La "profundización del modelo" marcha viento en popa. Además de todas las restricciones a la libertad de expresión y el comienzo del adoctrinamiento de los niños, en la faz económica se advierte una creciente intervención del Estado en las relaciones contractuales privadas. Nadie niega que el Estado, dentro de cierta medida, debe establecer regulaciones. El problema es cómo lo hace. Una cosa es establecer reglas generales, más o menos amplias, que fijen un marco para la actuación de las personas y las sociedades, y otra es tomar decisiones sobre la conducción de las empresas a través de funcionarios públicos. Hace unas semanas, un decreto -del que se enteró el CEO de YPF mediante el Boletín Oficial- prácticamente convirtió a todas las empresas petroleras en dependencias administrativas del Estado. Ahora, otro decreto, el 1.278/2012, relativo a los funcionarios que el Estado designa en numerosos directorios de empresas privadas, luego de que la Ansés se quedara con las participaciones accionarias que antes tenían las AFJP, introduce cambios significativos y muy lamentables en el régimen societario. Las personas designadas como representantes del Estado en esas empresas actuarán como funcionarios públicos, aún cumpliendo esa función. Es decir, no tendrán como norte de su gestión el interés de la sociedad, sino el del gobierno que les da instrucciones. Además, se les garantiza la impunidad, siempre y cuando actúen conforme a esas órdenes. En la misma línea, se le conceden al Estado privilegios en el acceso a la información de la sociedad que no tienen otros accionistas. Y, entre otros aspectos, se deroga el principio de la ley de sociedades que impedía ser directores a funcionarios públicos relacionados con el objeto social, hasta dos años luego del cese de sus funciones. Más intervención arbitraria, menos seguridad jurídica: la guerra contra las inversiones no se detiene.

Jorge R. Enríquez