Educación

"A cada bala por la espalda, la escuela debe responder con más democracia"

Dirigentes de Amsafé, Sadop y organizaciones sociales alertan sobre las consecuencias del nuevo protocolo de seguridad.

Sábado 08 de Diciembre de 2018

El discurso punitivista sumó esta semana un nuevo capítulo al conocerse el nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra de área nacional, Patricia Bullrich, donde amplía el uso de las armas de fuego por parte de agentes de las fuerzas de seguridad y los autoriza a disparar sin dar la voz de alto. Cómo impacta la medida en el campo de la educación y qué hacer desde las escuelas.


La medida generó un amplio abanico de rechazo tanto en la Justicia como en organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos, quienes alertaron sobre la vulneración de derechos que implica la nueva reglamentación. Desde Ctera afirman que la norma significa "un retroceso para la democracia" y que viola pactos internacionales. Sadop Rosario propone ante esta avanzada convertir a cada alumno "en militante de los derechos". Y desde los movimientos sociales advierten: "Ahora todos estamos en riesgo con una policía que puede matarte por la espalda avalada por la ley".

"Para nosotros esa decisión del Ejecutivo publicada en el Boletín Oficial es un retroceso para la democracia, un retroceso en un período democrático y una vuelta al pasado que nos conecta con lo peor de nuestra historia", señala la titular de Amsafé provincial y de Ctera, Sonia Alesso. La dirigente del gremio docente destaca la gravedad de que las fuerzas de seguridad, como pasó con el caso del policía Luis Chocobar, "puedan disparar por la espalda".

Un caso emblemático

A modo de ejemplo, Alesso recuerda el caso de un joven asesinado hace muchos años en Rosario. Cuenta que el chico estaba jugando al fútbol con amigos cuando se le escapó la pelota a un baldío, un vecino hizo la denuncia por la presencia del chico en ese lugar. Cuando llegó la policía, un agente se trepó a un tapial y abrió fuego. Una de las balas dio en la cabeza del joven y lo mató.

"Yo pensaba en cuántos de estos hechos se van a repetir y lo que significa el incumplimiento de los derechos humanos. Creo que como sociedad tenemos que reaccionar, no podemos permitirlo", convoca la titular de Ctera. Y en este sentido expresa "el repudio más absoluto y el rechazo de Amsafé y de Ctera a esta decisión, que además viola todos los pactos de derechos humanos de los cuáles nuestro país es signatario y de las propias leyes argentinas".

El hecho que recuerda la dirigente del magisterio remite a los casos de gatillo fácil, que transcurrieron y transcurren en Rosario, y que movilizan a familiares, amigos y organizaciones sociales pidiendo justicia. Y que también interpelan a las instituciones del Estado por el pleno cumplimiento de los derechos.

"Amsafé y Ctera expresan el rechazo y repudio más absolutos a una decisión que viola pactos internacionales de derechos humanos"

Militantes de derechos

Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, hace notar que el proyecto de Bullrich "impacta de manera muy directa en la educación", porque "se está fomentando el avasallamiento del Estado de derecho".

"El Estado —sostiene Lucero— está poniendo arriba de la mesa la idea de que el monopolio del uso de la fuerza se pueda dar discrecionalmente. Y eso es totalmente contraeducativo respecto de lo que venimos formando desde la escuela. Porque es la negación del Estado, donde el poder del Estado se impone por sobre los ciudadanos y vale todo". Agrega que "desde el momento que te pueden disparar por la espalda sin dar la voz de alto la vida de los ciudadanos ha dejado de valer".

Frente a este escenario que se plantea desde el Estado nacional, el secretario general de Sadop Rosario propone fortalecer desde las escuelas la educación en derechos y garantías para los alumnos, así como la aprehensión e incorporación de derechos, a fin de "convertir a cada alumno en un militante de los derechos de la ciudadanía, de sus derechos y de los de sus semejantes".

"Cuando el Estado impone más autoritarismo, la escuela tiene que responder con más derechos, democracia y educación", dice Lucero. Y afirma: "Por cada bala por la espalda la escuela tiene que responder todos los días con más democracia en las aulas".

"Tenemos que convertir a cada alumno en un militante de los derechos de la ciudadanía, de sus derechos y de los de sus semejantes"

Organización y cuidados

Referente de la organización popular Causa, Facundo Peralta dice que la resolución sobre el uso de armas de fuego de agentes federales "va a profundizar una situación que ya existe de hecho, que es que los pibes y pibas, sobre todo de los barrios populares, están expuestos a ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad".

Peralta, integrante de un espacio con trabajo territorial con chicos y chicas de distintas barriadas populares de la ciudad, alerta que esta realidad "es algo que ya existe", pero que a partir de esta resolución "va a tomar un carácter más explícito y legal".

Como desafío de las organizaciones sociales, considera que la clave radica "en formarnos para organizarnos, actuar y pensarse más colectivamente y así poder tener la posibilidad de que tengan muchos más cuidado en lo que respecta a la vinculación con las fuerzas de seguridad, que están muy presentes en la vida de los pibes y pibas, porque es lo que más ven por parte del Estado en sus barrios". Entiende que la responsabilidad, tanto de las escuelas como de las organizaciones sociales, es la de trabajar con los pibes y pibas desde la promoción de sus derechos y ayudarlos a pensarse "como sujetos protagonistas de sus vidas", que permitan generar mecanismos colectivos para que los chicos y chicas puedan cuidarse. "Y alertarlos de esta nueva situación —agrega Peralta—, porque es una decisión que se toma muy a nivel superestructural del gobierno nacional, y los pibes y pibas muchas veces no tienen conciencia de lo que implica una resolución como esta".

Interpelar a la clase media

El referente de Causa insta además a las organizaciones sociales a interpelar "a los sectores de la clase media que justifican este tipo accionar por parte del Estado, un Estado que tiene licencia para matar".

El dirigente social cuestiona también ciertos discursos que se gestan a partir del debate sobre "la inseguridad". Y reafirma: "Tenemos que interpelar a la clase media para decirle muy claramente que acá estamos en riesgo todos, porque todos convivimos con las fuerzas de seguridad nacionales en nuestros territorios. Somos todos los que estamos en riesgo ante una fuerza de seguridad que tiene licencia para matar. Y esa licencia para matar constituye una orden política del gobierno nacional. Por eso hay que interpelar a la clase media desde el lugar de que estamos todos expuestos y que la vida de todos está en riesgo producto de esta modificación. La de los pibes tal vez un poco más, aunque ya estaban en riesgo antes. Ahora somos todos los que estamos en riesgo con una policía que puede reprimir explícitamente y matarte por la espalda avalados por la ley".


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