Analizando los procesos judiciales —concluidos o vigentes— iniciados contra quienes ejercieron cargos públicos en los últimos treinta años, se observa que tienen preeminencia los de violaciones a los derechos humanos y a las arcas públicas (sin considerar la excepcionalidad de toda regla), enfocadas hacia los militares las primeras y hacia los civiles las segundas. Por el momento pareciera ser que no habrá impunidad para los militares, pero sí y mucha para los civiles. La Justicia claudica ante el poder temporal y la venalidad de algunos jueces. Si el Parlamento lo integraran ciudadanos dignos, que no se arrodillan ante el gobernante absolutista y reverencian al soberano (el pueblo), sería posible impedir las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Cuando ello suceda, la Justicia sin impurezas procesará a los funcionarios de ayer y hoy con impunidad por la protección dolosa del absolutista de turno. T también a los que sin ser militares violaron derechos humanos y a quienes desde posiciones privadas violaron la hacienda pública, como cómplices de funcionarios corruptos de ayer y hoy.

Emilio Zuccalá

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