Un reciente informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Iec - Conadu), advierte que "si se cumple el proyecto de ley propuesto por Cambiemos, los fondos asignados para el año que viene para las universidades mostrarán una caída real del 9,6 por ciento en relación a los establecidos en 2019".
El estudio de Conadu está disponible en internet (iec.conadu.org.ar) y recuerda que en este 2019 las transferencias estipuladas son de poco más de 143 mil millones, mientras que en 2020 serán de cerca de 210 mil millones. "Es decir, se observa un aumento del 46,7 por ciento en términos nominales. Sin embargo, ese aumento queda licuado porque la inflación no prevista de este año no fue compensada. En otros términos, para que el aumento del 2020 recuperara lo que se perdió este año, el aumento no debería ser de cerca del 47 sino de más del 62 por ciento".
"Por otra parte, las transferencias de capital (es decir, los fondos para infraestructura) caerán en un 9,3 por ciento, o sea, más de un 44 por ciento en términos reales considerando la inflación acumulada. Esto profundizará un proceso que se viene dando año a año: cada vez más, los fondos son solo para pagar salarios y gastos de funcionamiento, relegando la imprescindible mejora de las instalaciones", agrega el estudio.
Cuatro años de ajuste
"La inversión realizada por el Estado Nacional en las universidades nacionales cayó de 0,85 por ciento del PBI en 2015 a 0,76 por ciento en 2018", alerta Conadu.
De esta forma, la federación docente estima que según este proyecto de ley de presupuesto, en 2019 la participación de las universidades en el presupuesto descenderá a 0,66 por ciento "debido a los recortes de presupuesto y al efecto licuación del presupuesto y los salarios que genera la elevada inflación de esta administración". Y agrega: "El proyecto estima para 2020 el presupuesto universitario se mantendrá alrededor del 0,66 por ciento del PBI, ratificando la senda del ajuste. Este valor será más bajo aún considerando aún la incapacidad del gobierno para concretar sus propias previsiones macroeconómicas, en particular, la inflación, cuyos valores de 2019 tendrán un importante arrastre estadístico".
A modo de conclusiones, sostiene que "el presupuesto 2019 supone la continuidad de la política de ajuste iniciada en 2016, basado en el recorte de presupuesto para los programas educativos y el efecto de desfinanciamiento por inflación", y que "el análisis del presupuesto 2020 no puede omitir la consideración del resultado real del impacto inflacionario en 2019".