Venado Tuerto.— La Junta de Seguridad Urbana evaluó el proyecto de instalación de un
sistema de monitoreo en zonas estratégicas de la ciudad a los fines de establecer un dispositivo
que permitiría controlar y advertir situaciones de inseguridad. No obstante el problema de fondo y
que generó profundos debates es su operatividad, marco regulatorio y financiamiento del proyecto
presentado por la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT), entre otros, para colocar cámaras
de seguridad comunitaria con monitoreo constante las 24 horas.
El secretario de Gobierno, Sergio Abel Druetta, dijo que “las
conclusiones son positivas porque comenzamos a debatir esta propuesta que se venía analizando desde
hace tiempo, con elementos faltantes y con intervenciones poco felices, dado lo apresurado en
definir cuestiones cuando aún no tenemos resueltos varios puntos”.
Próximas reuniones. Una ausencia notoria fue la de los consejeros de la Cooperativa
Eléctrica (en cuya sede se presentó una propuesta técnica un par de semanas atrás), quienes se
excusaron pero prometieron un encuentro hoy con el secretario de Gobierno. En tanto, la Junta de
Seguridad Urbana se reunirá nuevamente el próximo jueves en el Concejo.
Druetta informó que la instalación de videocámaras “aún no cuenta
a nivel provincial con una legislación regulatoria”, y confió que en el cónclave surgieron
distintas posturas, una de las cuales propuso dividir la Junta de Seguridad en equipos “para
comenzar a trabajar en una legislación local que sea punta de lanza”. Desde el Ejecutivo, se
tiene en claro que “indefectiblemente” deberá firmarse un acuerdo con el gobierno
provincial, considerando que “el poder de contralor para trabajar preventivamente lo tiene la
provincia, a través de la policía”.
No obstante, el monitoreo “sería un elemento más que sumaría en
prevención y persuasión”, y que eventualmente “puede ser utilizado como registro para
las investigaciones”, remarcó Druetta.
El rol de la provincia. Druetta llamó a manejar el tema “con cautela”,
al encuadrarse en “un marco jurídico” que debe regularlo. “El montaje del sistema
es lo más fácil de lograr, pero sostenerlo en el tiempo implica costos de funcionamiento, espacios
físicos de monitoreo y otros temas que no podemos definir hasta que no avancemos en charlas con la
provincia”.
En el debate, los miembros de la Junta coincidieron en que el control de
imágenes no debería ser exclusivo de la policía y, a partir de algunas experiencias, se comentó que
podría diseñarse un contralor conjunto que involucre a otras fuerzas comunitarias, como Tránsito,
Bomberos o Protección Civil, abonando a una mirada más amplia.
La Junta seguramente querrá definir, en próximos encuentros, el número
de cámaras con que podría lanzarse el sistema, y a partir de allí analizar el marco legal y
jurídico, sin soslayar la opinión decisiva del Ministerio de Seguridad provincial.
Marco jurídico. “La concreción del proyecto dependerá de varias cuestiones,
porque no podemos avanzar en colocar 4 cámaras sin tener un marco jurídico que regule el
funcionamiento, sin saber por qué o para qué. Más allá del anuncio debemos saber con cuántas
cámaras contaremos, con qué sistema, o el marco jurídico que no existe en la provincia”,
graficó Druetta, añadiendo que “la demora es lógica en función de la necesidad de un estudio
serio, comparativo con otras realidades del país”.
La Junta de Seguridad considera que por encima de la voluntad de sus
miembros y de las sugerencias, la potestad en el emplazamiento de videocámaras y monitores
pertenece a la esfera provincial, pese a las propuestas que ya acercaron empresas e
instituciones.
