profunda brecha de la desigualdad.

(*) Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Del blog conversacionesnecesarias.org

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