Educación

Advierten que sin inversión no hay educación de calidad

Un informe de Ctera detalla cómo fue el desfinanciamiento educativo y subejecución de partidas de 2017.

Sábado 10 de Marzo de 2018

En medio de una discusión salarial tardía, un llamado inexistente a la paritaria nacional y el trago amargo por el cierre de cursos y escuelas en varias provincias, los maestros argentinos siguen dando pelea en las calles y en las aulas para advertir sobre las peligrosas consecuencias del desfinanciamiento educativo y la subejecución de las partidas presupuestarias. En un panorama nacional signado por la inflación y el ajuste, los analistas de los gremios docentes ponen la lupa en los números y en ese maremagnum de cifras y estadísticas despejan un dato clave: La desinversión del Estado nacional y la descarga de todo el peso en las provincias que, con desigual resultado, hacen malabares para financiar y dar continuidad a los programas socioeducativos que el gobierno se saca de encima como si fueran garrapatas. En ese contexto que se agrava, cuando los chicos llegan a la escuela con la panza vacía y en una situación mucho más vulnerable que la del año anterior, los maestros argentinos gritan una vez más que sin educación no hay desarrollo ni futuro posible.

Educación Vs. deuda

Mientras el pasado lunes, en medio del paro docente, el presidente inauguraba el ciclo lectivo en Corrientes y bregaba por una educación pública de calidad, los maestros en las calles le recordaban que desde 2015 a la fecha bajó la inversión en materia educativa. Un informe elaborado por el Instituto Marina Vilte, de la Secretaría de Educación de Ctera, analiza la caída del presupuesto del año pasado y explica que ese retroceso se entiende técnicamente por dos motivos: la inflación y la subejecución de las partidas. "La inflación, que el poder Ejecutivo había estimado entre un 12 y un 17 por ciento terminó siendo —según el Indec— del 24.8 por ciento, o sea más del doble del piso mínimo de inflación proyectado y ocho puntos por encima del piso máximo". Por otro lado, siempre citando información oficial del Ministerio de Hacienda, el relevamiento asegura que en 2017 se subejecutó el presupuesto: "El gasto en Educación y Cultura de la Administración Pública Nacional llegó a los 156,9 mil millones de pesos, lo cual representa el 93.2 por ciento del presupuesto disponible". Esto significa que el Ejecutivo dejó plata sin usar, más específicamente, 11.489,3 millones. ¿Qué es lo que pasa con la plata que no se usa? "Lo que no se gasta en un año, se va. Lo que se va, ya queda para lo que el gobierno decida gastar en otra oportunidad", expresa el secretario de Educación de Ctera, Miguel Duhalde. En esa línea, el informe concluye en que la tendencia decreciente en la inversión educativa tiene su contrapartida en el fuerte crecimiento de fondos que se asigna en el presupuesto nacional al pago de los servicios de la deuda. De acuerdo con la investigación, se observa en el PBI que el concepto referido a la deuda se ha duplicado por sobre el de educación. "Son decisiones políticas. La Argentina volvió a endeudarse en muy poco tiempo y con pagos de intereses muy próximos. Hay deuda a cien años pero también hay otra que estamos pagando ya", dice Duhalde y marca así cuáles son las prioridades económicas del gobierno nacional.

Recortes

Los casos más paradigmáticos de subejecución presupuestaria se registran en el programa Progresar, destinado a jóvenes de sectores vulnerables que quieran iniciar o completar sus estudios. En esa área quedaron sin usar 527,7 millones de pesos disponibles en el presupuesto 2017. Según la Ctera con esos fondos se podría haber atendido durante doce meses a casi 49 mil becarios o haber incrementado el monto de la prestación mensual que se mantiene igual desde 2015. "Por el contrario el gobierno mantuvo congelado el valor de la prestación y disminuyó en 30 mil la cantidad de beneficiarios", dice el informe. Sobre ese punto Duhalde opina que desde el gobierno nacional se promovió una política de desincentivación. "Hubo operaciones para tratar que los pibes caigan del sistema. Cuando en junio no se les pagó la beca hubo muchos chicos que dejaron de asistir, no podían viajar porque no tenían la plata. Al no ir, ya no tenían la asistencia y al no tener la asistencia, los bajaban del sistema. Entonces se decía que los bajaban porque no iban pero en verdad no iban porque se les había dejado de pagar".

   Una de las operaciones que se observan en varios rubros es el achicamiento arbitrario de las partidas que se fijan por ley. En los papeles se asigna un monto de dinero determinado a los programas pero luego, por decisión de los funcionarios, esas cifras se reducen drásticamente. Tal es el caso de lo que ocurrió con el Plan Nacional de Educación Digital (ex Conectar Igualdad) que inició el año 2017 con un presupuesto aprobado de 7.200 millones que se redujo a la mitad por determinación ministerial y, así y todo, se subejecutó. Como consecuencia, una gran cantidad de chicos quedaron el año pasado sin recibir sus computadoras para estudiar.

   Algo similar ocurrió en el programa de Fortalecimiento Edilicio de los Jardines que sufrió "un recorte del 60 por ciento de sus fondos y en consonancia con esto, durante 2016 y 2017 no se construyó ningún jardín".

Desmantelamiento

Uno de los mayores impactos en relación a la desinversión se sintió en los programas socioeducativos. "La provisiones de colecciones literarias y los ejemplares que se distribuían por el Plan Nacional de Lectura fueron discontinuados", señala el relevamiento. La misma suerte corrieron los planes de alfabetización para adultos, el Programa Nacional de Ajedrez y de apoyo a escuelas en situación de vulnerabilidad. En todos los casos además hay que considerar que ese desmantelamiento significó el despido masivo de los trabajadores que sostenían y hacían posible la materialización de esos proyectos.

   "La tendencia general es la desinversión por parte del Estado nacional y el pasar cada vez más la pelota a las provincias. Lo que estamos viendo es que las provincias más pobres son las más perjudicadas porque empiezan a abandonar esos programas de inclusión. Lo primero que tienen que garantizar es el salario y al tratar de hacer eso, sacrifican otras cuestiones que son importantes también", observa Duhalde y menciona que Formosa, San Juan, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza son algunas de las provincias en donde está sucediendo de ese modo.

   Sobre la situación local, Duhalde reconoce que Santa Fe está en mejores condiciones económicas y tiene además una decisión política de privilegiar la educación. "Es una de las provincias en las que más se ha recuperado el salario en los últimos años. En el '95 estaba en el puesto 17 y en estos últimos años llegó a estar en el 3º o 4º puesto a nivel nacional. Ha habido un proceso de crecimiento de la matrícula de estudiantes, de inclusión. Hay programas interesantes, más allá de que hay cosas que se pueden discutir, hay una política de inversión distinta a la de Nación".

   Sin embargo, las perspectivas para Duhalde no son alentadoras tras la firma del pacto fiscal que la mayoría de las provincias cerró con Nación. Según su mirada, se están condicionando las paritarias y en la práctica eso se traduce en un deterioro de la situación laboral que tiene además otro agravante: "La maestra que está precarizada trabaja con niños de familias que también se están precarizando, cuyos padres están siendo despedidos o que están teniendo salarios muy bajos".

   La condición de pobreza con la que llegan los estudiantes, las paritarias a la baja, el cierre de programas y el privilegio del pago de la deuda por sobre la inversión educativa no parecen cerrar en la ecuación para lograr la pretendida educación pública de calidad que dice querer el gobierno. Para que eso suceda, las decisiones políticas y presupuestarias deberían ser otras, sino el discurso, cuando se contrapone con los números de la economía real, sencillamente se desmorona.

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