Vuelven a posar la lupa sobre el rol de abogados que defienden narcocriminales

El diputado provincial del radicalismo Maximiliano Pullaro aseguró ayer que el Estado "debe investigar el patrimonio de los abogados que defienden a los narcocriminales". Las palabras del legislador están en sintonía con los dichos del gobernador Antonio Bonfatti, quien días atrás cargó contra los letrados que "son parte de las organizaciones delictivas".

"Si entendemos el fenómeno de la criminalidad organizada cómo un fenómeno complejo, y estoy convencido de que lo es, aparece como fundamental la necesidad de comenzar a visualizar quiénes y a través de qué mecanismos garantizan la impunidad de los integrantes de esas bandas delictivas y la posibilidad de que los bienes obtenidos ilegalmente puedan ser volcados al sistema económico formal", explicó Pullaro.

Al respecto, el diputado profundizó: "Respecto del quiénes, emerge como central el rol de los profesionales, fundamentalmente abogados y contadores, que asesoran en forma estable a esas bandas, de forma tal que para cualquier observador externo aparecen casi como parte de staff permanente de las mismas".

"Por supuesto que no estamos hablando de la defensa de un acusado de narcotráfico, derecho constitucional que todos debemos reivindicar y defender, sino del asesoramiento en el delito. Es decir: en la colaboración para darle a un delito un determinado formato técnico con el objeto de garantizar su efectiva comisión e impunidad. En esos casos, no estamos frente a una relación profesional-cliente sino ante una relación de complicidad, incluso en algunos casos de coautoría, que cómo tal debe ser perseguida por el Estado", profundizó el legislador.

Fue entonces cuando Pullaro enfatizó: "Hace años que vengo denunciando y solicitando que se preste mas atención a este fenómeno por la sencilla razón de que es imposible la existencia del narcotráfico sin la participación de esos personajes que deshonran su profesión. Por eso, celebro enormemente el debate que está comenzando a instalarse, que entiendo como un paso fundamental en la pelea del Estado de Derecho frente a la violencia y la muerte que pretende imponernos como regla la criminalidad organizada".

Recientemente, en el marco de la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico, el diputado hizo hincapié en la necesidad de "romper las estructuras de las redes delictivas, muchas veces asesoradas por estudio de abogados y contadores que se ponen al servicio de la ilegalidad".

"El Estado debe investigar el patrimonio de los abogados que defienden a narcocriminales. Basta con controlar la categoría de monotributo de los mismos, que no condice con su estilo de vida, y es allí donde también debemos poner nuestra mirada", indicó.

Por último, el diputado advirtió: "Quiero señalar la ausencia de límites de algunos profesionales, y con ello me refiero a la actitud de Paul Krupnik, abogado de (el sindicado narcotraficante)Carlos Ascaini, a quien denuncié por venta de droga y luego por amenazas. En la causa en la cual su defendido fue condenado por tenencia de arma de guerra, el profesional realizó un alegato de defensa que provocó que el magistrado, en su sentencia, solicite que se gire los antecedentes al tribunal de ética del Colegio de Abogados de Rosario a los fines de que evalúe la actuación del letrado".