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William Godnick: "El desarme no apunta al criminal sino a atenuar la violencia social"

William Godnick es coordinador del programa de las Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe. Durante dos años hizo un trabajo de asesoría para la ex ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré.

Martes 25 de Marzo de 2014

William Godnick es coordinador del programa de las Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe. Durante dos años hizo un trabajo de asesoría para la ex ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré. La semana pasada estuvo en Rosario en el marco de un trabajo conjunto entre el Registro Nacional de Armas (Renar), la provincia y la Municipalidad de Rosario a propósito de la violencia social. "Me invitó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que se propone un control de armas. Toman en cuenta que la tasa de homicidios está llegando a 25 muertes cada 100 mil habitantes por año en Rosario y que el 80 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego, sin contar los actos violentos y criminales con armas de fuego en los que no hay muertos.".

—¿Qué se debe hacer para controlar la circulación de armas?

—Hay dos marcos de políticas públicas a adoptar. Uno son las medidas de control de armas que en un país federal compete a autoridades nacionales y locales. Aquí tenemos primero el control del comercio legal; segundo el combate al tráfico ilícito tanto policial como judicial; tercero es el control de las existencias tanto de la seguridad privada como de fuerzas públicas. Y por último la captación de las armas obsoletas y excedentes para su destrucción a fin de que no circulen.

—¿Cuál es el segundo marco?

—Las medidas para la reducción de la violencia armada. Lo que se quiere evitar son medidas informales y coercitivas: personas que responden por las suyas, armadas, a los problemas de seguridad. Los que persiguen para linchar a personas sospechadas de delitos, lo que no es algo muy difundido en Argentina como en países andinos como Bolivia y Perú, donde de modo espontáneo atacan en público a un ladrón. El Estado puede adoptar medidas de policía comunitaria, evitar que juventud, alcohol y armas de fuego se junten en la noche. Las políticas de desarme voluntarias son útiles hasta cierto punto. Es importante la mediación comunitaria, que no son acciones relativas a las armas sino de resolución de conflictos antes de que estallen. Y por último se deben involucrar a los actores de la salud pública: cada herido de bala implica un alto costo para el sistema de salud. Ese dinero aplicado a reparar la consecuencia del acto armado se lo podría destinar a la medicina preventiva. Involucrar a la comunidad médica, en lugares como este donde el médico es respetado en los barrios por su profesión, ayuda a orientar información objetiva sobre la violencia que debe colectar el Estado.

—¿A qué usuario debe apuntar una política de desarme?

—Un programa de desarme no se formula para los que se dedican al delito: los criminales no van a entregar sus armas. Pero de manera indirecta sí tiene impacto en el delito. Muchas veces los criminales comunes consiguen las armas robándolas de las casas. Si la gente que tiene armas en su casa y se deshace de ellas reduce la disponibilidad para los delincuentes. Los programas de desarme apuntan a atenuar la violencia social. Hay un análisis interesante de la ONU sobre Latinoamérica acerca de efectos de balas perdidas, donde la persona no fue baleada intencionalmente, pero murió o quedó gravemente herida. Monitoreamos 550 casos de Latinoamérica y el Caribe. Hubo 23 casos tomados de Argentina. De ellos sólo uno provenía de crimen organizado; cinco por disputas de bandas; tres de robos armados; tres en actos de violencia interpersonal; cinco casos de intervenciones legales; dos de disparos alegres por fiesta de año nuevo o partidos de fútbol. En seis casos no se determinaron motivaciones. Esto sugiere que la violencia que termina en homicidios o heridos graves por armas de fuego tiene una enorme diversidad de matices. Cada uno tiene su tratamiento. Nuestra conclusión es que por lo menos la mitad de esos 23 casos podrían ser evitables: la violencia de disparos alegres, la interpersonal y quizás algunos de los disparos legales.

—Cada vez que hay un homicidio con arma de fuego se lo asocia a hechos criminales. Pero a menudo las muertes son por conflictos de personas no ligadas al delito pero que tienen un arma a mano.

—Aquí en Rosario hay un claro aumento de muertes por crimen organizado. Pero es una fracción de todas las violencias letales, aunque es la que más preocupa a los medios y la que más distorsiones sobre el tema produce en la comunidad política. En Brasil hubo un proceso de desarme comunitario. Entre 2003 y 2005 recolectaron medio millón de armas. Con ello por primera vez en una generación lograron bajar la tasa de homicidios salvando 5 mil vidas por año entre 2005 y 2008. Nuestra hipótesis es que las vidas salvadas no son de personas ligadas al crimen organizado sino de todas esas violencias sociales coyunturales no ligadas al delito. Reducir esa violencia social produce un gran beneficio en otros ámbitos: supone un ahorro para el sistema de salud, descongestiona la Justicia Penal y, fundamental, evita el trauma psicosocial de los allegados a las víctimas, que amplifica la violencia. Además permite que la policía se ocupe menos del marido que mató a su mujer o a un vecino y se dedique al crimen organizado. Detrás de los homicidios hay violencias muy variadas y los programas de desarme deben definirse atendiendo a eso: según la posesión de las armas sea individual, comunitaria, del Estado. El crimen organizado, lo reitero, no se batalla con acciones de desarme sino con estrategias de inteligencia criminal y aplicación del sistema judicial. Pero todo depende del diagnóstico y eso obliga a tener una tipología de las violencias y no poner todo en una misma canasta: lo que sirve para atenuar un tipo de violencia puede no servir para otra.

—¿Cómo apuntar a estas violencias no criminales?

—Con varias cosas. Una es educar: si alguien tiene un arma legal debe saber cómo y dónde guardarla. Hay países donde el pediatra pregunta si hay un arma en casa y si la respuesta es positiva ofrece un protocolo estatal sobre cómo resguardar a los niños. Se trata siempre de actuar antes de tener que llamar a la policía. En las violencias interpersonales hay respuestas familiares que dar pero la familia tiene que ser advertida primero por trabajo social del Estado.

—La semana pasada dos jefes policiales de Rosario fueron procesados por perder una ametralladora. A menudo perder es un eufemismo por negociar un arma hacia la delincuencia. Los depósitos de armas policiales se perciben como nutrientes del mercado negro de armas. Y un diputado provincial acaba de denunciar que la policía santafesina pierde un arma cada dos días.

—Tiene que haber un doble mecanismo de seguridad para la regulación de las armas policiales: un control físico y otro informático. Una persona sola no puede sacar un artículo del arsenal, siempre debe haber dos para liberar un arma de peligrosidad. Hay mecanismos de rastreo mediante chips para las armas más sensibles. Soluciones tecnológicas hay, pero el control debe ser estricto. Es evidente que hay situaciones de corrupción pero se sabe que las policías pueden ser blancos de robo. Una buena gestión de arsenales minimiza las pérdidas. Es un trabajo de hormiga pero no es complicado: es una labor de inventario, archivo y control. El intento de regular el manejo de armas es valioso, pero requiere de prueba y error. Y el entorno político no da tiempo ni espacio para el error. La gran pregunta es cómo un político puede hacer el intento en un contexto donde la prensa y la política no perdonan el error. Por eso es importante un acuerdo de política pública al respecto.

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