Los ciudadanos ya no podrán comprar armas en Venezuela. El gobierno creó una ley que prohíbe a los particulares adquirir pistolas o munición. Solo el Ejército, la policía y las empresas de seguridad estarán autorizados para obtener las armas de la compañía nacional que fabrica e importa armamentos. La regulación generó escepticismo entre analistas y opositores que afirmaron que la mayoría de los millones de armas que circulan en Venezuela son ilegales, por lo que estimaron que la medida no tendrá mayor repercusión para reducir los altos índices de criminalidad. La medida, no obstante, trata de frenar la violencia que desangra las calles del país, donde cada dos horas se comete un homicidio. En septiembre de 2011, varias encuestas reflejaban que el 80 por ciento de los venezolanos considera la inseguridad ciudadana el problema más grave del país. Ahora, con la vista puesta en las elecciones de octubre, el gobierno del presidente Hugo Chávez, busca un último recurso para atajar la situación, después de que fracasaran hasta once planes diferentes que tenían idéntico objetivo.

Creciente delincuencia. El Observatorio Venezolano de la Violencia contabilizó un total de 136.000 personas asesinadas desde 1999. La impunidad, además, agrava el problema, ya que 90 por ciento de los casos no llega a juicio. Solo en 2011, hubo 17.336 homicidios.

El coordinador de la comisión de seguridad ciudadana del bloque opositor, Luis Izquiel, afirmó que el gobierno está "mal enfocado" al tratar el desarme porque esta resolución "va dirigida a las personas que portan legalmente armas de fuego... y resulta que esa es la minoría hoy en Venezuela". Agregó que según cifras que maneja la comisión parlamentaria de desarme, el gobierno solo tiene registrados "25.000 portes de armas", mientras que ya en 2010 circulaban en el país "10 millones de armas", de acuerdo a estimaciones de Amnistía Internacional. "Aquí los delincuentes no utilizan armas legales", dijo el analista al plantear que para combatir la creciente delincuencia "hay que ir es por esas armas que son millones". La oposición hizo de la inseguridad ciudadana un caballo de batalla. En 2011, siete gobernadores y el alcalde de Caracas firmaron un manifiesto para exigir soluciones.