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Venezuela prohíbe manifestaciones sin permiso

Crisis del modelo bolivariano. El gobierno podrá reprimir las protestas que no cuenten con aval previo. La oposición advirtió que hará valer su derecho constitucional.

Sábado 26 de Abril de 2014

La oposición venezolana rechazó ayer un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limita las manifestaciones pacíficas espontáneas, lo que dará luz verde a la policía para dispersar y reprimir cualquier protesta que no tenga un permiso de las autoridades. La Justicia venezolana determinó así que las personas que deseen manifestarse pacíficamente deberán pedir autorización a los gobiernos locales para evitar que las fuerzas del orden los dispersen, en medio de la peor ola de protestas antigubernamentales en más de una década en el país petrolero.

Dirigentes opositores advirtieron que el derecho a manifestar está consagrado en la Constitución y que la decisión no detendrá las expresiones de descontento popular. El fallo fue anunciado el jueves por el TSJ en medio de nuevas conversaciones entre el gobierno y la oposición para poner fin a las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que tienen más de dos meses y ya dejaron 41 muertos y cientos de heridos.

El TSJ dictaminó que la falta de autorización a las protestas limita de "forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica", el cual está previsto en la Carta Magna. Señaló que aunque la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a "manifestar pacíficamente y sin armas", recalcó que esa garantía "no es un derecho absoluto".

Marcha universitaria. El movimiento de estudiantes universitarios que encabeza las protestas advirtió que hará valer su derecho constitucional con una marcha en Caracas, aunque la alcaldía le niegue el permiso. El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, dijo que la decisión del TSJ empaña el diálogo iniciado con el gobierno, pues introduce elementos que obstaculizan posibles acuerdos. "El gobierno debe decidir si quiere ganar una guerra o quiere ganar la paz", dijo.

A su vez, el líder opositor Henrique Capriles señaló que todos los venezolanos, "incluso con esa sentencia TSJ, tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución y punto". "Mientras exista este caos y tantos problemas sin respuesta, nuestro pueblo seguirá en la calle protestando, con o sin TSJ", agregó en Twitter.

Por su lado, la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Provea advirtió sobre la consolidación de formas cada vez más autoritarias para ejercer la acción de gobierno. "En una decisión que demuestra el afianzamiento de la mentalidad represiva por parte de quienes dirigen las instituciones del Estado venezolano, la sala constitucional del TSJ suprimió las garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Carta Magna", dijo.

Los estudiantes rebeldes dijeron que mantienen en pie un llamado a una marcha convocada para hoy en Caracas, aún cuando el alcalde y dirigente oficialista, Jorge Rodríguez, se niegue a autorizarla. "Lo que buscamos es la libertad de expresarnos y decir cualquier zona de Caracas es nuestra", señaló el portavoz de los estudiantes, Francisco Márquez.

 

"No hay tantas cárceles". El partido Voluntad Popular del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López dijo que el gobierno no tiene capacidad para encarcelar a todos los que protestan. "No hay tantas cárceles en Venezuela como conciencias libres. Esta es una lucha justa. Mantengamos la fortaleza espiritual, la organización y la protesta pacífica firme e irreverente en las calles", dijo el vocero del grupo, el concejal Freddy Guevara.

En otra decisión presentada el jueves, el TSJ determinó que el alcalde del municipio capitalino de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, deberá evitar que haya obstáculos en las vías públicas de su jurisdicción, uno de los focos principales de las protestas. Dos alcaldes opositores perdieron sus puestos y fueron enviados a la cárcel luego de que el Tribunal determinó que no hicieron lo suficiente para sofocar las manifestaciones.

La fiscal general Luisa Ortega informó ayer que la protestas dejaron un saldo de 41 muertos y 710 heridos, mientras que de los 2.626 detenidos desde el 12 de febrero, 180 siguen presos, y de estos un 7 por ciento acreditó ser estudiante, grupo que lidera las manifestaciones.

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