Unas 500 personas marcharon ayer en Villa Constitución exigiendo el esclarecimiento del crimen de David Eduardo Vivas, el muchacho de 25 años que la mañana del domingo recibió un tiro en la cabeza disparado por un sargento en un oscuro episodio. En tanto, el juez de Instrucción Rubén Bissio ya recibió las filmaciones de las cámaras de seguridad comunitaria donde estaría registrado el trágico incidente, lo que servirá de prueba para poder determinar qué y cómo sucedió.

A las 11 de la mañana de ayer los familiares, amigos y allegados del joven obrero metalúrgico asesinado se reunieron en la plaza De la Constitución, frente a la sede de la Unidad Regional VI de policía. Allí los esperaron el jefe y subjefe de la repartición, los comisarios Juan Carlos Santos Aranda y Gerardo Ariel Baine, con quienes mantuvieron "un diálogo de sordos" ante los gritos de la gente exigiendo "justicia", "que no se oculten las pruebas" y que "entreguen al asesino". Junto a ellos estuvo el intendente Horacio Vaquié, concejales, dirigentes sociales y sindicales con quienes caminaron hasta los Tribunales, pero allí no fueron atendidos por nadie.

Gatillo fácil. Según la información policial, a las 7.15 del domingo un sargento y un suboficial en un móvil del Comando circulaban por avenida San Martín y al llegar a Entre Ríos vieron que un Ford Taunus amarillo sin patente giraba en "U" y chocaba un par de veces con un auto rojo estacionado. Entonces el sargento Víctor Hugo Giometti bajó del patrullero vestido de civil, abrió la puerta del Taunus del lado del conductor y mantuvo un forcejeo con Vivas, quien recibió un disparo en la cabeza que lo mató casi en el acto.

Sin emabrgo, hasta ayer el auto rojo chocado no había aparecido, el vehículo de la víctima no presentaba signos de colisión y el balazo entro por el lado derecho de la cabeza de Vivas cuando el policía lo habría atacado por la izquierda. Por todo eso la versión policial fue desestimada por la familia de Vivas, quien era padre de tres hijos. Su madre, Laura Palacios, dijo ayer en la marcha que "nada pasó como dice la policía".

Acerca de la causa judicial, el periodista Ariel Gómez recordó que "una ordenanza municipal sostiene que los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia no son de acceso público, por lo cual sólo el juez y las partes podrán verlos y no se podrán difundir". Esa es por ahora la principal prueba que tiene el juez, quien espera la presencia de testigos que echen más luz sobre un caso con todos los ingredientes de gatillo fácil.